Nos presentamos ante la CIDH para solicitar la externación de emergencia de las personas alojadas en hospitales psiquiátricos

Fue en el marco de la audiencia sobre la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad frente a la pandemia del COVID-19 en las Américas, solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ACIJ y otras organizaciones de la región.

El pasado 9 de octubre, a raíz de la solicitud que realizamos un conjunto de organizaciones de América Latina, se llevó a cabo una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que denunciamos la grave situación que enfrentan las personas institucionalizadas por motivos de salud mental y señalamos la necesidad de que los Estados adopten medidas urgentes para protegerlas de la pandemia del virus Covid-19, a través de procesos de externación inmediata que garanticen su inclusión comunitaria.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Salud Mental de Argentina obligan al Estado a sustituir el modelo manicomial por uno de atención basado en la comunidad. Asimismo, el decreto reglamentario de la ley fijó el año 2020 como fecha límite para cerrar estas instituciones. El 2020 llegó, pero miles de personas continúan encerradas en hospitales psiquiátricos por la falta de políticas públicas que garanticen la externación con apoyos. La pandemia del virus COVID-19 ha visibilizado la situación de abandono en la que ellas viven, y se ha constituido en una gran amenaza para su salud e integridad. A ellas, la pandemia les ocasionó mayor encierro, mayor aislamiento y mayor exclusión. 

En este contexto, señalamos que la desinstitucionalización es un imperativo legal incumplido hace 10 años en nuestro país, que debe ser abordado a través de la implementación de medidas destinadas a asegurar procesos de externación sustentable y políticas que garanticen el derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda y a la vida independiente. Además, resaltamos la necesidad de que los países de la región aumenten sus presupuestos en salud mental, y que los dirijan a garantizar una atención humanizada y de calidad. 

Por su parte, la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, manifestó su interés de dar seguimiento a la situación de los hospitales psiquiátricos de Argentina y su intención en concretar la visita que junto al Relator de Personas Privadas de Libertad ofrecieron realizar al país luego de la audiencia celebrada en 2019 en Sucre, Bolivia (ver más acá). Además, urgió a los Estados a  adoptar medidas universales para la efectiva protección de la salud mental en el contexto de la pandemia. 

Para finalizar, la comisianada Flávia Piovesan expresó que la institucionalización es una violación flagrante al derecho a la salud mental, ya que es sinónimo de exclusión, segregación y detención arbitraria, y que facilita otras vulneraciones de derechos humanos, tales como la comisión de abusos y violencia sexual y el sometimiento a tratos crueles e inhumanos. Al mismo tiempo, señaló su preocupación por las restricciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, por ser este un modelo que atenta contra su inclusión, su autonomía y su dignidad. 

Accedé a nuestra solicitud de audiencia : Word – PDF

Accedé a la audiencia acá.

Organizaciones solicitantes de la audiencia: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Argentina), Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina), Coalición por la Salud Mental y los Derechos Humanos (Perú), Sociedad y Discapacidad (Perú), Disability Rights International (México), Colectivo Chuhcan (México) y Colectivo Vida Independiente (Guatemala).