Dos años después de la creación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, se concretó el acuerdo para que esa organización trabajara junto a la Fundación Defensores del Chaco. Así se asentaron los profesionales del derecho en la calle Varvello al 4800 (Paso del Rey) conformando el Centro de Apoyo Legal Comunitario. La abogada Daniela Lovisolo entrega un diagnóstico del primer año de trabjao en nuestro distrito: “Uno de los objetivos principales es tratar que la justicia de la gente que vive en esta zona, y en todo Moreno, sea más amplia. Fundamentalmente, la especialización que tenemos es en servicios públicos que de acuerdo a los relevamientos efectuados, es una de las carencias más importantes que encontramos aquí”.
En materia de servicios públicos, siendo esa la especialización, ¿cuál es la demanda más fuerte que han recibido?
Demandas vinculadas con transporte, educación, salud, agua, cloacas, gas, luz, teléfonos, recolección de residuos, acceso a la justicia también. Los casos que tienen que ir a la administración o al municipio los llevamos, lo mismo con el Juzgado de Paz y los casos que recibimos que no están vinculados con este objetivo son derivados a otras administraciones que trabajan aquí. El proyecto también apuesta a la educación, con la difusión de derechos, la capacitación de los líderes comunitarios y de la gente de los barrios.
¿Qué saben los vecinos de sus derechos?
Muy poco, por eso decía que no sólo aspiramos a presentar nuestras herramientas que son las jurídicas y actuar con las organizaciones para tratar que la vida cotidiana sea un poco mejor en Moreno.
Por ley, uno entiende que al ciudadano le asisten ciertos derechos. Ahora, el Estado en materia de servicios públicos privatizados tiene un entramado jurídico que hace casi imposible que el mismísimo Estado pueda defenderlos.
Uno de los grandes problemas de los servicios públicos es ese, porque toda la normativa que los regula es muy complicada y no se dan a conocer. Es un trabajo bastante difícil, pero trabajamos en la información, tratar de hacer que los contenidos de las normas, de los marcos regulatorios de los servicios públicos sean accesibles para todos y puedan discutirse en un lenguaje cotidiano. No tenemos ninguna vinculación, específicamente en Moreno ni en Capital, con los poderes del Estado.
¿Tuvieron respuestas de las autoridades municipales?
Debo decirte que el trabajo con la administración pública siempre es complejo, porque siempre es difícil conseguir información, ya que tardan mucho en contestar las notas que se les presentan. De cualquier manera, la persistencia siempre gana y parece que algunas muestras de eso tuvimos el año pasado, ya que logramos junto a las organizaciones que participan en el tema del transporte, que La Perlita no cobre más el carnet que salía 3 pesos. El camino es largo y las autoridades juegan con esto de que la gente no está informada y no sabe reclamar.
El Centro Legal y Comunitario, extensión de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), continúa su trabajo allí en Paso del Rey. Espera consultas, ofrece un servicio legal gratuito y propone educarnos para saber exigir, demandar a un Estado que no contiene, desinforma y que en algunos casos hace abuso de poder.
ACIJ envió notas al intendente Arregui, al Secretario de Gobierno Marcelo Gradín y a la empresa La Perlita, exigiendo que se respete la gratuidad del carnet estudiantil, de acuerdo a la ley nº10695/88.
Por Rubén Bustamante