Salud mental: una propuesta que vulnera derechos y desconoce la evidencia científica

Desde ACIJ, presentamos un informe que analiza el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. La iniciativa implica el retorno a un abordaje iatrogénico, inefectivo y violatorio de derechos. El Poder Legislativo debe ahora optar entre dos caminos: recuperar un modelo que no ha hecho más que dañar la salud de las personas o defender el único que puede garantizarla.

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El pasado 17 de abril, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación un proyecto de reforma de la ley 26.657 que implica una transformación profunda del sistema de atención en salud mental. Frente a ello, desde ACIJ analizamos las principales modificaciones propuestas a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las recomendaciones de organismos internacionales especializados y la evidencia científica disponible en el tema.

Nuestro informe muestra que el proyecto afecta pilares fundamentales de la ley vigente, desconociendo las razones fácticas y jurídicas que llevaron a su sanción en 2010. 

Entre otras cuestiones, elimina la prohibición de crear nuevos hospitales psiquiátricos y vuelve a habilitar la internación en dichos espacios, apartándose del proceso de transformación que durante las últimas décadas procuró la sustitución progresiva del modelo manicomial por servicios de atención que promueven la inclusión social y evitan el aislamiento. En esa misma línea, elimina referencias concretas a dispositivos comunitarios y debilita el enfoque interdisciplinario que debe regir toda intervención en salud mental.

Además, el proyecto amplía las posibilidades de imponer internaciones involuntarias y otras intervenciones coercitivas. La reforma propuesta flexibiliza los criterios para restringir la libertad de las personas, e incorpora mecanismos que podrían obligarlas a permanecer internadas sin justificación clínica.  

Nuestro informe también analiza el impacto de la propuesta sobre los mecanismos de control y protección de derechos previstos por la legislación vigente. En este sentido, observamos que algunas de las modificaciones reducen garantías destinadas a prevenir abusos y debilitan herramientas fundamentales para el monitoreo de las condiciones de atención y el cumplimiento de la ley.

Más allá del contenido del proyecto, señalamos con preocupación el modo en que fue elaborado. A pesar de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación de garantizar la participación de las personas con discapacidad en la elaboración y aplicación de todas aquellas leyes y políticas públicas que puedan afectarlas directa o indirectamente, los usuarios y usuarias de los servicios de salud mental no fueron escuchados.

La Ley Nacional de Salud Mental posicionó a Argentina como uno de los países pioneros de la región en la incorporación de estándares de derechos humanos en este campo. Los importantes desafíos que persisten en nuestros sistemas de salud no son producto de la ley actual, sino consecuencia directa y evidente de su falta de implementación. En los 15 años de vigencia que lleva esta norma, no se crearon servicios comunitarios en cantidad ni calidad suficiente, no se adaptaron los hospitales generales y tampoco se destinó el presupuesto mínimo que ella impone para la atención de la salud mental. Una ley que no fue aplicada difícilmente pueda ser la causa de los problemas actuales que se observan en este ámbito.

Resulta indispensable que el Poder Legislativo analice el proyecto con la profundidad que la materia exige, respetando las obligaciones asumidas por nuestro país en el plano internacional y recurriendo a la evidencia científica disponible, y que no avance en su tratamiento sin establecer previamente un proceso de consulta con las personas con discapacidad psicosocial y sus organizaciones. El Congreso tiene en sus manos una decisión neurálgica para el bienestar de la población y, frente a eso, dos caminos. Pero solo uno de ellos respeta la dignidad humana. 

Accedé al informe acá.