Denuncian corrupción en la emisión de deuda porteña (Miradas al Sur)

Administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función son las cargos que pesan sobre el ministro de Economía porteño, Néstor Grindetti, y el director de Crédito Público de la Ciudad, Abel Ignacio Fernández Semhan. La denuncia la formuló el constitucionalista Ezequiel Nino, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ante el juzgado de instrucción a cargo de Eliseo Otero, y también alcanza a Edgardo Srodek, consultor financiero y ex jefe de campaña de la efímera alianza que concretaron el PRO y Recrear en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2005. Los montos involucrados son enormes, las irregularidades denunciadas muchas y los detalles de la operación, como mínimo, sospechosos. El tema no es menor y amenaza con detonar en los próximos días, luego de que el magistrado diera intervención a la fiscalía de Estado.

 La historia comenzó a tejerse entre el 29 de marzo y el 6 de abril pasados, cuando la administración de Mauricio Macri concretó la emisión de deuda pública por un monto de 475 millones de dólares -correspondientes a la octava serie de los Bonos Tango-, convalidando una tasa del 12,5 por ciento anual en dólares a cinco años. La operación se pactó -sin licitación de por medio- con el Credit Suisse, entidad que actuó como agente de colocación de los títulos en el mercado financiero internacional y que cobró una comisión del 0,75 por ciento del capital -unos 3.562.500 dólares- por la gestión y administración de los bonos emitidos.

 “Colgada de una cláusula del contrato, aparece sin justificación alguna la firma KBR Corporate Finance Ltd., cuyo representante y negociador ante el Estado porteño fue Edgardo Srodek, de estrechos vínculos con funcionarios y dirigentes del Pro”, señala Luis Villanueva, coordinador del Programa de Acción Ciudadana y Lucha contra la Corrupción de ACIJ. Según la documentación aportada por ACIJ a la justicia, la aparición de KBR se tradujo para el fisco porteño en una comisión adicional del 1,25 por ciento – 5.937.500 dólares- por los “servicios de organización”, monto que, según las cláusulas del contrato, debía repartirse en proporciones no aclaradas entre el Credit Suisse y la ignota KBR.

 Las fuentes consultadas califican como sugestivo que el Credit Suisse, una entidad de gran porte que cargó con la mayor tarea, haya recibido una comisión menor que KBR. La respuesta quizá haya que buscarla en el domicilio de la firma, cuya representación detenta Srodek en Buenos Aires. Ubicadas en Cerrito al 1200, por sus oficinas transitaron muchos dirigentes del PRO y Recrear, cuando el polifacético cuadro macrista y hermano de Jorge Srodek (diputado bonaerense de Unión Pro y vicepresidente de Carbap) se desempeñaba como jefe de campaña del armado electoral que incluyó a Recrear, el partido de Ricardo López Murphy.

 Más irregularidades. Los cuestionamientos judiciales no terminan en la sugestiva y poco clara comisión con que se alzó KBR. Tampoco en los vínculos de Srodek con la administración de Macri. Villanueva también señala que los fondos obtenidos mediante la operación de crédito tenían como finalidad financiar las obras de ampliación de las líneas A. B y H de la red de subterráneos, según lo aprobado por la Legislatura porteña. Sin embargo, nada de ello ocurrió. Al menos en lo inmediato.

“Por una decisión unilateral e infundada, y sin la autorización de la Legislatura, los fondos fueron pesificados e invertidos en la compra de letras del tesoro nacional y el resto depositados en un plazo fijo en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires”, precisa Villanueva. En otras palabras, los 475 millones de dólares iniciales se convirtieron en 1.843 millones de pesos, de los cuales 600 millones de pesos fueron destinados a la compra de LEBACs y 1.243 millones de pesos quedaron depositados en el Banco Ciudad con un rendimiento anual del 6,5 por ciento. Ambas decisiones habrían reportado una pérdida para el fisco que supera los 30 millones de pesos por la diferencia entre la tasa pagada a los inversores del bono y el rendimiento obtenido por las LEBACs y el plazo fijo. Un desmanejo producto de que, al momento de realizarse la colocación, ni siquiera estaban en marcha la, licitación de las obras públicas a las que debían afectarse los fondos obtenidos en el mercado.

