Apyme y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, presentaron una Guía para venderle al Estado. Empresarios que ya lo hacen cuentan su experiencia. Está todo arreglado de antemano”; “Es muy engorroso y burocrático”; “Piden cantidades enormes, no es para mí”, son algunos de los preconceptos que tienen los empresarios pyme a la hora de participar en una licitación pública o inscribirse como proveedor para venderle sus productos o servicios al Estado. Este es, aunque no menor, sólo uno de los obstáculos que impiden que las pymes accedan a un mercado, el de las compras públicas, que a nivel global representa hasta el 15% del PBI, y en la Argentina, según estimaciones de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), llegaría a un tercio del mismo.
“El empresario pyme cree que es difícil venderle al Estado, y muchas veces esto se debe a su falta de información sobre los mecanismos para hacerlo”, admite el titular de Apyme, Francisco Dos Reis, sin por eso soslayar que la informalidad con que se manejan las pymes -muchas de ellas con empleados en negro o en gris, y deudas previsionales e impositivas- es otro de los grandes escollos a la hora de hacer negocios con organismos públicos.
Sin embargo, algo está cambiando en el panorama de las compras públicas, especialmente a partir de la utilización de portales electrónicos de compras, que permiten publicar las ofertas y pedidos, así como los precios a los que se cierran las operaciones. Por otra parte, existe una importante normativa en materia de compras y contrataciones públicas, empezando por el Régimen de Contrataciones del Estado Nacional, la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública y la Ley 25.551 de Compre Trabajo Argentino, que otorgan ventajas a las empresas nacionales. Para facilitar la realización de negocios con el Estado, Apyme lanzó, junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una “Guía de Recursos para Negocios Transparentes”. Primeros pasos
En primer lugar, para informarse sobre las oportunidades de negocio con el Estado se puede recurrir al sitio www.argentinacompra.gov.ar, donde además figuran todos los proveedores de la Administración Pública Nacional, sus datos básicos, su condición de habilitación y sus antecedentes. Otra fuente de información es el Boletín Oficial (www.boletinoficial.gov.ar), las noticias y avisos de licitaciones públicas que aparecen en los medios de prensa, y a través de organizaciones no gubernamentales (como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), organizaciones de proveedores y empresariales (como Apyme).
Para participar en las compras y contrataciones públicas, las personas físicas y jurídicas (empresas, sociedades en formación y uniones transitorias de empresas) deben inscribirse en el SIPRO (Sistema de Proveedores del Estado), donde se les otorgará una clave y contraseña para operar. Además de algunos datos básicos como el número de CUIT y razón social, los oferentes deben presentar una declaración jurada donde aclaran que no están inhabilitados para contratar, y explicitar si poseen algún juicio con el Estado. Con la constancia de preinscripción, la empresa ya puede realizar su primera cotización ante el organismo contratante.
Tras la apertura de las ofertas, el organismo verifica la documentación probatoria solicitada, y una vez aprobada la misma, la empresa pasa de preinscripta a inscripta, y ya puede considerarse Proveedor de la Administración Pública Nacional. La presentación debe realizarse acompañada por el Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por la AFIP, y copia de los balances generales de cierre de ejercicio, firmadas por Contador Público Nacional y certificadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondientes a los dos últimos ejercicios anteriores a la fecha de presentación de la oferta.
Etapas de la licitación
El proceso de licitación en el Estado tiene numerosas etapas a cargo de distintos organismos, cuyas siglas suelen confundir a los proveedores desprevenidos y convertir un simple acto de compraventa en un laberinto kafkiano. Se inicia en la oficina, sector o departamento que requiere un bien o una prestación determinada (Unidades Ejecutoras de Programa, UEP), que es la encargada de verificar que el producto o servicio en cuestión esté incluido (o en su defecto, incluirlo) en el catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común, y así confeccionar el pedido.
