Una controversia en torno a un tribunal considerado clave para el mundo empresarial y de negocios derivó en un pedido de cautelar para impugnar a los candidatos que quedaron en el umbral de recibir su acuerdo del Senado para ser designados formalmente. La ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó un amparo para que se declare la “inconstitucionalidad” de tres pliegos enviados por el Poder Ejecutivo bajo el argumento de que los postulantes no fueron elegidos de las ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura, sino de las listas complementarias de esos concursos, lo que vulneraría el proceso de designación de jueces. De fondo, subyace un tironeo para un tribunal que es estratégico porque será el que dirima como instancia definitoria cualquier conflicto surgido de fusiones, adquisiciones, posición dominante, cartelización, monopolio y otros delicados asuntos vinculados a la competencia empresarial, de amplio espectro. De tres vacantes, solo se enviaron dos postulantes y una de ellas era María Laura Manín, funcionaria cercana al ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro. Pero la presentación judicial impacta también en el destino del juzgado de primera instancia Contencioso Administrativo Federal N°7 respecto al postulante Juan Rafael Stinco; y en el juzgado Civil y Comercial Federal N°6, donde iba a recalar María Stupenengo.
Desde enero de 2021 que Ámbito anticipó cuáles iban a ser los nombres escogidos para inaugurar la sala especial que fue creada para dirimir los conflictos de competencia. A lo largo de estos años, integrantes de ese concurso, ternados o en listas complementarias fueron escogidos para otros concursos donde habían participado, de manera de permitir el ascenso desde la lista complementaria. Finalmente, el Poder Ejecutivo con la firma de Alberto Fernández remitió a mitad de año los nombres de Manin y de Humberto Guardia Mendonca, exvicepresidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y a quien nadie discute. Recibe apoyos múltiples para integrar el futuro tribunal que van desde la política, la justicia y las principales empresas. Sin embargo, mientras todas las miradas se dirigían a la implosión de Juntos por el Cambio luego de las elecciones, la Comisión de Acuerdos del Senado llevó adelante la audiencia con Manín y firmó el dictamen de aprobación de su pliego ese mismo día. El oficialismo demostró que es un tema de interés al que le puso proa, aunque sin fecha agendada para lograr la aprobación en el recinto. Existe un problema: como se trata de un tribunal nuevo, no sería posible ponerlo en funciones a menos que los tres ocupantes estén designados formalmente y que la Corte Suprema apruebe su puesta en funcionamiento que, en los papeles, estaría dentro de la órbita de la Cámara Civil y Comercial Federal. En el terreno de la especulación aparece que se los intente hacer jugar como subrogantes dentro de ese fuero.
El amparo de ACIJ que busca frenar todo con una medida de no innovar recayó en el juzgado Contencioso Administrativo Federal a cargo de Santiago Carrillo. Pero no es el único. Queda radicado allí porque otras participantes del Concurso N° 324 habían radicado otro amparo pero dirigido contra Stinco, por su elección para el juzgado contencioso. Más allá que le objetan al juez estar primero en la lista complementaria y dejar atrás a otros 13 postulantes, el otro flanco al que apuntan es que en marzo de 2021 fue nombrado en un juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial Federal lo que, según argumentan basados en el reglamento, lo hubiese obligado a abandonar sus aspiraciones al otro concurso para el que había quedado en la lista complementaria. En el fondo, el reproche es por su pasado y porque le adjudican vínculos con el gobernador de la provincia Axel Kicillof. Stinco es el que quedó en posición más incomoda por recibir cuestionamientos en varios frentes. Y Carrillo deberá definir que postura adopta para un eventual colega de fuero, en medio de un tembladeral donde la agenda judicial quedó en un impasse, a excepción de este tema que avanza por debajo del radar.
Para los demandantes, de convalidarse los nombramientos a través de este mecanismo de selección se estaría desvirtuando el requisito constitucional de las “ternas vinculantes” elevadas por el Consejo de la Magistratura para elección del Ejecutivo. Desde este prisma, solo podría recurrirse a la lista complementaria de quedar desiertas las ternas. De otro modo, los postulantes deberían provenir de alguna previamente diagramada por el Consejo y no se podría “rellenar” los huecos con la complementaria. Es probable que si se fuerza un escenario sea otro asunto que termine escalando a la Corte. Lo cierto es que todos los cargos en juego son estratégicos.
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