15.07.20 // Destacadas (medios)

ARGENTINA: ‘Debemos impedir el intento de volver a las injusticias de la pre-pandemia’

CIVICUS – Entrevistas 15 Julio 2020

CIVICUS conversa sobre la crisis del COVID-19 y las respuestas de la sociedad civil con Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos y al fortalecimiento de la democracia en Argentina. Fundada en 2002, ACIJ tiene por objetivos defender la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los principios del estado de derecho, promover el cumplimiento de las leyes que protegen a los grupos desaventajados y la erradicación de toda práctica discriminatoria, y contribuir al desarrollo de prácticas de democracia participativa y deliberativa.

Sebastien Argentina

¿Qué impactos ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre los derechos de los y las argentinas?

Sin perjuicio de los buenos resultados en términos sanitarios de las medidas de aislamiento, la pandemia ha golpeado muy especialmente a las poblaciones más vulnerables. Por citar solo algunos ejemplos, sobre las y los habitantes de asentamientos informales ha recaído en una proporción significativamente superior el impacto de los contagios. Los adultos mayores institucionalizados también han sufrido la pandemia de un modo particularmente cruel, y a ello se suma el presumible aumento de casos de violencia doméstica asociado al encierro.

El hecho de que se les pida “quedate en casa” a quienes no encuentran satisfecho su derecho a una vivienda adecuada resulta una muestra clara de la brecha entre las promesas constitucionales y la realidad, así como de la interrelación entre el derecho a la salud y otros derechos fundamentales. Sobre este punto justamente, a mediados de marzo, cuando recién comenzaba la cuarentena obligatoria, junto con otras OSC presentamos una nota al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires advirtiendo la falta de políticas públicas adecuadas para las personas que viven en situación de calle, un grupo especialmente vulnerable ante la pandemia. Si bien el Gobierno de la Ciudad anunció medidas para mitigar la propagación del COVID-19, las acciones están principalmente orientadas al control de la circulación de esta población, pero ninguna garantiza su acceso a condiciones adecuadas de higiene y salud. Las causas que llevan a la situación de calle son estructurales y están relacionadas con la falta de políticas públicas que garanticen a todas las personas acceder a una vivienda digna. Las acciones que se adopten en esta emergencia deberían ser un punto de partida para construir una política a largo plazo que revierta la precariedad en que viven miles de personas en la ciudad.

Más en general, la iniciativa multisectorial Habitar Argentina ha reclamado en el contexto de la pandemia la implementación de una política nacional de emergencia en materia de hábitat, que apunte no solamente a mejorar las condiciones de las personas que ya se encuentran en situación de calle, sino que incluya también la suspensión -por seis meses o hasta que se haya superado la pandemia- de todos los desalojos y ejecuciones judiciales que puedan producir mayor número de personas en situación de calle o empeorar sus condiciones sanitarias; así como políticas específicas para familias que alquilan, tienen hipotecas o habitan en viviendas precarias. También reclama la implementación de mecanismos de protección para mujeres, niños, niñas, adolescentes y minorías sexuales o disidencias de género que se encuentren en situación de violencia en cualquier tipo de hogar y territorio.

¿Qué obstáculos ha enfrentado ACIJ para continuar funcionando en este contexto, y cómo los ha superado?

El mayor obstáculo se relaciona con las medidas de aislamiento y la consecuente imposibilidad de mantener, en las mismas condiciones, nuestra presencia territorial en las comunidades con las que trabajamos. Ello nos ha llevado a tener que redoblar nuestros esfuerzos para seguir en contacto -virtual o con presencias esporádicas autorizadas- con líderes y lideresas comunitarias, e impulsar acciones tendientes a brindar la protección especial requerida por el contexto.

