El gobierno porteño y cuatro madres de los alumnos primarios que concurren a la escuela Indira Gandhi, firmaron ayer un acta de acuerdo para el inicio de la negociación por dos micros gratuitos para los chicos de las villas 31 y 31 Bis. El Gobierno de la Ciudad fue intimado la semana pasada por la jueza porteña Alejandra Petrella, que en marzo de 2010 le había ordenado que dispusiera de micros gratuitos. La sentencia de ese año fue la respuesta de la jueza a un recurso de amparo colectivo presentado en enero de 2009 por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Este diario tuvo acceso a una copia del acta de acuerdo para el inicio de la negociación por dos micros gratuitos para los chicos de las villas 31 y 31 Bis, firmada el lunes entre el gobierno porteño y cuatro madres de los alumnos primarios que concurren a la escuela Indira Gandhi. En ella queda confirmado que, contra todo lo expresado por los voceros macristas, el conflicto estaba realmente circunscripto a los micros que pedían los vecinos. Lo que llama la atención es la precariedad, al menos en los papeles, del compromiso asumido por la subsecretaria de Inclusión Escolar, Soledad Acuña. El papel del acta carece de membrete y está escrito a mano. El texto tiene tres puntos: 1) Realizar una visita a la escuela a los fines de verificar la situación de Infraestructura; 2) El gobierno se compromete durante los próximos 15 días a estudiar el problema del transporte desde la Villa 31 hasta la escuela; 3) El grupo de madres se compromete a no cortar las calles hasta pasados los 15 días de la fecha del presente.
El papel sin membrete, escrito de puño y letra, tiene la firma de Acuña y de las madres Paola Rocha, Guadalupe López, María Lozada y Claudia Guzmán. Como se informó, el gobierno porteño sólo accedió a reunirse con las madres de los chicos luego de la intervención que tuvo, como mediador entre las partes, el secretario de Seguridad, Sergio Berni. Hasta ese momento, el gobierno de Mauricio Macri venía afirmando que no iba a responder a la “extorsión” que para ellos significó el corte de calles realizado el viernes pasado por los vecinos.
Por otro lado, ayer se supo que el Gobierno de la Ciudad fue intimado la semana pasada por la jueza porteña Alejandra Petrella, que en marzo de 2010 le había ordenado que dispusiera de micros gratuitos para unos dos mil chicos de las villas 31 y 31 Bis que concurren a escuelas alejadas de sus barrios. La intimación, firmada por la jueza el 8 de marzo de este año, les otorga a las autoridades porteñas un plazo de diez días posteriores a las tres primeras semanas del comienzo de las clases para que realice el relevamiento que establezca en forma fehaciente cuántos son los niños que en estos momentos necesitan transporte escolar gratuito.
La sentencia del año 2010 fue la respuesta de la jueza a un recurso de amparo colectivo presentado en enero de 2009 por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Según la institución, el Gobierno de la Ciudad dio respuesta parcial a esa sentencia judicial que está firme porque no fue apelada por las autoridades. Unos 1100 chicos de los dos barrios estarían cubiertos por los servicios de micros gratuitos, mientras que otros mil, aproximadamente, no gozarían de ese beneficio. El problema se hizo público a partir de la denuncia de las madres de los 87 chicos que concurren a la escuela Indira Gandhi, pero serían cientos los que están en la misma condición.
En su intimación, la jueza puntualizó que “la sentencia pendiente de cumplimiento (…) ordena la provisión de transporte escolar a todos los niños y niñas que habiten en los asentamientos de las villas 31 y 31 Bis que así lo requieran para poder concurrir a clases” en escuelas que, en algunos casos, están a 20 o 40 cuadras de su domicilio.
