Coronavirus en los manicomios: doble encierro y falta de cuidados

Se confirmó el primer caso de Covid-19 en un psiquiátrico: es en el Hospital Borda. El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) había alertado sobre la falta de insumos y cuidados allí. Distintos fallos judiciales resolvieron a favor de lxs trabajadores para que tengan elementos mínimos de seguridad. Desde ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) reclaman que “la salud mental deje de ocupar un lugar marginal en la política pública”. A diez años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental estos lugares no deberían existir. El doble encierro y la cuarentena sin fin. 

Fotos: FACEBOOK DESATE

El domingo a la noche llegó la confirmación: el coronavirus había pasado las fronteras que rodean a los manicomios en la Argentina. Un hombre internado en el servicio 21 del Hospital Borda, de la Ciudad de Buenos Aires, pasó a ser un paciente de Covid-19 positivo, según pudo confirmar LATFEM. El hombre fue trasladado al Hospital Penna y el personal del Borda que estuvo en contacto con él está licenciado, esperando los resultados del hisopado que se hicieron. Hasta el momento no había registro de casos en estos lugares que no deberían de existir, de acuerdo a la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657: este era el año en el que todos los hospitales psiquiátricos del país tenían que estar cerrados. Las organizaciones de derechos humanos y lxs trabajadores de la salud habían reclamado y alertado sobre la falta de protocolos, medidas de higiene y cuidados.

En espejo con lo que sucede con los geriátricos y las cárceles, basta que sople un viento fuerte para que la inmunidad de estos lugares se derrumbe. En Uruguay, el caso del Hospital Vilardebó, el único hospital psiquiátrico con referencia de pacientes agudos, es una muestra de lo que puede pasar si el coronavirus traspasa las fronteras de un manicomio si no se toman medidas de cuidado serias y la única alternativa es más encierro. Allí se confirmó el primer caso de Covid-19 el 5 de abril. Se trataba de un paciente psiquiátrico con síntomas respiratorios. La propagación siguió la vorágine del riesgo expandido: 25 casos en los primeros días que se duplicaron a la semana y los contagios siguen en ascenso. Es que las personas que viven bajo encierro psiquiátrico pueden quedarse estrictamente encerradas pero lxs trabajadores de la salud, trabajadores sociales, profesionales, personal de limpieza, cocina y un largo etcétera entran y salen de esos lugares como personal esencial. En el Hospital Moyano, por caso, trabajan mil personas apróximadamente. 

Las personas bajo encierro psiquiátrico son un grupo de alto riesgo ante el eventual contagio del Covid-19. En general, son mayores de 65 años, presentan patologías previas (diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias). Y, a la vez, consumen altas dosis de medicación psicofarmacológica. La mayoría de estos tratamientos van deteriorando su salud.

Al igual que ocurre con las villas, hasta el momento el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no adhirió a ninguna de las recomendaciones específicas del Ministerio de Salud de la Nación para hospitales psiquiátricos ni formuló protocolos propios para el Moyano y el Borda. El 20 de abril el Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental publicó un comunicado alertando de esta situación.

Los cuidados que se desplegaron para esta población son más frágiles que los contornos rígidos que marcan el ritmo de sus rutinas. En tiempos donde lavarse las manos es la esperanza de supervivencia, en las salas del Hospital Moyano, por ejemplo, no hay jabón, ni toallas descartables. Y hay servicios de internación que pueden pasar doce horas sin una limpieza en profundidad ya que el trabajo de limpieza se encuentra tercerizado en una empresa privada y el horario es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por lo tanto, las personas internadas pasan 12 horas en lugares en los que no hay limpieza ni ventilación adecuada. La lavandina nunca alcanza y el alcohol solo es para lxs trabajadores. 

A comienzos de abril, médicos y profesionales de la salud presentaron amparos por la ausencia de recursos mínimos para trabajar de manera segura. Fueron favorables y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires activó algunos recursos para lxs trabajadorxs pero muy poco para las usuarias.

