Actas falsificadas en el Congreso: Oyarbide sobreseyó a 12 legisladores

En el tiempo récord de una semana y sin investigar nada, el juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó a 12 legisladores que están acusados de haber inventado quórums y falseado datos en actas de una comisión parlamentaria.
En una resolución de 10 carillas a la que tuvo acceso Clarín en fuentes judiciales, Oyarbide consideró que esas irregularidades eran “errores administrativos”, pero no constituían el delito de falsedad ideológica de documento público.
En el 2001 Oyarbide había sido absuelto por el Senado de un juicio político en su contra que se había abierto por una denuncia según la cual frecuentaba el prostíbulo masculino “Spartacus”. Ninguno de los legisladores beneficiados con su medida del jueves pasado había votado esa polémica absolución en el 2001 pero siempre investigar al Congreso es muy políticamente peligroso para un juez.
La acusación ante Oyarbide contra los 12 miembros y ex miembros de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas había sido formulada por Gustavo Maurino de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En su acusación Maurino afirmó que 17 sobre 79 actas confeccionadas entre el 2004 y el 2005 tenían datos falsos como fechas de firmas antedatadas y legisladores que aparecían dando quórum en Buenos Aires cuando en realidad estaban de gira oficial por Filipinas, Brasil o Estados Unidos.
La “Mixta” es la encargada de revisar los presupuestos gastados por los gobiernos (ver “Denuncian…”) y los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), que preside el radical Leandro Despouy.
En su polémica resolución del jueves, Oyarbide sostuvo que la ley exige que “a la lesión abstracta (la introducción de datos falsos en las actas) se sume la concreta de la posibilidad de perjuicio de otros bienes jurídicos (distintos de la fe pública), que pueden ser de variada naturaleza: patrimonial, moral política y deben pertenecer a un tercero”.
Al respecto, Oyarbide afirmó:
• “Que a la comisión haya asistido o no tal o cual legislador y —aún más— que su ausencia pueda haber significado la inexistencia de quórum para sesionar no ha causado ningún perjuicio a terceros”. Y agregó:
• “Esos terceros serían en todo caso los restantes integrantes del cuerpo legislativo que no vieron modificada su situación desde que no se ha cuestionado en forma alguna los dictámenes elaborados por la comisión” en los plenarios de Diputados y Senadores.
• “La inasistencia injustificada de los senadores, por ejemplo, a las reuniones de comisión puede ser sancionada con apercibimiento o descuento de su dieta”.
Luego de elogiar a la ACIJ por búsqueda de la transparencia, Oyarbide sobreseyó al presidente de la comisión Oscar Lamberto (PJ—Santa Fe), al ex senador Mario Losada (UCR—Misiones), al senador Gerardo Morales (UCR—Jujuy), senador Nicolás Fernández (PJ—Santa Cruz), ex senadora Floriana Martín (PJ—San Juan), ex senador Luis Martinazzo (PJ—San Juan), ex senador Jorge Yoma (PJ—La Rioja), Juan José Alvarez (PJ—Buenos Aires), Roque Alvarez () ex diputado Humberto Roggero (PJ—Córdoba), diputado Alejandro Nieva (PJ—Jujuy), y el ex diputado Héctor Romero (UCR—Chaco).
Consultado por Clarín, el abogado Maurino —autor de la denuncia— lamentó “el juez considere que la integridad de los quórums y decisiones parlamentarias no son un bien jurídico tutelado. Bajo ese argumento, el ‘diputrucho’ no afectó ningún bien jurídico”. En 1992 en una votación para la privatización del gas se sentó en una banca Juan Abraham Kenan, asesor ad honórem del diputado Julio Samid, hermano de Alberto Samid.
Maurino subrayó que “la falsificación de las actas afecta el derecho de jerarquía constitucional a la información que tienen los ciudadanos, en este caso, sobre lo que “realmente” pasa o no en el Congreso. Esta presunta falsificación ha habría sido un medio para ocultar a la ciudadanía la falta de quórum en la sesiones de la comisión, y quien sabe qué más”. Sobre los elogios del juez a ACIJ, Maurino comentó que “lamentablemente su resolución no revela el compromiso que quisiéramos ver con el respeto a los valores republicanos. Esperamos que el fiscal apele la decisión, y que la ciudadanía tenga la oportunidad de ver una verdadera investigación”. Ahora el fiscal Federico Delgado tiene la última palabra: puede apelar o dar por cerrado el caso.