Así, por ejemplo, junto con la Fundación Huésped y TECHO organizamos una serie de capacitaciones destinadas a referentes populares, que históricamente han sido claves en las redes de contención en sus barrios. A partir del 5 de junio tuvimos cinco encuentros destinados a brindarles información sobre medidas de prevención frente al COVID-19 y a otras enfermedades presentes en los barrios, información legal en el marco del aislamiento social obligatorio, orientación en caso de violencia institucional y/o de género y medidas de prevención para comedores comunitarios y ollas populares, y a darles a conocer los programas de asistencia estatal que surgieron en el marco de la pandemia. De los encuentros participaron más de 90 referentes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba y Tucumán.

También se desarrollaron un asistente virtual con información específica para responder a las consultas de los habitantes de los barrios populares y una serie de piezas de comunicación que fueron distribuidas a través de los grupos WhatsApp y Facebook de las comunidades.

¿Qué otras acciones han emprendido para defender los derechos afectados bajo la pandemia, y qué logros han conseguido?

Entre las acciones más relevantes que llevamos adelante durante estos meses, cabe destacar las siguientes.

En primer lugar, respecto de los habitantes de villas y asentamientos, impulsamos un protocolo especial de actuación frente al COVID-19, la creación de una plataforma web que georreferencia recursos y permite detectar las urgencias de dicha población, y una medida judicial para brindar acceso a internet gratuito por parte del Estado mientras duren las medidas de aislamiento.

Este avance en materia de acceso a internet fue una respuesta a una demanda que iniciamos junto con otras OSC, con el objeto de posibilitar la continuidad pedagógica del conjunto de estudiantes en el marco de las medidas de educación a distancia dispuestas durante la emergencia. La medida cautelar dictada a principios de junio obligó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a entregar a todos los estudiantes que concurren a establecimientos educativos de gestión pública o de gestión privada con cuota cero y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social (beneficiarios de planes, becas, subsidios o programas sociales de la ciudad o del Estado nacional, o residentes en villas), un dispositivo informático adecuado (computadora portátil, notebook o tablet) para acceder a internet y realizar las tareas escolares de modo de garantizar su continuidad pedagógica. Asimismo, el gobierno está obligado a instalar en todas las villas de la ciudad equipos tecnológicos de transmisión de internet inalámbrica, similares a los que actualmente mantiene en plazas y espacios públicos, en cantidad y ubicación suficiente como para brindar un estándar mínimo de conectividad inalámbrica libre. En caso de que existan impedimentos técnicos para ello, el gobierno local deberá entregar un dispositivo móvil con línea de datos que permita el acceso a internet a cada grupo familiar integrado por niños, niñas y/o adolescentes que concurren a establecimientos educativos de nivel primario.

Esta medida es fundamental porque no solamente busca revertir la desigualdad existente en materia de acceso a equipamiento educativo, sino que también reconoce el acceso a internet como un derecho fundamental que resulta instrumental -y en este contexto imprescindible- para el ejercicio de otros derechos como la educación, la salud, la información o el acceso a la justicia.

Segundo, respecto de las personas con discapacidad, entre otras cosas denunciamos la reducción de la cobertura de los apoyos, realizamos una campaña para mostrar los efectos del encierro sobre las personas internadas en manicomios, y lanzamos una plataforma web para canalizar el acceso a derechos.

La plataforma discapacidadyderechos.org.ar fue lanzada a principios de julio y busca ayudar a las personas con discapacidad a exigir el cumplimiento de sus derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vida independiente y a la protección social. La plataforma centraliza información relativa a los derechos, las prestaciones y servicios que reconoce la normativa vigente; las vías existentes para reclamar en casos de incumplimiento de obras sociales, empresas de medicina prepaga y del Estado; y los lugares a los que se puede acudir para recibir asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito. La página cuenta con un total de 120 modelos de documentos tales como notas administrativas y cartas documento que cada persona puede adaptar a su situación. Además, dispone de una sección específica que brinda información sobre los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la pandemia del COVID-19.

Cabe subrayar que el proceso de desarrollo del sitio incluyó instancias de participación de personas con discapacidad y sus familiares, quienes probaron la plataforma e hicieron sugerencias para su mejora, y contó asimismo con el asesoramiento de especialistas en materia de accesibilidad y usabilidad digital.

