Las villas 31 y 31 bis tendrán calles adoquinadas, fachadas coloridas, árboles, números en las puertas de las casillas, agua corriente y cloacas. También se relocalizará a 160 familias, ya que demolerán sus casas por “falta de seguridad”. Todo esto -prometen- deberá estar listo para marzo próximo.
Ese es el plan que anunció ayer el gobierno porteño, que implica una inversión de 18.476.000 pesos, complementaria del proceso de urbanización que lleva adelante una mesa interdisciplinaria y que abarcará, principalmente, la calle 9, que atraviesa la villa, y la colectora que corre paralela a la autopista Illia.
Los adoquines que se utilizarán son los que han sido removidos de calles porteñas que han sido asfaltadas.
“La ausencia del Estado fue la que permitió el crecimiento desmedido y la falta de razonabilidad. Tenemos que empezar a trabajar porque la gente vive ahí y en muy malas condiciones”, explicó Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público, durante la presentación del proyecto.
Los trabajos estarán a cargo de cooperativas formadas por los habitantes de las villas, donde residen 26.270 personas, según el censo oficial realizado el año pasado.
Para las obras de infraestructura de agua y cloacas -se calcula una inversión de casi 14 millones de pesos- se instrumentará el modelo de Agua + Trabajo que realiza la estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en el conurbano. “Todas las obras estarán dirigidas por personal de AySA; el financiamiento será del gobierno porteño”, agregó Santilli. Otros $ 3.600.000 estarán destinados a la relocalización de viviendas. Es que se demolerán 160 casas que lindan con la Illia. Se trata de las 80 que están más próximas al peaje y las otras 80 ubicadas en la cara interior de la curva de la autovía que desemboca en la 9 de Julio.
Aunque en el gobierno aclararon que la reubicación de las familias se realizará en terrenos que hoy ocupan los asentamientos, no se precisó el lugar. “Una respuesta habitacional para 26.000 familias no tiene una única solución. Iremos analizando caso por caso”, indicó el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
El arquitecto Javier González Prieto, profesor de la UBA que diseño el anteproyecto de urbanización de las villas 31 y 31 bis, y uno de los interventores en el barrio, designados por el juez Roberto Gallardo, consideró que “toda obra es bienvenida” y que “lo importante es que cualquier trabajo que se encare guarde relación con el proyecto de urbanización integral y no lo obstaculice”. Para concretar el proyecto estructural son necesarios entre 900 y 1100 millones de pesos, se informó en el gobierno.
La legisladora Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica) -presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura y de la Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de las Villas 31 y 31 bis- opinó: “Santilli debe hacer la presentación formal de su proyecto en la mesa multidisciplinaria”. La diputada aprobó que “en el corto y el mediano plazo se trabaje” y exigió que “toda reubicación sea tratada con muchísimo cuidado y consensuada en la mesa que, entre otros, integra el ministerio”.
Mauro Chelillo -abogado del programa Redes de Trabajo en Villas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y asesor legal de la intervención judicial- sostuvo que si bien Santilli presentó su plan a las cooperativas de la villa “no tienen el consenso del barrio”, y dijo: “Celebramos la voluntad política de invertir en obras, pero lamentamos la poca participación y debate”.
Por Laura Rocha