En 2020, el gobierno porteño le quitó 2400 millones de pesos de presupuesto a las villas

Además, en el primer trimestre la Ciudad ejecutó apenas un 10% de ese monto ya ajustado. Miles de millones que deberían usarse para urbanizar se van en inciertos servicios de consultoría. 

Por Gustavo Sarmiento14 de Junio de 2020

Cuando los casos de Covid–19 dejaron de ser algo lejano y pisaron suelo argentino, se sabía que los principales focos iban a ser los barrios vulnerables, que hoy representan la mitad de los contagios en toda la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en 2020 el gobierno porteño le quitó al presupuesto destinado a las villas unos 2400 millones de pesos. Y de lo que quedó, en el primer trimestre ejecutó menos del 10 por ciento. Detrás de este ajuste se esconden contrataciones millonarias por polémicos servicios de consultorías.

Dos áreas que se ocupan de los barrios populares en CABA son el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), a través del programa de Reintegración, Integración y Transformación de Villas, y la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS). El programa del IVC venía sosteniendo un aumento promisorio: en 2018 tuvo 3290 millones y en 2019 subió a 4252 millones. Sin embargo, este año bajó a 3261 millones, divididos en dos programas similares, ya que absorbió gran parte de lo que manejaba la UGIS, que pasó de 1484 millones en 2019 a apenas 25,3 millones, restringida a obras menores. A eso hay que agregarle la subejecución: en el primer trimestre, el IVC gastó menos del 10% de los fondos para villas. 

“Es necesario aclarar que los datos disponibles sobre la ejecución presupuestaria en CABA corresponden al primer trimestre de 2020, es decir que son previos a las medidas tomadas a raíz de la pandemia, porque no es posible acceder a información más actualizada, ya que el Gobierno de la Ciudad publica los datos sobre ejecución sólo trimestralmente”, explica Julieta Izcurdia, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Y acota que “a fines de marzo, el programa de intervención social en villas del IVC mostraba una caída de más del 30% con respecto al presupuesto sancionado. Tampoco se observa que la reducción del presupuesto sancionado para ese programa esté compensando otras partidas del IVC, que en promedio tenían una ejecución del 5% y algunos programas como el de Hotelados y el de Rehabilitación de La Boca no tenían presupuesto ejecutado”.

La otra gran caja viene por el lado de la Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU), que se encarga especialmente de la Villa 31, donde comenzó el foco de casos de coronavirus en zonas vulnerables de la Capital. La SECISYU tuvo un gran crecimiento presupuestario en 2019, cuando pasó de 3733 a 8411 millones, justificado por préstamos internacionales en dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para “la urbanización del barrio”, a pesar de que la 31 ya cuenta con dos leyes que obligan su urbanización y para lo que el gobierno tiene adjudicados miles de millones de pesos. Y todo esto, sin contar los 50 millones de dólares que en septiembre del año pasado el gobierno de Mauricio Macri le pidió al BID para un “Programa de Integración Socio Urbana” en barrios populares. 

Este año, el presupuesto de la SECISYU volvió a caer a 3775 millones, de los cuales sólo ejecutó en los primeros tres meses un 10,8 por ciento. Desde las organizaciones sociales apuntan a esta Secretaría por considerar que “maneja una caja tremenda y la gastan en otra cosa, sobre todo en consultorías”. Las decenas de contrataciones van desde 1.035.000 dólares a Gehl Studio Inc. en marzo de 2017 para cuestiones como el desarrollo del “proyecto de obra de la Calle Comercial de Barrio 31”, hasta $ 1.600.000 al ingeniero Fernando González para la elaboración de la documentación técnica de la licitación del “Parque en Altura”, en la traza de la Autopista Illia. 

