Salta entre las provincias menos transparentes para designar jueces y fiscales

No se usan jurados de expertos, la entrevista altera los concursos y los antecedentes se califican con enorme inequidad.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización apartidaria y sin fines de lucro que promueve desde hace 12 años el fortalecimiento de la democracia en el país, elaboró un documento con recomendaciones para transparentar los concursos de jueces y fiscales.

En ese manual de buenas prácticas, que invita a adoptar recaudos que se aplican en diferentes provincias para evitar acomodos y arbitrariedades en la selección de funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público, Salta aparece entre las menos apegadas a los mecanismos de transparencia.

El estudio comparativo que realizaron Gustavo Maurino, Juan Ortiz Freuler y Renzo Lavín expone una gran cantidad de medidas que sirven para fortalecer la legitimidad de los procesos selectivos. El trabajo puede verse completo en el sitio: acij.org.ar.

Jurados de expertos A diferencia de Salta, en la mayoría de las jurisdicciones, las normas reglamentarias de los Consejos de la Magistratura prevén la convocatoria de grupos de expertos independientes para la calificación de distintas etapas del proceso selectivo. Los jurados, como se los suele denominar, se encargan de confeccionar y corregir los exámenes escritos y orales. En Santa Fe y Río Negro también analizan y califican los antecedentes.

Los concursantes los perciben como garantes de imparcialidad. Se los tiene como una “pieza clave para que los procesos selectivos culminen en la identificación de los candidatos más idóneos”.

En este punto, se considera conveniente que los jurados surjan de sorteos de listas de expertos enviadas por estamentos como las universidades y no por elección de los Consejos de la Magistratura, como se hace en Tucumán. Se juzga oportuno, además, organizar los concursos de manera tal que “varios expertos independientes asignen por los menos el 60% del puntaje total”, como ocurre en Misiones y en Río Negro. En Santa Fe, dos grupos de jurados asignan el 100% de los puntos a los aspirantes.

Antecedentes Para calificar de manera razonable los antecedentes de los postulantes a jueces y fiscales, la ACIJ recomienda “asegurar puntajes equivalentes por antigüedad en el desempeño libre de la profesión y el trabajo en el Poder Judicial”. También aconseja “evitar que los mecanismos informales de acceso a cargos de funcionario terminen impactando en las probabilidades de acceso a los cargos”.

Los concursos que convoca el Consejo de la Magistratura de Salta están en las antípodas de ambas consignas, ya que por nombramientos en cargos del Ejecutivo provincial los candidatos reciben hasta cuatro puntos, mientras que por funciones desempeñadas en el Poder Judicial o el Ministerio Público se les reconoce a los aspirantes, como máximo, un punto. Inequidad absoluta.

Entrevista personal Para que la entrevista personal no desequilibre el orden de mérito, según advierte la ACIJ, la cantidad de puntos previstos para esa instancia “en ningún caso debería superar el 10% del total asignado a lo largo del concurso”.

En Salta, la entrevista personal entrega hasta un 50% del puntaje total. Para evitar esta discrecionalidad, en Misiones se otorga un máximo de 10 puntos sobre 250. En Tucumán son 10 sobre un total de 100 puntos.

Acceso público En base a las mejores experiencias aplicadas en diferentes provincias argentinas, la ACIJ promueve el uso de “mecanismos para el registro de todas las etapas” de un concurso y la “asignación de recursos para la filmación de las etapas orales”.

Aconseja, asimismo, garantizar “el libre acceso a toda la documentación existente sobre cada una de las etapas del proceso”, con “razonable antelación al vencimiento del plazo para la presentación de impugnaciones”.

Entiende necesario, además, “digitalizar toda la documentación” vinculada con los concursos, “sistematizar toda esa información” y “ponerla a disposición en Internet”, con herramientas de búsqueda que faciliten el acceso público.

En esta materia, el Consejo de la Magistratura de Salta tiene otra gran deuda con la ciudadanía y las normas republicanas, ya que solo sube a la web algunas de sus resoluciones, muchas sin los considerandos y ninguna con detalles de las calificaciones, impugnaciones, declaraciones juradas ni excusaciones por vínculos parentales, conflictos de intereses ni causales de recusación producidas.

Félix Díaz firmó una aclaración que sembró más dudas El presidente del Consejo de la Magistratura de Salta, Guillermo Félix Díaz, firmó un comunicado que agrandó dudas sobre la postulación de Ramiro Michel Cullen, cuñado del secretario general de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós, recientemente ternado en un concurso para fiscal de Cámara. De la aclaración, que emitió ayer el Consejo, se desprende una posible matriculación de Michel Cullen, en el Colegio de Abogados de Salta en 2001.

