Abogados de todo el país amenazan con una enfática ofensiva judicial contra la reforma del Consejo de la Magistratura sancionada ayer.
En forma individual o agrupados en colegios, prometen presentar una avalancha de pedidos de inconstitucionalidad contra la ley que reducirá de 20 a 13 los miembros del Consejo de la Magistratura y le dará al oficialismo la posibilidad de bloquear la designación y la destitución de cualquier juez.
“Ya estamos trabajando en una acción judicial. Siempre dijimos que este proyecto era inconstitucional y vamos a ser coherentes”, dijo Lucio Ibáñez, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
También la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que agrupa a 78 colegios de todo el país, anunció que ya redacta el borrador de un pedido de inconstitucionalidad que estudia presentar directamente ante la Corte.
Pero alguien se adelantó. Habían pasado pocas horas del abrumador triunfo oficialista en la Cámara de Diputados cuando la primera demanda contra la reforma ya estaba en manos de la Justicia. El abogado Ricardo Monner Sans, el mismo que llevó a los tribunales la causa por el tráfico de armas a Croacia y a Ecuador y el escándalo de los sobresueldos durante el gobierno de Carlos Menem, presentó ayer un amparo para pedir la inconstitucionalidad de la nueva ley.
“La flamante modificación, con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas, conculca derechos y garantías de nuestra Constitución -alega Monner Sans-. Lo recién votado devuelve a cualquier oficialismo de turno la llave central para la elección de los jueces.”
Por sorteo, se resolvió que fuera la jueza en lo contencioso administrativo federal Clara do Pico quien tomara a su cargo esta denuncia.
Mientras tanto, varias organizaciones civiles ligadas a la Justicia adelantan que apostarán a la misma estrategia. “Hay que seguir dando pelea. Sin duda, la ley va a ser promulgada, así que la batalla que queda es en el Poder Judicial”, dijo Juan Antoniassi, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
En los próximos días, ACIJ se reunirá con Poder Ciudadano y otras agrupaciones que condenaron la reforma para analizar si presentarán juntas una demanda o acompañarán las denuncias de los abogados. Ellos -explicó Antoniassi- aparecen como los mejor posicionados para reclamar.
Los que más pierden
Acusados por el oficialismo de “corporativistas”, los abogados fueron los más perjudicados con la reforma: son el grupo que más miembros pierde en el Consejo de la Magistratura (sus representantes se reducen de cuatro a dos) y ya no integrarán más la Comisión de Selección de Jueces.
Además, dejarán uno de sus dos bancas en el Jurado de Enjuiciamiento y su único representante ya no podrá ser elegido por sus pares, sino que será designado por sorteo.
“Cuando la Constitución pide equilibrio, exige que un estamento no pueda tener superioridad sobre otro. La ley no puede derogar la Constitución”, dijo a LA NACION Carlos Andreucci, presidente de la FACA. Y agregó: “Ahora será el turno del Poder Judicial de evaluar el contenido de la norma”.
Pero Andreucci dice no tener apuro y la FACA esperará que la reforma esté promulgada antes de impugnarla. “No vamos a caer en el apresuramiento político con el que el Gobierno manejó la reforma”, dijo el titular de la FACA, que puso en marcha una ronda de consultas entre todos los colegios del país para enriquecer la acción judicial que presentarán.
Centrados en su estrategia judicial, los abogados omitieron referirse ayer a las amenazas que habían hecho de no integrar el Consejo si éste se reformaba. Pese a que el Colegio de Abogados de Córdoba -promotor del boicot- pidió una reunión urgente para definir el plan de acción, la FACA intenta posponer el debate hasta el 17 de marzo, cuando se reúna en Tandil su próxima junta ordinaria.
Por Paz Rodríguez Niell
En forma individual o agrupados en colegios, prometen presentar una avalancha de pedidos de inconstitucionalidad contra la ley que reducirá de 20 a 13 los miembros del Consejo de la Magistratura y le dará al oficialismo la posibilidad de bloquear la designación y la destitución de cualquier juez.
“Ya estamos trabajando en una acción judicial. Siempre dijimos que este proyecto era inconstitucional y vamos a ser coherentes”, dijo Lucio Ibáñez, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
También la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que agrupa a 78 colegios de todo el país, anunció que ya redacta el borrador de un pedido de inconstitucionalidad que estudia presentar directamente ante la Corte.
Pero alguien se adelantó. Habían pasado pocas horas del abrumador triunfo oficialista en la Cámara de Diputados cuando la primera demanda contra la reforma ya estaba en manos de la Justicia. El abogado Ricardo Monner Sans, el mismo que llevó a los tribunales la causa por el tráfico de armas a Croacia y a Ecuador y el escándalo de los sobresueldos durante el gobierno de Carlos Menem, presentó ayer un amparo para pedir la inconstitucionalidad de la nueva ley.
“La flamante modificación, con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas, conculca derechos y garantías de nuestra Constitución -alega Monner Sans-. Lo recién votado devuelve a cualquier oficialismo de turno la llave central para la elección de los jueces.”
Por sorteo, se resolvió que fuera la jueza en lo contencioso administrativo federal Clara do Pico quien tomara a su cargo esta denuncia.
Mientras tanto, varias organizaciones civiles ligadas a la Justicia adelantan que apostarán a la misma estrategia. “Hay que seguir dando pelea. Sin duda, la ley va a ser promulgada, así que la batalla que queda es en el Poder Judicial”, dijo Juan Antoniassi, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
En los próximos días, ACIJ se reunirá con Poder Ciudadano y otras agrupaciones que condenaron la reforma para analizar si presentarán juntas una demanda o acompañarán las denuncias de los abogados. Ellos -explicó Antoniassi- aparecen como los mejor posicionados para reclamar.
Los que más pierden
Acusados por el oficialismo de “corporativistas”, los abogados fueron los más perjudicados con la reforma: son el grupo que más miembros pierde en el Consejo de la Magistratura (sus representantes se reducen de cuatro a dos) y ya no integrarán más la Comisión de Selección de Jueces.
Además, dejarán uno de sus dos bancas en el Jurado de Enjuiciamiento y su único representante ya no podrá ser elegido por sus pares, sino que será designado por sorteo.
“Cuando la Constitución pide equilibrio, exige que un estamento no pueda tener superioridad sobre otro. La ley no puede derogar la Constitución”, dijo a LA NACION Carlos Andreucci, presidente de la FACA. Y agregó: “Ahora será el turno del Poder Judicial de evaluar el contenido de la norma”.
Pero Andreucci dice no tener apuro y la FACA esperará que la reforma esté promulgada antes de impugnarla. “No vamos a caer en el apresuramiento político con el que el Gobierno manejó la reforma”, dijo el titular de la FACA, que puso en marcha una ronda de consultas entre todos los colegios del país para enriquecer la acción judicial que presentarán.
Centrados en su estrategia judicial, los abogados omitieron referirse ayer a las amenazas que habían hecho de no integrar el Consejo si éste se reformaba. Pese a que el Colegio de Abogados de Córdoba -promotor del boicot- pidió una reunión urgente para definir el plan de acción, la FACA intenta posponer el debate hasta el 17 de marzo, cuando se reúna en Tandil su próxima junta ordinaria.
Por Paz Rodríguez Niell