 “Cuatro meses después, a raíz del escándalo y por los pedidos de informes de la Legislatura, el Ejecutivo envió un proyecto de ley para que lo autorizaran a modificar la asignación de los fondos”, explica Villanueva. La movida, destinada a cubrir con un manto de legalidad las irregularidades, encontró eco y, en agosto pasado, la Legislatura autorizó que 150 millones de dólares le fueran prestados a AUSA -a una tasa idéntica a la obtenida por los bonistas, según la versión oficial- para la construcción de pasos bajo nivel en los ferrocarriles Mitre, San Martín y Urquiza; además de 36 millones de dólares para obras de infraestructura escolar.

 Sin explicaciones. Hasta el momento, y pese a los pedidos de la Legislatura, ningún funcionario porteño explicó en detalle cuáles fueron los motivos por los que se contrató a Credite Suisse y, por su intermedio, a KBR, agente que aparece en el prospecto de emisión como el responsable del armado de la operación. “Tampoco explicaron por qué no se apeló al Banco Ciudad, en la medida que es el agente financiero natural del Estado porteño”, subraya Villanueva. En la City agregan que tampoco está justificada la elevada comisión pagada por un trabajo que no requería una ingeniería financiera importante por tratarse de la octava serie de un título considerado clásico” por los inversores.

 Según consta en la denuncia presentada por ACIJ, “la carencia de previsión, planificación y coordinación serias en lo concerniente a las obras de extensión del subterráneo (…) trajo aparejada la imposibilidad de establecer una política eficiente en materia de endeudamiento”. Para peor, el dinero obtenido en la colocación de títulos “se reinvirtió en actividades que ni siquiera dieron un renta que alcance a pagar los costos de la operación”. En síntesis, un panorama que refuerza la ya tradicionales críticas a la administración de Macri por su ineficiencia y que, además, podría deparar consecuencias penales a Grindetti, Sehman y Srodek por la contratación de KBR.

• Otro nido de caranchos KBR opera mediante dos entidades subsidirias. Una de ellas es KBR Finance Limited, con sede en la ciudad de Nicosia, Chipre. Sus actividades declaradas se localizan en mercados emergentes, como los de América Latina, y en plazas financieras de Europa del Este, donde los ataques especulativos sobre las monedas locales y las deudas soberanas suelen dejar fuertes ganancias a los fondos buitres. Su otra filial es KBR Finance Corporate Limited GmbH, con sede en Frankfurt.

 Edgardo Srodek es uno de los directivos locales de la firma. Otro de ellos es Pablo Basualdo. Ambos fundadores, en 2003, de Buenos Aires Investment Company. Con oficinas en Londres y Nueva York, la sociedad ofrece servicios en el sector de las finanzas corporativas. Las transferencias de carteras y el mercado de derivados, dos actividades fuertemente cuestionadas tras la crisis financiera internacional, son algunos de los servicios que ofrece a sus clientes.

 • Una oferta barata y para pocos Los comentarios que disparó la colocación de la Serie 8 del Bono Tango no fueron pocos. A los pocos días de emitido, el papel había dejado una utilidad muy superior a la normal. Obviamente, sólo a los pocos inversores que pudieron conseguirlo en la oferta inicial. Un reflejo de la alta tasa que convalidó la administración de Mauricio Macri. En los hechos, el rendimiento pautado -muy por encima de las colocaciones que concretaron empresas y jurisdicciones provinciales con menor calificación crediticia- disparó la bronca de los frustrados suscriptores.

 Poco después de concretada la operación, las versiones periodísticas señalaron que tanto el City como el Barclays habrían ofrecido cobrar comisiones menores a la pactada por el ministro de Economía, Néstor Grindetti. Según los expertos, las usuales oscilan entre el 0,25 y 0,50 por ciento. Hoy, algunas versiones insisten en señalar que Grindetti habría desarmado un preacuerdo pactado con una tercera entidad para, finalmente, elegir a KBR Coporate Finance, la sociedad que comanda en Buenos Aires Edgardo Srodek.

 No es la única arista polémica la operación. En la City consideran habitual que tras la colocación de deuda, el título en cuestión registre un alza. Sin embargo, las subas nunca alcanzan el nivel que registró la Serie 8 del Bono Tango. Cuando ocurre es porque el emisor vendió por debajo del precio de mercado. La situación dejaría al borde del despido al gerente financiero de una empresa privada. No es el caso de Grindetti. Tampoco de Abel Fernández Semhan, director de Crédito Público. Ambos, hasta el momento, siguen en sus cargos.

Por Gabriel Bencivengo

Miradas al Sur