Luego actúa la Unidad Operativa de Compras (UOC), encargada de llevar a cabo la gestión de los procedimientos de contrataciones dentro de cada Servicio Administrativo Financiero (SAF) de los organismos que se encuentran dentro del ámbito de la Administración Nacional. Para ello debe verificar que están reunidos todos los requisitos y además decide si pedirá la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para utilizar el sistema de control de precios testigos. En base a la presentación, será la encargada de definir el tipo de procedimiento de contratación y la modalidad por la que se llevará a cabo. El siguiente paso es elaborar el pliego de bases y condiciones para remitirlo a la SIGEN, luego realizar la convocatoria y dar publicidad a los pliegos.
Una vez presentadas las ofertas, se comparan y se remite la decisión a la autoridad correspondiente para que ésta resuelva la adjudicación y notifique al ganador y al resto de los oferentes. Por otra parte, una Comisión Evaluadora integrada por un integrante de la UOC, otro de la UEP y un tercer funcionario, emiten un dictamen no vinculante. En todos los casos, el SAF verifica que exista la partida presupuestaria para afrontar los gastos, y la Escribanía General de la Nación proporciona un escribano para presenciar el acto de apertura de ofertas.
Controles internos y externos
En el caso de bienes y servicios relacionados con tecnologías, también participa la Oficina Nacional de Tecnología Informática (www.onti.gov.ar), que elaboró una guía con los estándares tecnológicos para la Administración Pública, y la Dirección Nacional de Estandarización y Asistencia Técnica, que también emite su opinión profesional sobre el pliego.
A su vez, todo el proceso se rige bajo el control del órgano rector del sistema: la Oficina Nacional de Contrataciones, que participa en la elaboración del catálogo de bienes y servicios, recibe las órdenes de compra y tiene poder sancionatorio para quienes incumplan como proveedores, pudiendo incluso inhabilitarlos. Todos estos procesos están sujetos a controles normativos, y dentro de esta oficina funciona también la Dirección de Sistemas de Información y Transparencia, y la Dirección de Elaboración e Interpretación Normativa.
A esto se suma el control interno propio de la Administración Nacional de la Sindicatura General de la Nación, las Unidades de Auditoría Interna (UAI), los servicios jurídicos permanentes del Estado y la Procuración del Tesoro Nacional. Por último, existe otra posibilidad de control externo a través de la Auditoría General de la Nación.
Los organismos públicos utilizan básicamente cuatro sistemas para contratar: las licitaciones o concursos públicos (para montos de más de $ 300.000) que se difunden públicamente a través de los medios; las licitaciones o concursos privados (de $ 75.000 a $ 300.000), que se realizan por invitación a proveedores inscriptos; en tercer lugar la contratación directa (por montos de hasta $ 75.000), también por invitación; y el llamado “trámite simplificado” para montos inferiores a los $ 10.000.
Para asegurar la transparencia en cualquiera de estos sistemas de contratación, la Guía de Recursos para Negocios Transparentes presentada en Apyme recomienda a los organismos públicos:
4 Realizar los pliegos con datos claros y completos
4 Utilizar mecanismos consultivos para su elaboración y estimular la participación de áreas relacionadas con la transparencia y la lucha contra la corrupción
4 Maximizar la difusión de las licitaciones utilizando diferentes medios de comunicación, e invitar a las cámaras empresariales
4 Publicitar los actos de apertura para que todos los interesados tengan acceso al momento de realizarse
4 Informar sobre la existencia de reclamos y denuncias
4 Capacitar a los agentes públicos, así como a los proveedores en los procedimientos de contrataciones de bienes y servicios; y desarrollar mecanismos que permitan detectar y sancionar las infracciones en forma efectiva.
En cuanto al sector privado, la guía recomienda:
4 Confeccionar herramientas como Balance Social, Código de Ética y Auditorías, para involucrar a los empleados, clientes y proveedores en los lineamientos de transparencia y responsabilidad social
4 Desarrollar canales de comunicación y de denuncias.
La transparencia en los negocios con el Estado no sólo beneficia a las empresas, sino a la sociedad en su conjunto. Es por esto que toda persona que tome conocimiento de irregularidades debe denunciarlas.
Fuente: Diario El Cronista Comercial