Asociaciones de usuarios solicitaron la realización de una audiencia pública ante la inminencia de la suscripción del contrato de concesión con AySA

Regulará aspectos importantes de la prestación del servicio público (en cuanto a las obligaciones de la concesionaria y calidad de los servicios) y acerca de la expansión de las redes de agua potable y desagües cloacales, que repercuten directamente en los derechos e intereses de los usuarios actuales y potenciales.
Luego del impacto público que generó la rescisión del contrato de concesión de Aguas Argentinas S.A. y las circunstancias que motivaron esa decisión pública (específicamente, la deficitaria gestión de los servicios públicos y las constantes violaciones al derecho humano al agua ocasionadas por la empresa), sucedió una vasta actividad institucional en su gestión y regulación. En forma inmediata a la rescisión se creó la empresa AySA S.A. para que gestionara el servicio. Ambas medidas –la rescisión y la creación de la empresa estatal- fueron ratificadas por el Honorable Congreso Nacional. Entre diciembre de 2006 y febrero de 2007, el Poder Legislativo aprobó el proyecto de ley de marco regulatorio de agua potable y saneamiento enviado por el Poder Ejecutivo. Por último, en junio de 2007, se dictó el decreto reglamentario de la ley. Finalmente, en el marco jurídico se prevé que durante el mes de agosto debería aprobarse el modelo de contrato de concesión para su posterior suscripción con la empresa.

A pesar de la movilización social que genera el tema, durante todo el proceso de elaboración, deliberación y adopción de las normas regulatorias, que involucran el derecho humano al agua, se omitió instrumentar, con carácter previo, mecanismos de consulta y participación de los usuarios para asegurar su intervención directa en una decisión pública de trascendencia.