Mariano Veiga es psicólogo y hace 9 años trabaja en el Moyano en uno de los servicios de internación. Además es secretario general adjunto Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano y uno de los profesionales que accionaron judicialmente. Es el único sindicato que forma parte del órgano de Revisión Nacional de Salud Mental. “Tendrían que darnos máscaras y barbijos y hasta ahora solo nos dieron barbijos. Están incumpliendo. Los materiales son malos y hay faltantes. Nos entregan por semana pero no son suficientes. Tenemos un barbijo quirúrgico cada seis horas cuando son para usarlos tres horas”, dice a LATFEM 

Tanto en el Hospital Borda como en el Moyano no reciben barbijos por parte del Estado, dependen de la buena voluntad de donaciones o de sus familias. Algunos servicios de internación, a través de donaciones de telas que recibieron, se pusieron a producir barbijos para lxs profesionales y tapabocas para las pacientes externadas que van a buscar medicación.  

Doble encierro en el Moyano

Elena está contenta. A diferencia de la mayoría de sus compañeras de pabellón, ella tiene celular y puede hablar con su hermano por videollamada. Hace dos años que vive en el Hospital Moyano y es la excepción: la mayoría de las 587 internadas como ella en el neuropsiquiátrico para mujeres más grande la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tiempos de pandemia dependen de la voluntad (y el bolsillo) de enfermerxs, trabajadores de la salud, profesionales y no profesionales con quienes tienen contacto diario. Son ellxs quienes les prestan sus teléfonos celulares para poder hablar o ver a sus familias. Desde que rige el aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina, las mujeres del Moyano viven un doble encierro. Si antes salían a dar una vuelta por Barracas, sacar plata del cajero o simplemente caminar por las calles un rato; ahora esos pequeños actos de autonomía y libertad están prohibidos. Viven un aislamiento, que a diferencia del resto de la población, no permite salidas excepcionales. Una pequeña minoría tiene visitas de sus familiares en el hall del Hospital, el resto depende del contacto virtual y telefónico en un predio que no tiene conexión wi-fi y las líneas de teléfono no funcionan. En una de las salas tienen un celular usado cuyo plan mensual pagan lxs trabajadores para que las internas puedan comunicarse con el exterior.  

Silvia Maltz es psicóloga y terapista ocupacional en el Hospital Moyano hace 11 años. Creó un dispositivo de comunicación y de lazos sociales que permite que las mujeres internadashagan radio: Desate. Ella asegura que “no se cumple con la Ley de Salud Mental y la lógica manicomial arma una pasividad que no es saludable”. Ella sigue yendo a grabar los microprogramas pero es la excepción. Casi no hay actividades sociales, culturales, ni asambleas. 

A la incomunicación, la falta de elementos de cuidado e higiene, se suma el déficil en cuidados de salud mental más allá de lo clínico y la suspensión de los acompañamientos terapeúticos. “Los tratamientos se redujeron a la intervención médico psiquiátrica farmacológica. Se suspendieron todos los abordajes psico sociales, los dispositivos grupales de inserción comunitaria, talleres, así como el ingreso de acompañantes terapéuticos y terapistas ocupacionales”, explica a LATFEM, Macarena Sabin Paz, Coordinadora del Equipo de Salud Mental del Centro de Estudios Legales Sociales (CELS). 

10 años de incumplimientos

Cuando se levanten las medidas de aislamiento, al menos, 12.035 personas en la Argentina seguirán encerradas en una cuarentena sin fin. Esa es la cantidad de usuarixs de salud mental distribuidxs en los 162 manicomios públicos y privados del país. Las personas pasan períodos mucho más prolongados que una cuarentena o cincuentena: un promedio de tiempo de encierro de 8,2 años, que aumenta a 12,5 en el sector público, según el Censo Nacional de Salud Mental de 2019. A esta población casi que les da igual la fase que atraviesan las provincias en las que están, el último número de sus documentos o la filmina que muestre el presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa. Este contexto excepcional duplica las fronteras que ya son bastante infranqueables: sin cuarentena, muchas de están incomunicadas, ya que solo el 41,6% puede realizar llamadas telefónicas.

