ACIJ reclama a Casal por la falta de concursos para fiscales

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) publicó el informe “Vacancias en el Ministerio Público Fiscal” en el que analiza la demora en iniciar y tramitar concursos para fiscales que se viene sucediendo hace años en dicho organismo. Según la investigación realizada, más del 40% de las posiciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación se encuentran vacantes, sin que se convoquen concursos para cubrirlas. Por ello, le remitió una nota al Procurador General, Eduardo Casal, para advertirle sobre el gran perjuicio social que genera que una buena parte de las fiscalías se encuentren vacantes hace tanto tiempo.

Las y los fiscales cumplen un rol fundamental en la tramitación de causas judiciales. En la reforma de la Constitución de 1994 se  jerarquizó su función transformando al Ministerio Público en un poder completamente autónomo del resto de los poderes del Estado. En particular en materia penal, sin el trabajo que deben desarrollar las y los  fiscales, las investigaciones corren riesgo de quedar en la nada. 

Sin embargo, y a pesar del protagonismo que tiene este órgano para la garantía de los derechos de la ciudadanía, según los datos proporcionados el 22 de octubre de este año como respuesta a una solicitud formal de información pública por parte de ACIJ, de las 334 fiscalías habilitadas se encuentran sin cubrir 123 cargos. Además, hay 8 cargos vacantes que corresponden a fiscalías no habilitadas, 14 a fiscales internos de la Procuración General de la Nación y 8 a fiscales de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Entre las vacantes en fiscalías más sensibles se encuentran: 

• 16 de Tribunales Orales Criminales, 28 fiscales nacionales en lo criminal y correccional, 7 fiscalías ante el Fuero Penal Económico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
• 3 fiscalías federales en Rosario (dos cargos de fiscales ante Juzgados de Primera Instancia y uno ante la Cámara Federal de Apelaciones), territorio con gravísimos problemas de narcotráfico y crimen organizado. 
• En Bariloche no sólo no hay fiscal permanente sino que recientemente renunció la fiscal subrogante.
• 3 vacantes correspondientes a unidades fiscales de Jujuy y una de Salta, lo que resulta especialmente paradójico por cuanto estas jurisdicciones son pioneras en la implementación del sistema acusatorio.
• 8 fiscalías vacantes dentro de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que tiene a cargo la investigación de posibles irregularidades administrativas y hechos de corrupción en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

El análisis de las convocatorias efectuadas en los últimos diez años da cuenta de un panorama singularmente preocupante que no se limita a los últimos años. En ese sentido, de acuerdo a la información publicada por el Ministerio Público Fiscal, sólo se llamaron desde 2011 a los siguientes concursos:

• En 2011, se convocó a un único concurso para cubrir una vacante.
• En 2012, fueron abiertos cinco concursos para cubrir cinco vacantes en total.
• En 2013, también se llamaron a cinco concursos destinados a cubrir veinticuatro vacantes.
• En 2014, resultaron abiertos ocho concursos para cubrir veintinueve vacantes.
• En 2015, se convocaron cuatro concursos para cubrir dieciséis vacantes.
• En 2016, no hay registros de llamados a concursos.
• En 2017, cuatro concursos fueron abiertos para cubrir diez vacantes.
• En 2018, se produjeron seis llamados para cubrir veintiún vacantes.
• En 2019, se registraron siete concursos abiertos para cubrir trece vacantes.
• Durante los años 2020 y 2021 no se generaron aperturas de concursos.

Ni el contexto de pandemia, ni la provisionalidad de Casal -que es interino hasta que los poderes políticos designen a un Procurador o Procuradora permanente- son motivo suficiente para que las fiscalías permanezcan vacías. La designación de subrogantes, en la práctica, le otorga más discrecionalidad, altera inadecuadamente los incentivos para las y los fiscales subrogantes, y genera demoras inaceptables así como una afectación de la calidad del servicio de justicia.

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