Qué proponen las entidades ligadas al Derecho para democratizar la justicia

Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “existe una mirada más amplia sobre el valor de ‘independencia judicial’, que excede en mucho la idea de imparcialidad ante el caso concreto, y que surge de entender al Poder Judicial como otra de las ramas de gobierno cuyas decisiones tienen consecuencias políticas y sociales”, indicaron. “Que el Poder Judicial sea más independiente quiere decir, en primer lugar, que no actúa necesariamente bajo una lógica de presión de los intereses de los sectores que concentran mayor poder en la sociedad; y en segundo lugar, que incluso puede actuar como un redistribuidor de poder en el interior de la sociedad a favor de quienes están más desprotegidos”, concluyeron. Desde esta óptica, el corporativismo del sector se ve reflejado en “la histórica convalidación del Poder Judicial de los golpes de Estado y del orden de facto; la estructura jerárquica y obediente de la organización judicial donde los jueces ‘inferiores’ se ven ‘obligados’ a ajustar las sentencias de acuerdo con lo resuelto por el ‘superior’ en un procedimiento jerárquico encerrado en una cadena de subordinación; y el no ingreso mediante concurso o exámenes, sino a través de criterios como el nepotismo o la capacidad de los empleados para trabajar sin remuneración, lo que conforma un Poder Judicial de élite.” En ese marco enumeraron como aspectos a enmendar lo vinculado a la designación y remoción de jueces. “La selección de un juez es eminentemente un acto de gobierno, y por lo tanto deben existir motivaciones políticas, que tienen que poder hacerse públicas”, sostuvieron en el CELS. También subrayaron el tópico del pago del Impuesto a las Ganancias como una cuestión a corregir. “Este tema demuestra que los jueces no se sienten parte de la ciudadanía, sino funcionarios ‘superiores’ por alguna extraña misión; y para defender esa posición se amparan en la supuesta afectación de la garantía de independencia judicial”, remarcaron. La presentación de declaraciones juradas patrimoniales y la autarquía presupuestaria y financiera fueron señaladas como otro punto posible de debate.

En sintonía por lo propuesto por ACIJ, desde la Comisión Interna del fuero penal de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) se impulsó en el ámbito de la Cámara del Crimen un proyecto para evitar “favoritismos” en la selección de personal por conocimiento previo de los postulantes. Para ello, sugirieron: “1) garantizar el derecho de todo habitante a trabajar en la justicia sin más requisito que su idoneidad, la institución de un sistema de examen de ingreso transparente, para lo cual es necesario al menos la participación (junto a los jueces) de las organizaciones vinculadas al servicio de justicia en la evaluación de los aspirantes; 2) un registro único de inscriptos que deseen ingresar en la última categoría; y 3) la publicidad de las convocatorias para rendir los exámenes.” “En la Argentina de hoy, una persona que decide como plan de vida ingresar a trabajar al fuero penal del Poder Judicial depende del favoritismo de un juez y no de un régimen que examine su capacidad, por lo cual el parámetro establecido para el ingreso al sistema de justicia es discriminatorio respecto de aquellos que no logren ganarse el favor de un magistrado”, concluyeron.

 “Hay que avanzar en una reforma de la justicia haciendo hincapié en el fuero penal”, apuntó por su parte Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).  “Todos los jueces deben ser renovados y se debe avanzar en una reforma integral del Código Procesal Penal pasando a un modelo acusatorio donde la investigación esté en manos de los fiscales y no de los jueces, que son los responsables de que la mayor cantidad de causas queden demoradas en la etapa de instrucción”, aseguró el especialista. De acuerdo al abogado, esto genera que “se llegue a juicio con una debilidad probatoria fuerte y con una dificultad para recuperar los bienes en los casos económicos, y esto hace que las causas más importantes de corrupción no deriven en condenas, lo que eleva la sensación de impunidad”, algo que ejemplificó con los expedientes como el del contrabando de armas y la reciente sentencia por el caso Marita Verón. “La pelea con el Grupo Clarín ha demostrado la necesidad de una justicia independiente y con normas procesales que permitan investigaciones de alta envergadura”, aseguró Biscay, que sumó a la discusión “una deuda histórica, que es el juicio por jurados, una obligación constitucional no cumplida”. También agregó “el análisis de la forma de organización interna del Poder judicial y una mayor participación en la elección de jueces. El pago de los impuestos es otra de las grandes deudas que hace que el Poder Judicial funcione como una casta”, subrayó. «