“No podemos acordar nada mientras haya una demanda judicial para demoler”, dice Amalia Ayma, delegada de la Villa 31 bis, y abre una fisura en el principio de acuerdo al que arribó la gestión de Mauricio Macri con algunos referentes de ese barrio de Retiro. Amalia pertenece al grupo de vecinos nucleados en la Mesa por la Urbanización y Radicación de la Villa 31 y 31 bis, una organización multisectorial que esta semana presentó un petitorio al gobierno de la Ciudad y al de la Nación, para que se inicie una negociación “en el marco de la causa judicial”, donde se dirime el conflicto. “Y si no tenemos respuestas, vamos a volver a los cortes –advierte Amalia–. Ellos no son quienes para decidir que no va a haber más protestas.” La reunión entre el gobierno y los referentes de la villa logró frenar una presunta convocatoria a cortes que había sido lanzada desde una radio de la 31. Sin embargo, el gobierno porteño no renuncia a la pretensión de demoler las viviendas de altura que estarían en riesgo de derrumbe: “Nuestra idea es una demolición ordenada, sin conflicto social, con relocalización de unas 4000 familias”, dijo a este diario el jefe de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Fabián Rodríguez Simón.
El funcionario reveló en la reunión del lunes, ante el estupor de algunos de los representantes villeros, cómo hizo el gobierno de la ciudad para deducir que las viviendas en cuestión se están por derrumbar: “Fueron arquitectos disfrazados de fumigadores y, mientras desratizaban, tomaban fotos de las casas y sacaban muestras de suelo”, relató. A partir de esos datos, según Rodríguez Simón, el Consejo Argentino de Ingenieros dictaminó que “hay 600 casas en riesgo de derrumbe”.
Los vecinos de la Mesa por la Urbanización de la Villa sostienen que algunos de los convocados a la reunión son “amigos o empleados del gobierno”. “No representan a la totalidad”, advierte Amalia, integrante de la Mesa, la organización que el miércoles pasado protagonizó el corte de la autopista Illia. En la organización, además de representantes vecinales, participan la Facultad de Arquitectura de la UBA, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y representantes de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, entre otras organizaciones.
La protesta se había iniciado como respuesta a la demanda judicial que la Ciudad inició contra Nación para que frene la construcción en altura en la villa y para que demuela las construcciones en situación de riesgo. La Nación argumentó que, aunque los terrenos son de su propiedad, no tiene atribuciones para hacerlo, ya que el poder de control de construcciones es de la ciudad.
En el medio de esa disputa quedaron los habitantes del barrio. “No nos pueden enjuiciar sin que nos dejen defendernos”, dice Mónica Bustamante, delegada de la manzana 1 de la 31 bis. Mónica no pertenece a la Mesa y participó en la reunión con funcionarios del gobierno. Reconoce que “era una mesa muy chiquita y había gente que suele trabajar con el gobierno de turno”, comentó. “Nos pidieron que frenemos el crecimiento de la villa, que hagamos el rol de policías para impedir que entre más gente –relató la dirigente–. Les dijimos que si el Estado desaloja todos los días gente de hoteles y conventillo, ¿donde van a ir a parar si no es la villa? No los vamos a sacar a golpes.”
Los de la Mesa esperan la respuesta al petitorio. Quieren ser incluidos en la discusión entre Ciudad y Nación, en el marco del pleito judicial. “No les creemos a ninguno de los dos, por eso si hay un compromiso debe ser ante la Justicia”, dijo Amalia. Por lo pronto, el gobierno y los representantes de la villa acordaron celebrar una reunión más amplia, el próximo miércoles 3.
En tanto, el presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, Facundo Di Filippo, presentó esta semana un proyecto para que se apruebe por ley la urbanización de la villa en base a un plan elaborado por la Facultad de Arquitectura de la UBA. “Si hay voluntad de resolver el problema de la Villa 31, la mejor manera es con el proyecto de la UBA”, argumentó el legislador.
Por Eduardo Videla