En el corazón del Polo Petroquímico Dock Sud, está villa Inflamable, un asentamiento de unas 2500 familias. Allí, en Avellaneda, los vecinos viven rodeados de industrias petroleras y muchos de los chicos tienen altos niveles de plomo en sangre. Casi ninguna de las calles está pavimentada, el servicio de electricidad es precario y la contaminación se filtra en la red de agua.
Si bien en 2008 la Corte Suprema de Justicia ordenó la relocalización del barrio por el gran riesgo ambiental, es aún un proyecto lejano. Mientras tanto, sus habitantes piden que el Estado les brinde servicios públicos de calidad.
En 2015, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) creó el Centro de Acción Legal y Comunitaria (CALC) en Inflamable. Se trata de un espacio de referencia barrial que busca garantizar los derechos de sus habitantes mediante la asistencia legal y la capacitación de promotores jurídicos.
Alzar la voz
Desde su creación, el CALC brindó asesoramiento y patrocinio a 66 casos individuales y 10 colectivos. Estos últimos se vinculan a déficits en las prestaciones de salud, en servicios públicos e infraestructura.
Además, con la junta vecinal, la ACIJ inició una acción colectiva para que se garantice a los vecinos su derecho a la información, consulta y participación de todo el proceso de relocalización, el cual fue reconocido por la Justicia. “Los pobres, por razones socioeconómicas, tienen dificultades para acceder a la Justicia muchísimo más grandes que las del resto de la población. El Poder Judicial es sumamente expulsivo y les habla como si fueran abogados expertos”, asegura Sebastián Pilo, codirector de la ACIJ. “Queremos que los vecinos conozcan sus derechos, los usen y en la medida de lo posible promuevan modificaciones en la legislación“.
Enrique Jelic tiene 35 años y nació en el barrio, igual que su papá. “El trabajo de la ACIJ es una gran espalda para que los organismos del Estado no nos pasen por arriba y podamos tener voz y voto en las decisiones vinculadas con la relocalización“, dice.
La presidenta de la junta vecinal, Claudia Espinola (50), agrega: “La relocalización nunca llegó, pero seguimos peleando la forma de apoderarnos de nuestros derechos“.
La Nación, 6-2-2017.