Durante este fin de semana, el viejo edificio de las ex Bodegas Giol o lo que quedaba de él, está siendo demolido. La medida la tomó la ministra de Seguridad Nilda Garré el jueves pasado después de visitar las instalaciones del depósito, en Godoy Cruz y Paraguay, en el barrio de Palermo. El predio estaba ocupado desde hacía tres años por 37 familias, integradas por 160 personas, entre los que había 25 niños y 81 adolescentes. Esa mañana, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó desocupar el lugar. Los ocupantes resistieron; incendiaron colchones, cartones y neumáticos y cortaron el tránsito sobre Godoy Cruz. A las 11.30 llegó la orden del juez de suspender el desalojo. Por la tarde, y dado que los terrenos si bien están en Buenos Aires pertenecen al Estado Nacional, la ministra Garré y el viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Sergio Berni, llegaron hasta las instalaciones ocupadas. Dialogaron con las familias y pudieron destrabar la situación y llegar a un acuerdo. En forma provisoria, fueron distribuidas en hoteles y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comprometió a pagar un subsidio de $700 durante diez meses. Un desalojo pacífico, sin muertos, sin heridos, sin chicos llorando, sin madres desesperadas… Sin xenofobia.
Antecedentes. En 1989, Bodegas Giol quebró y este depósito de vino, un edificio de hormigón gris de 5.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro pisos, fue lentamente ocupado hasta que el 4 de octubre de 1994 se desalojó a 208 familias con tanquetas de infantería, carros hidrantes, la división perros, la policía montada, motociclistas, dos helicópteros y varias ambulancias. En total, actuaron 400 efectivos. Entre la seguridad y la relocalización de la gente se gastaron 900.000 pesos. Sin embargo, la mayoría de los desalojados terminó en un asentamiento en el barrio de La Boca.
Villa 31. Unas 500 personas se afincaron en la calle 14, en la villa 31 o Barrio Carlos Mugica, en diciembre pasado. Como se trata de un terreno ferroviario, que depende del Estado Nacional, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, pidió el desalojo. El miércoles, 200 efectivos de la Policía Federal se dispusieron con combis y patrulleros para hacer cumplir la orden del juez federal Ariel Lijo de desalojar el lugar e impedir nuevas construcciones. Después de algunas horas de tensión, los ocupantes comenzaron a retirarse del lugar y la policía ingresó para desarmar las estructuras y vigilar que no ingresaran materiales y otros elementos para nuevas construcciones sobre la calle 14. Más allá del cruce de acusaciones y responsabilidades entre el Gobierno Nacional y el de Mauricio Macri, el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que “la Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello, resuelve progresivamente el déficit habitacional de infraestructuras y servicios, priorizando a las personas de los sectores de pobreza crítica.” Sin embargo, esto no se refleja en la realidad cotidiana. El porcentaje sobre el gasto total del presupuesto en Vivienda en la Ciudad viene cayendo desde 2006, cuando era del 3,92 por ciento. En 2007, fue del 2,91 por ciento; en 2008, del 2,4 por ciento, y en 2009, del 1,49 por ciento. En lo que va de 2010, no supera el 0,8 por ciento. Y, peor aún, de este magro presupuesto, el 40 por ciento va al pago de salarios y no a inversión en nuevas viviendas. En 2006 el IVC (Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires), encargado de facilitar viviendas a los ciudadanos más necesitados, solicitó permisos para construir 1.496 viviendas; en 2008 bajaron a 274 viviendas y en 2009 apenas nueve viviendas. Estos números constan en un informe elaborado por el legislador porteño de Nuevo Encuentro Gonzalo Ruanova, quien se basó en los datos provisorios del censo 2010 y también en información brindada por el propio gobierno porteño. Dicho trabajo da por tierra con la excusa macrista de echarle la culpa a la “oleada de inmigrantes extranjeros”, ya que Buenos Aires es la Ciudad argentina que menos creció en términos de población en las últimas décadas. Sí es cierto que de los tres millones de personas que viven en la Ciudad, 500 mil sufren una situación de déficit habitacional, y la mitad de ellos, habitan en villas y asentamientos. La población villera tuvo un incremento del 310 por ciento con respecto a 1991. La ONG Acij (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) desarrolla desde 2005 el programa Redes de trabajo en villas urbanas, que alienta el cumplimiento de los derechos de los habitantes de las villas de la capital argentina. “Mientras la Ciudad de Buenos Aires cuenta con uno de los presupuestos per capita más altos del país, en las villas se vulneran los derechos básicos y se dan profundas y estructurales postergaciones que colocan a estas personas en total desigualdad. Falta una política integral que abarque salud y vivienda”, afirma Tamar Colodenco, vocera de prensa de Acij.
Otro modo de resolver los problemas. “No fue un desalojo compulsivo, se pudo lograr una salida acordada con todos los ocupantes buscando distintas soluciones”, destacó la ministra Garré, en la puerta misma del edificio derruido de las ex bodegas Giol. “He visto con mis propios ojos este lugar inapropiado, indigno de habitarlo. Un lugar muy degradado, que aportaba suciedad al barrio”, explicó. “Junto a lo del Albariño y lo de la villa 31, son acciones más sanas para resolver estas cosas por medio de la conversación. Así llegan los acuerdos. Tenemos que hacer el máximo de los esfuerzos para que las cosas se hagan menos duras y se busquen soluciones definitivas, no subsidios, porque ésa es una política de la Ciudad”, sentenció la ministra. Fernando Ojeda, coordinador de Red Hábitat, ONG que nuclea a organismos de base y barriales, universidades públicas y personas directamente afectadas por el problema habitacional, señala que los desalojos pacíficos representan un avance. “Cuando fue lo del Indoamericano la discusión era quién iba a reprimir, si la policía federal o la metropolitana; y con qué balas, si con las de goma o las de plomo… Así que cambiar las maneras es una primera acción auspiciosa”, reconoce. Sin embargo, Ojeda –que trabaja en el tema habitacional desde hace 30 años– asegura que lo que falta es no desamparar a la gente. “Siempre se tiró a la gente a la calle; no importa quién gobernara. Ahora el Gobierno Nacional intenta que la política habitacional no la maneje el mercado, y esto es bueno pero falta una política integral y decidida que defienda el derecho de los más vulnerables. En lo de Giol, por ejemplo, había miembros del poder judicial y del policial pero no había psicólogos ni asistentes sociales, nada. No se aprecia todavía una política pública de inclusión. Está faltando llegar a la raíz de un problema que no es sólo de Buenos Aires. Hoy en día, el 50 por ciento de la humanidad vive en centros urbanos y para 2030 se calcula que será el 70 por ciento. Por eso, esto no se va a solucionar con parches.” El viceministro de Desarrollo Social, Sergio Berni, admite que recién se empiezan a notar acciones más resueltas en torno de las graves consecuencias del déficit habitacional, pero que hace rato que están trabajando en el asunto. “Y el desalojo voluntario del predio de Giol se dio en este contexto de diálogo y negociación con los ocupantes. Se los trasladó a hoteles y pronto se les entregarán materiales para la construcción de viviendas. Pero tenemos que seguir dialogando. No podemos pensar en soluciones globales, vamos a hablar familia por familia. Avanzamos con muchas ganas en un programa de viviendas en la que quisiéramos que el gobierno porteño participe, pero hasta ahora no tuvimos señales. Ellos siempre abordan estos problemas con subsidios, y nosotros pensamos que son cuestiones más profundas que necesitan mayor compromiso y trabajo.”
Por Juan Ayala