Pero hay dos que sobresalen, con fondos del BIRF. Los $ 2.383.557 entregados a Glya SRL en mayo de 2019 para el “diseño de App Nativa Responsive BA Integración para el Barrio 31, que permita al usuario interno de GCBA y al vecino tener una vista Cross del Barrio 31″. Debía hacerla en cinco meses. Hasta hoy no hay novedades. Y la del 10 de abril del año pasado, cuando acordaron con Hytsa Estudios y Proyectos S.A. un “Servicio de Consultoría destinado a la contratación de Recursos Humanos para la conformación de la Gerencia Operativa de Reasentamiento” durante un año, por 1.481.488 pesos y 1.199.653 dólares. En abril de este año, en plena pandemia, la SECISYU le prorrogó la consultoría hasta diciembre, por 857.599 dólares. Tres semanas después se conoció el primer caso en el Barrio Padre Mugica. 

A eso se le suman dos normas que Horacio Rodríguez Larreta aprobó al inicio de la pandemia y que le dan potestad al Ejecutivo porteño para reasignar partidas: la de Emergencia Económica y la de una nueva toma de deuda, de la cual hasta el momento no se sabe a qué áreas concretas fue destinada, por lo que según pudo saber este diario hay legisladores de la oposición que ya piensan en elevar un pedido de informes para conocer algún detalle acerca de adónde fue ese dinero.  Incluso a mitad de mayo, el gobierno dispuso quitarle 51 millones de pesos al programa de los complejos habitacionales, para utilizarlos en la asistencia en villas con el “fin de solventar diversos gastos por Emergencia–COVID 19”, a pesar de tener miles de millones sin utilizar del presupuesto.

Un ejemplo de ausencia de obras fue la falta de agua en los primeros meses de 2020, en medio de la epidemia de dengue y los casos crecientes de coronavirus. “Desde enero se venía pidiendo que se terminara una obra de agua en la 31. Después, con toda la presión mediática que hubo, la Secretaría de Integración Urbana, que maneja Diego Fernández, terminó en diez días el trabajo de conexión de la red interna de agua de la villa con la red troncal que rodea al barrio. Cinco meses después, cuando ya estaba la pandemia”, plantea Sofía González, integrante de la Comuna 2 por el Frente de Todos. La mención a Diego Fernández no es casual. Su figura fue puesta en discusión en estos meses por la falta de obras y medidas de prevención contra el Covid-19 en villas, sólo atenuada por los operativos Detectar del Ministerio de Salud de la Nación. Como reveló Tiempo el domingo pasado, este funcionario posee títulos de deuda argentina y bonaerense y es inversor en el fondo BlackRock, el más duro de los que negocian la deuda con el Estado nacional. 

Casi la mitad de los contagios porteños son de habitantes de villas, con al menos 51 muertes, aunque la población en estos barrios sólo representa el 5% de todos los que viven en territorio porteño. “Una reducción presupuestaria impacta negativamente en la urbanización de villa 31; villa 20; Rodrigo Bueno, y Playón Chacarita, respecto de las cuales ya hay obras avanzadas; como así también en el cumplimiento de leyes incumplidas durante años, como en el caso de la ley 403 que corresponde la urbanización de la 1-11-14. Y la falta de obras tienen una relación directa con la salud de los habitantes en villas y asentamientos, y eso se debe al hacinamiento que ocurre como consecuencia de la vulneración del derecho a la vivienda y al acceso al agua para cumplir medidas preventivas. Lo mismo sucede en las villas con el brote de dengue”, remarca el asesor tutelar ante la Cámara del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, Gustavo Moreno. 

La escasa inversión de la Ciudad en esos barrios llegó a la justicia. Por ejemplo, ordenándole días atrás al Ejecutivo la entrega de notebooks y la povisión de internet a los estudiantes que viven allí, donde el 70% no posee computadora y el 85% no recibió, hasta la fecha, ningún cuadernillo impreso del Ministerio de Educación porteño. Esta semana, el juez Darío Reynoso ordenó a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta que presente un protocolo específico en el accionar frente al coronavirus para las villas y asentamientos, pidiendo que provea alimento, agua y elementos de higiene a un adolescente que quedó viviendo solo en el asentamiento Lamadrid, cuando su madre fue internada por Covid–19. El Ejecutivo decidió recusarlo.