La Legislatura tucumana aprobó una ley que afecta la idoneidad e independencia de las fiscalías y viola los derechos de las partes en las causas penales

La Legislatura de Tucumán aprobó una modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tucumán por la cual se otorga a los auxiliares fiscales -quienes acceden a su cargo sin concurso y no cuentan con inamovilidad- las mismas facultades que a los fiscales en el proceso penal. Se trata de un grave antecedente para los sistemas de justicia provinciales, que va en contra de los estándares internacionales de independencia e idoneidad de las y los magistrados, y afecta gravemente las garantías de debido proceso de las personas investigadas y las víctimas. En ese contexto, resulta fundamental que el Gobernador ejerza su facultad de veto parcial sobre esta ley. 

Un Ministerio Público Fiscal independiente e idóneo es crucial para el correcto funcionamiento del sistema de justicia. La independencia garantiza que las decisiones fiscales no estén influenciadas por intereses externos y que se basen exclusivamente en la ley y las pruebas disponibles. La idoneidad, por su parte, asegura que quienes ocupen cargos fiscales cuenten con la formación y la competencia necesarias para desempeñar sus funciones de manera eficaz y justa. Para asegurar estas garantías, la Constitución exige que las personas que actúan como fiscales sean elegidas mediante un concurso público de oposición y antecedentes, y les asegura su inamovilidad en el cargo. 

La reforma a la ley aprobada por la Legislatura implica que los auxiliares fiscales ahora tendrán la autoridad para requerir la elevación a juicio, el sobreseimiento, la ampliación del requerimiento de acusación, así como pedir la absolución o condena y determinar la pena de los acusados, todas facultades reservadas a quienes fueron elegidos para representar la acción penal del Estado. En el debate legislativo, algunos representantes explicaron la necesidad de esta reforma en la sobrecarga de las y los fiscales. Sin embargo, esta situación debería solucionarse abriendo concursos, y no dotando de facultades a personas que no cuentan con las garantías suficientes.

Asimismo, cabe hacer notar que esta decisión se adoptó sin que se encuentren accesibles por parte de la ciudadanía los datos sobre la carga actual de causas en cada fiscalía, ni la información sobre su desempeño. 

Otorgar a los auxiliares fiscales -empleados judiciales seleccionados en forma directa y discrecional por el Ministro Fiscal- las mismas facultades que a los fiscales en el proceso penal, resulta un serio retroceso. La falta de garantías de independencia de quienes ejercen como auxiliares fiscales sumada a la falta de publicidad respecto a sus antecedentes e idoneidad pone en riesgo la imparcialidad y la integridad del sistema judicial, al tiempo que debilita la confianza pública en las instituciones judiciales.

La imparcialidad e independencia del Ministerio Público Fiscal es una garantía fundamental para las personas sometidas a proceso penal, y es también un reaseguro de las víctimas que buscan reparación frente a eventuales delitos. La violación de dicha garantía no solo afecta a las partes del proceso, sino que también abre la puerta a posteriores impugnaciones judiciales, y la eventual nulidad de decisiones judiciales que se adopten. Por esta razón, esta reforma vulnera también principios fundamentales del debido proceso, esenciales para la administración de justicia y la protección de los derechos humanos. 

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) instamos al Gobernador de la Provincia a vetar esta parte de la ley. Asimismo, solicitamos que el Ministerio Público Fiscal empiece a publicar información respecto a las y los funcionarios a cargo de las fiscalías, como lo referido al volúmen de causas que maneja cada unidad, a fin de generar diagnósticos basados en evidencia, y soluciones que sean respetuosas de la ley y la Constitución.