Corrupción: el país cumple con los tratados, pero hace poco (Perfil)

En octubre de 2003, Kofi Annan ensayó una definición contundente: “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad”. Con esas palabras, el entonces titular de la Organización de las Naciones Unidas inauguró la presentación de la Uncac, la convención que el organismo aprobó en Viena para alentar a todos los países del mundo a luchar contra ese flagelo. La Argentina ratificó ese tratado en agosto de 2006 y, desde el punto de vista normativo, ha buscado desde entonces cumplir con esos requerimientos internacionales.

Sin embargo, más allá de las palabras, la implementación concreta de esas herramientas legales deja mucho que desear y es blanco de fuertes críticas. 

“En lo que respecta a la tipificación penal de las conductas disvaliosas insertas en la Uncac, en líneas generales, la Argentina cumple con la obligación de tomar las medidas legislativas para incluir en su ordenamiento jurídico tipos penales que condenen acciones como el soborno de funcionarios nacionales y extranjeros, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”, asegura la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en un extenso trabajo elaborado recientemente.

Nota reprobada. El diagnóstico parece auspicioso. Sin embargo, el mismo informe incluye inmediatamente después un análisis detallado de los puntos débiles de la Argentina a la hora de pasar a la acción en políticas anticorrupción.

Uno de los aspectos más negativos, según este trabajo, “se encuentra en la investigación y juzgamiento de los casos relacionados con corrupción en la esfera de las instituciones estatales; a nivel federal, se registran bajos índices de casos llevados a juicio oral y público y, como consecuencia de ello, escasos niveles de clarificación de hechos que involucran a funcionarios estatales y poca cantidad de condenas”.

El reciente fallo en la causa que investigó el contrabando de armas a Croacia y Ecuador durante el menemismo sirve como muestra: la causa se inició en 1995, incluyó 383 testigos desde que llegó a juicio oral en 2008 (más de 15 años después del presunto ilícito investigado), y la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 –que absolvió a Carlos Menem y al resto de los acusados–, recién llegó el 13 de agosto último.

El monitoreo de la ONU. El trabajo realizado por ACIJ fue solicitado por la ONU, que, como creadora de la convención que busca combatir la corrupción a nivel global, monitorea anualmente el trabajo que realizan los diferentes Estados que la han ratificado. 

Esta exigencia incluye también el punto de vista oficial, ya que el organismo internacional solicita además a cada país una autoevaluación de su trabajo en materia de lucha contra este tipo de delitos. 

La encargada de relevar la situación local por parte del Estado es la Oficina Anticorrupción (OA), que recibió en 2010 el requerimiento del organismo internacional. Esa dependencia elaboró una respuesta de más de 350 páginas en las que detalla, ante cada pregunta, todos los mecanismos y recursos formales con los que cuenta el Estado argentino para castigar la falta de transparencia y todas las convenciones y acuerdos que el país ha firmado en ese sentido. 

Nada dice esa autoevaluación, sin embargo, de los puntos grises y las falencias señaladas por otros observadores. “Ni el Código Penal argentino –informó, por ejemplo, ACIJ a la ONU– ni ninguna norma complementaria prevé la responsabilidad penal de empresas, sociedades, asociaciones civiles y/o fundaciones por los hechos ilícitos que pueden cometer. En lo que corresponde a la protección de testigos, peritos y denunciantes, no existe un plan específico en lo que respecta a delitos de corrupción. Y si bien la OA ha realizado un proyecto de ley que contempla estas falencias, el Poder Ejecutivo hasta el momento no lo ha enviado al Congreso para su tratamiento.” 

La autoevaluación realizada por la Oficina Anticorrupción tampoco habla de la lentitud con la que avanzan las pocas causas que logran llegar a la Justicia. 

“La situación que se ve acá no se observa en ningún otro lado: que un expediente judicial dure 15 o 16 años no sucede en ningún otro país de la región. No es que en otros países no exista impunidad; la hay, pero porque muchos fallos judiciales no conforman a mucha gente; sin embargo, no sucede que nunca se llegue al fallo”, aseguró a PERFIL Luis Villanueva, coordinador del programa de Acción Ciudadana y Lucha contra la Corrupción de ACIJ. 

“Las leyes existen –señaló–, pero no hay incentivos reales para que en casos de corrupción que involucran a funcionarios sean investigados, enjuiciados y que eso suceda en tiempos razonables.”

A la falta de celeridad en otros casos –como el de la ex ministra de Economía Felisa Miceli, que podría llegar a juicio oral el próximo año–, se suma la llamativa ruleta judicial que suele asignar los casos más polémicos a jueces cuesitonados como Norberto Oyarbide, en cuyas manos se encuentra el grueso de las causas que más preocupan a la Casa Rosada, como la investigación por las presuntas irregularidades en el programa Sueños Compartidos, destapada por el caso que involucra a Sergio Schoklender. 

Números. Según el último informe semestral de la Oficina Anticorrupción, además, el número de expedientes tramitados por ese organismo ha experimentado un descenso marcado desde el primer semestre de 2004 hasta hoy. 

Entre enero y julio de 2004, se registraron 701 denuncias por casos presuntos de corrupción, y esa cifra ha ido descendiendo a niveles exponenciales año tras año, hasta llegar a una cifra de 143 en el mismo período de 2011. 

En la primera mitad del año, además, se resolvieron 249 expedientes, de los cuales 166 fueron archivados o desestimados. Sólo el 16 por ciento fue derivado a la Justicia.

Por  Alfredo Ves Losada

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