Tercero, para colectivos vulnerables en general, creamos junto a un grupo de instituciones académicas y de la sociedad civil una iniciativa de difusión de información legal para clarificar los alcances e impactos de la normativa de emergencia y contribuir al empoderamiento jurídico de diversos grupos desaventajados, e impulsamos un posicionamiento regional para alertar sobre el rol de la justicia frente a la crisis. También elaboramos un documento con información clave para revertir injusticias en materia tributaria y contribuir a una política fiscal respetuosa de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de pandemia.

¿Cuál dirías que ha sido la clave de la obtención de estos logros?

Creo que los logros obtenidos durante este contexto se explican fundamentalmente por la articulación de tres variables: en primer lugar, la totalidad del equipo de ACIJ se mostró especialmente movilizado por la necesidad de realizar una contribución significativa desde nuestro rol institucional, y adoptó la flexibilidad necesaria para reaccionar a la crisis de un modo adecuado. En segundo lugar, nuestra cercanía histórica con las comunidades y grupos afectados en relación con las temáticas en que trabajamos fue clave para conocer en primera persona los obstáculos que están enfrentando las personas en situación de vulnerabilidad para acceder a sus derechos. Finalmente, la combinación de estrategias de incidencia en las políticas públicas, judicialización de conflictos colectivos y empoderamiento comunitario redundó en impactos de mayor envergadura que los que se hubieran obtenido en ausencia de esta articulación de estrategias.

¿Qué rol debería tener la sociedad civil en la salida de la pandemia y en la construcción de una mejor “nueva normalidad” post-pandémica?

Lo primero que debe hacer la sociedad civil en este contexto es exhibir con mucha claridad las injusticias de aquel mundo que teníamos antes de la pandemia: la desigualdad política como estructurante de democracias de baja calidad; la desigualdad económica como estructurante de las vulneraciones de derechos económicos, sociales y culturales; y un modelo de producción de los bienes y de organización de los territorios que resultaba insostenible desde el punto de vista ambiental.

Teniendo en cuenta que la pandemia ha profundizado las desigualdades preexistentes y generado mayores impactos en las personas de más bajos ingresos, la prioridad actual debe ser el fortalecimiento de los sistemas públicos de protección y promoción de los derechos humanos de los grupos más afectados por la pandemia. En este contexto, es fundamental garantizar los recursos para financiar políticas sanitarias y de protección social adecuadas. De ahí que, junto con otras OSC de la región, hayamos producido una declaración para instar a los estados a implementar mecanismos para lograr un sistema tributario globalmente progresivo; evaluar las exenciones tributarias existentes para determinar cuáles deberían eliminarse por ser injustificadas e inequitativas; acordar la no aprobación de nuevos privilegios fiscales, salvo en casos urgentes y de efectividad comprobada y preferiblemente en beneficio de las poblaciones vulnerables y pequeñas empresas; y reformar y racionalizar el proceso de aprobación y revisión de los gastos tributarios, aumentando la transparencia, identificando beneficiarios/as, incluyendo evaluaciones de impacto, y sujetándolos a un escrutinio independiente.

Es fundamental que la sociedad civil ayude a imaginar nuevos rumbos: el momento de crisis es también un contexto de oportunidad para estimular nuestra capacidad de idear modos distintos de relacionarnos como comunidad política, y nuevos valores para la reconstrucción de sociedades más justas.

Finalmente, deberemos acompañar a quienes más dificultades tendrán para encontrar estrategias de supervivencia y satisfacer sus necesidades básicas, al mismo tiempo que buscamos espacios de participación para hacer escuchar nuestras voces en los ámbitos de toma de decisiones públicas y hacemos frente a los previsibles intentos de retomar, en la etapa post-pandémica, las injusticias y privilegios propios de la era anterior.

El espacio cívico en Argentina es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.
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