A diez años de la desaparición y crimen de odio de Octavio Romero, seguimos exigiendo justicia

Octavio Romero iba a convertirse en  el primer integrante de Prefectura Naval en casarse con una persona del mismo sexo. A 10 años de su asesinato, la causa se encuentra impune, paralizada y sin avance alguno.

Con la sanción de la ley del matrimonio igualitario en 2010, Octavio Romero iba a ser  el primer integrante de la Prefectura Naval Argentina que contrajera matrimonio con una persona de su mismo sexo. Octavio sufría múltiples hostigamientos y amenazas en su ámbito laboral vinculados  a su orientación sexual, los cuales se intensificaron tras la solicitud -por aquel entonces obligatoria- a su superior para contraer matrimonio con su pareja, Gabriel Gersbach. El día 11 de junio de 2011 fue secuestrado y, seis días después, se encontró su cuerpo sin vida en las aguas del Río de la Plata, , a la altura de la localidad de Vicente López, jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina.

Desde la Asociación Civil  por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Igualdad, organizaciones que acompañan y representan a Gabriel en los diversos procesos en búsqueda de verdad, justicia y reparación, manifestamos nuevamente nuestra preocupación por el tiempo transcurrido y la falta de justicia para Octavio y sus seres queridos. En el marco de un procedimiento plagado de vicios y prejuicios discriminatorios, el Estado argentino no investigó con la debida diligencia que la causa requiere y no abordó con seriedad la hipótesis de un crimen de odio. No hubo detenidos, ni imputados en la causa penal. Gabriel, pareja durante 12 años y futuro cónyuge de Octavio, fue investigado durante años sin imputación alguna, habiéndole negado el Poder Judicial de manera infundada durante mucho tiempo la posibilidad de participar como querellante en la causa. 

Las asociaciones firmantes recurrimos junto a Gabriel a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de que se declare la responsabilidad del Estado argentino por la violación de los derechos a la vida e integridad personal de Octavio,  la violación de las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, y por la protección judicial respecto de Gabriel Gersbach. El caso fue declarado admisible por la Comisión en el año 2018.

A una década del asesinato de Octavio, exigimos al Estado argentino que investigue nuevamente el caso de Octavio Romero, identificando y sancionando a los responsables materiales e intelectuales del hecho, reparando íntegramente a Gabriel y a toda la familia de Octavio. 

El Estado debe comprometerse a implementar políticas tendientes a garantizar que nunca más ocurra un hecho similar en el futuro. Por esta razón, es necesario implementar capacitaciones obligatorias para las fuerzas de seguridad, para quienes ocupan la función pública y para quienes integran el Poder Judicial, respecto al abordaje de su labor con perspectiva de diversidad sexual y género. Por último, es imprescindible la inmediata adopción de protocolos y equipos especializados que intervengan en el marco de las investigaciones realizadas por el Poder Judicial en casos de homicidios contra personas LGBTIQ+, a los efectos de visibilizar y poner fin a la histórica impunidad y silencio cómplice sobre los delitos y crímenes de odio basados en la orientación sexual, identidad de género y sus expresiones, o característica sexual de las personas.

#JusticiaPorOctavioRomero