La Ley Nacional de Salud Mental dispuso la sustitución del modelo manicomial por uno de salud mental comunitaria, que respete los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial y garantice su vida independiente y su inclusión social. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva más de dos décadas alertando sobre las consecuencias negativas que genera el encierro de las personas con discapacidad psicosocial en manicomios, e instando a los países a la sustitución definitiva de estos centros por una amplia gama de servicios en el ámbito de la comunidad, tales como viviendas asistidas y dispositivos de asistencia domiciliaria. La OMS sostiene que el abordaje comunitario de la salud mental tiene mejores efectos que la institucionalización en la salud de las personas, que asegura una mejor calidad de vida y que evita que estas sean sometidas a tratos crueles e inhumanos. No obstante, estos llamados han sido desoídos y nunca nadie hubiese pensado que llegaría una pandemia que impondría el encierro casi como forma de vida”, sostiene ACIJ en un comunicado. 

“Todavía el tema ocupa un lugar marginal en la política pública y son pocos los avances registrados en cuanto al cumplimiento de la ley. En primer lugar, se observa el mantenimiento del sistema manicomial. Hoy el Estado sigue teniendo como principal respuesta a las personas con un diagnóstico en el campo de la salud mental el encierro en hospitales psiquiátricos”, dice a LATFEM Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con discapacidad de ACIJ. 

—¿Y por qué siguen encerradas? ¿Por qué no se piensan alternativas?

—Gran cantidad de personas permanecen internadas en estos centros por razones sociales, ya sea porque precisan de un dispositivo comunitario que no existe, porque carecen de vivienda y el Estado no les brinda una solución habitacional porque tienen problemas asociados a la contención familiar, falta de recursos económicos o por la mera presencia de una discapacidad. El Estado no ha avanzado en este sentido para proveerles a las personas internadas en instituciones psiquiátricas los dispositivos que permitan su inclusión en la comunidad y, obviamente, el tratamiento de su salud de forma ambulatoria. El Estado Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires fueron condenados por la justicia en el año 2015 a crear dispositivos comunitarios y que permitan la externación de personas que se encuentran en condición de alta en los hospitales psiquiátricos y que siguen en ellos porque no existe un dispositivo que les permita su externación. Sin embargo, en el marco de esta causa, ninguna de las demandadas ha demostrado la creación de los dispositivos y la justicia les ha impuesto una multa de 1500 pesos por cada día que pasa sin que cumplan con la sentencia. 

—¿Cuál es el presupuesto que se le destina a la salud mental en Argentina?

—La Ley Nacional de Salud Mental establece que el 10 por ciento del Presupuesto Nacional de Salud que tiene que destinarse a salud mental y además, la ley establece que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiendan a adoptar el mismo criterio. Hoy no hay una desagregación clara de la información presupuestaria que permita conocer la totalidad del gasto destinado a salud mental pero si observamos algunas de las actividades que sí se relacionan directamente con salud mental en el marco del Estado Nacional, por ejemplo, que serían los recursos destinados a la Dirección Nacional de Salud Mental y a los hospitales monovalentes de salud mental dependientes del Estado Nacional, observamos que el presupuesto destinado no supera el 2 por ciento, o sea, se encuentra muy, muy lejano a la pauta del 10 por ciento. Y la mayor parte de este escaso porcentaje se destina al sostenimiento del modelo manicomial.

Ya se ha dicho: la pandemia acelera desigualdades y profundiza precariedades. En la conversación mediática se menciona a las villas con preocupación desde el progresismo, los noticieros televisivos se ocupan de los geriátricos y las cárceles fue tema de disputa desde todos los sectores políticos. Sin embargo, los psiquiátricos segregados en su naturaleza, parecen estar también totalmente invisibilizados durante la era coronavirus donde el tema salud mental está presente en formato de tips y autocuidado. Bárbara Kunicki es parte de la APUSSAM, la Asamblea de Usuarixs de Salud Mental. Ella reflexiona: “Esta pandemia es para que se den cuenta las personas entre comillas sanas lo que es vivir realmente encerrados”.