Nos presentamos en sede judicial para exigir que se garanticen los derechos de las personas internadas en hospitales psiquiátricos

Junto al Frente de Artistas del Borda y a usuarios y usuarias de los servicios de salud mental, solicitamos ser tenidos como parte actora en una causa colectiva interpuesta por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La ley 26.657 ordenó hace 10 años la transformación del sistema de atención en salud mental basado en el encierro por uno de base comunitaria, prohibiendo la creación de nuevos manicomios y disponiendo el cierre de los existentes. Si bien este proceso debería haberse completado en 2020, según lo dispone el decreto 603/2013, la internación prolongada en grandes instituciones monovalentes continúa siendo la principal política pública en materia de salud mental. De hecho, todavía hay en nuestro país 162 hospitales psiquiátricos y 12.035 personas internadas en ellos.

Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, diversos organismos han alertado sobre la amenaza que implica el posible ingreso del virus al interior de los establecimientos monovalentes y sobre las consecuencias devastadoras que esto podría generar para la población alojada en ellos. Estas personas llevan años y hasta décadas viviendo en condiciones precarias, lo que ha deteriorado su salud y las ha colocado dentro de los grupos de riesgo ante posibles contagios. Sin embargo, a más de tres meses del inicio de la cuarentena obligatoria, no se han adoptado medidas adecuadas tendientes a prevenir y controlar la pandemia, y a proteger la salud e integridad de quienes residen o trabajan en las instituciones psiquiátricas. En las últimas semanas, y luego de múltiples denuncias de profesionales, se han confirmado casos positivos de COVID-19 en niños y niñas y personas adultas. Si no se adoptan medidas urgentes, los casos seguirán aumentando.

De acuerdo a lo denunciado por personas usuarias y trabajadoras, y por diferentes organizaciones sociales, en los hospitales Borda, Moyano, Alvear y Tobar García, el gobierno de la Ciudad no provee elementos de protección e higiene de calidad y en cantidad suficiente, y no asegura el acceso a medios alternativos de comunicación (teléfonos celulares, tablets, computadoras, etc.) ni libre conectividad a internet a través de red wifi para que las personas puedan mantenerse en contacto con familiares, referentes, apoyos y representantes legales.

A raíz de esta situación, junto al Frente de Artistas del Borda y a personas usuarias de los servicios de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, nos presentamos en una causa judicial promovida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (expediente 03187/2020-0), en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°12, solicitando ser tenidos como demandantes en el proceso. En nuestra presentación adherimos a lo solicitado por el CELS sobre la necesidad de que se provean de forma inmediata medios idóneos, necesarios y seguros para prevenir el contagio y propagación del COVID-19 en los hospitales psiquiátricos públicos de la Ciudad, y se implementen medidas para disminuir la circulación de personas, garantizar el cobro de pensiones u otras asignaciones, y evitar la interrupción o discontinuidad de los tratamientos. Asimismo, alertamos sobre los escasos recursos que el Gobierno de la Ciudad destina a la transformación del modelo manicomial y a la creación de una red de dispositivos alternativos a la internación, y solicitamos que en este contexto de pandemia se implementen procesos de externación sustentable para garantizar la salud de las personas alojadas en estas instituciones.

Las personas con discapacidad psicosocial son, una vez más, olvidadas en el terreno de la política pública. Por eso, reafirmamos la necesidad de que en todos los hospitales psiquiátricos se lleven a cabo en forma urgente acciones eficaces para disminuir el avance de una pandemia que amenaza su salud, su integridad y su vida.