Según el comunicado, “en cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios vigentes, el Dr. Ramiro Michel Cullen ha presentado título de abogado expedido el día cuatro de agosto de dos mil cuatro por la Universidad Nacional de Córdoba, donde consta que finalizó sus estudios y se graduó de abogado el día 24 de noviembre del año dos mil. Asimismo acompañó la constancia expedida por el Colegio de Abogados de la Provincia de Salta, donde consta que se encuentra matriculado como abogado desde el día diecinueve de abril de dos mil uno; por lo que a la fecha de su inscripción cumplía una antigüedad de trece años y dos días, siendo de diez años de antigüedad el requisito para acceder al cargo para el cual se postuló”, concluye la aclaración. Confirmado por el propio titular del Consejo que la Universidad de Córdoba expidió el título en agosto de 2004, cabe preguntarse cómo aceptó el Colegio de Abogados matricular a Michel Cullen tres años antes, cuando debía para ello presentar los originales de su diploma y título analítico, conforme a la ley 5.412 y los requisitos que publica el Colegio en su página de Internet.

Para aspirar al cargo, recordemos, Michel Cullen debería “tener 10 años de ejercicio de la profesión de abogado”, porque así lo dispone la ley 7.328, que no refiere a la “antigüedad” de inscripción, como el comunicado.

No siempre se elige al mejor calificado En más de un polémico concurso, el Ejecutivo se inclinó por un candidato ternado en tercer lugar. Uno de los antecedentes más controvertidos fue la designación de Maximiliano Troyano, en noviembre de 2012, como fiscal penal de Salta. Entre 12 postulantes para cuatro cargos, él había recibido el menor puntaje.

Caso distinto fue el de Jorge Armando Cazón, quien acaba de ser designado como fiscal penal de San Martín, tras obtener la mayor calificación entre todos los candidatos que se postularon para los dos cargos de fiscal concursados en ese distrito.

Recomendaciones de la ACU 1. La entrevista personal no debe superar un 10% del total del puntaje asignado a lo largo del concurso.

2. Los puntajes por cargos ocupados en el Poder Ejecutivo deben mantener equivalencia con los de las funciones desempeñadas en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

3. Los concursos deben organizarse de manera tal que expertos independientes, agrupados en jurados evaluadores, asignen al menos el 60% del puntaje total.

4. Para garantizar transparencia deben redactarse varios temarios para los exámenes escritos y realizar un sorteo público inmediatamente antes de la prueba ante los postulantes.

5. Se debe garantizar el anonimato de los concursantes. La corrección de las pruebas debe hacerse mediante un sistema de codificación.

6 . Los jurados deben confeccionar dictámenes detallados, que incluyan las fortalezas y debilidades de cada exposición.

7. Las entrevistas orales deben filmarse para que puedan ser revisadas posteriormente por jurados, concursantes y otros interesados

8. Toda la documentación vinculada a los concursos debe ponerse a disposición en Internet con herramientas de búsqueda que faciliten el acceso.

9. Deben establecerse canales de participación ciudadana mediante los cuales cualquier interesado pueda impugnar candidatos en forma oportuna.

En Salta La entrevista otorga hasta el 50% de los puntos previstos en todas las instancias de los concursos para juez o fiscal. De ese modo, desequilibra los antecedentes y preparación científica acreditados por los postulantes.

Por nombramientos en cargos del Ejecutivo los candidatos reciben hasta cuatro puntos. Por funciones en la Justicia o el Ministerio Público se les reconoce hasta un punto. No hay equivalencia. En Salta los propios miembros del Consejo de la Magistratura hacen todas las evaluaciones y asignan el 100% de los puntos.

El Consejo de la Magistratura no realiza sorteos públicos de temarios antes de los exámenes en presencia de los aspirantes.

No se garantiza el anonimato de los concursantes. En los exámenes escritos no se usan seudónimos, claves numéricas ni sistemas de codificación. Faltan recaudos para garantizar la confidencialidad de las consignas.

En otras provincias Para evitar la discrecionalidad en las entrevistas, en Misiones se otorga un máximo de 10 puntos sobre 250. En Tucumán se entregan 10 puntos sobre un total de 100. En diversas provincias, la etapa de análisis de antecedentes otorga mayor cantidad de puntos y con más equidad que en Salta.

En provincias como Misiones y Río Negro, expertos independientes asignan más de la mitad de los puntos. En Santa Fe dos grupos de jurados resuelven el 100% de los puntajes.

En Corrientes se confeccionan y sortean tres temas. En Tucumán cada miembro del jurado prepara dos temarios. En la Ciudad de Buenos Aires se seleccionan y sortean dos casos prácticos.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los exámenes escritos se realizan con un sistema de codificación que garantiza el anonimato de los concursantes ante los jueces al momento de evaluar las pruebas.

El Tribuno