En noviembre del año pasado, un fallo de los jueces Juan Fégoli, Juan Rodríguez Basavilbaso y Raúl Madueño advirtieron la necesidad de que, para resolver ese tipo de cuestiones, conviene contar con la opinión de los imputados y del representante del Ministerio Público Fiscal, relacionada con la oportunidad y extensión de la información a suministrar, con el objeto de “resguardar el fin de descubrimiento de la verdad que persigue el proceso penal”, destacó el CIJ.
En el caso, los magistrados anularon una resolución de la Sala II de la Cámara Federal porteña, que autorizó a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y al Centro de Investigaciones y Prevención contra la Criminalidad Económica (CIPCE) a tomar vista de un expediente. Ello, porque consideraron que si bien se corrió vista a los imputados, quienes se habían negado a que aquellas entidades tengan acceso a las actuaciones, aún faltaba dar intervención al fiscal.
En el caso de CIPCE, por ejemplo, la ONG se involucró de lleno en el caso del petit hotel de María Julia.