ACIJ / Prensa

Abogados defensores en casos de corrupción denuncian a integrantes de ONG´s

 La denuncia es en respuesta a una presentación que el 24 de junio de este año, realizaron las organizaciones oponiéndose a los recursos interpuestos por estos abogados contra el acuerdo de juicio abreviado que sus defendidos –con la firma de sus letrados- acordaron con el Ministerio Público Fiscal.


 El acuerdo que ya se encontraba homologado, además de constituir un reconocimiento de los hechos por parte de quienes lo suscribieron, implicaba la oportunidad de la sociedad de recuperar parte del dinero que le fuera sustraído en este importante caso de corrupción.


 La denuncia de quienes defienden a los corruptos confesos, está dirigida contra Alberto Binder, Claudio Castelli, Pedro Biscay, Ezequiel Nino y Camila Blanco, todos ellos abogados dedicados a la difícil tarea de luchar contra este tipo de hechos que tan seriamente afectan al interés público.


 Con esta denuncia los abogados procuran –además de proteger aquel dinero que en el año 1994 robaron al patrimonio público y que debía ser devueltos como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscal del caso Sabrina Namer luego de más de 15 años de litigio e impunidad- amedrentar a organizaciones que desde hace muchos años vienen litigando en causas donde se investigan hechos de corrupción. En ese marco es que ACIJ y CIPCE participaron y monitorearon formalmente, a instancia de los propios interesados, el proceso de acuerdo velando por su transparencia.


 Rechazamos firmemente las imputaciones que se formulan contra los representantes de ACIJ y CIPCE por constituir una manifiesta restricción a la libertad de expresión y de participación en los asuntos públicos. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción –que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico- dispone que


 “cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa”


Cualquier obstáculo a este tipo de actividades debe ser removido, por lo que solicitamos a las autoridades pertinentes que rechacen sin más trámite la presentación efectuada por los denunciantes.


Para más información.


Luis Villanueva


 Pedro Biscay


Cecilia Vázquez