El patrimonio de los funcionarios, ahora a un clic de distancia

Por Maia Jastreblansky

Una nueva aplicación de LNData permite conocer bienes de 93 miembros del Poder Ejecutivo, 83 legisladores y 86 jueces.

El patrimonio de funcionarios , legisladores y jueces son datos de enorme interés para la ciudadanía, pero de muy difícil acceso en la Argentina.

A partir de hoy, gracias a una aplicación desarrollada por LA NACION, las declaraciones juradas (DDJJ) de 93 integrantes del Poder Ejecutivo, 83 diputados y senadores y 86 jueces federales estarán abiertas al público para ser exploradas e incluso descargadas con un solo clic.

Tras un trabajo de más de un año, en conjunto con las ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Directorio Legislativo y Poder Ciudadano, y gracias al apoyo de la Knight-Mozilla Open News Foundation, se puso en línea el sitio http://interactivos.lanacion.com.ar/declaraciones-juradas .

La herramienta contiene documentos originales y visualizaciones interactivas que transparentan los bienes que poseen los funcionarios argentinos. El detalle de sus casas, sus autos, el monto de sus ahorros, sus sueldos y las empresas de las que son socios pueden conocerse de manera abierta, en un formato sin precedente.

Para ello, se recopilaron, digitalizaron y chequearon más de 600 formularios, que abarcan las declaraciones patrimoniales de los últimos diez años.

CÓMO EXPLORAR EL SITIO

En el sitio de declaraciones juradas, el usuario se encuentra con tres pestañas, correspondientes a cada poder del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La información se puede filtrar por persona, por tipo de bien, por su valor (clasificado por rangos) y por el año de la declaración patrimonial.

Un clic en la declaración jurada de bienes que el usuario desea explorar deriva en una infografía en la que los datos (poco amables a la lectura en los formularios originales) se lucen con íconos interactivos, que facilitan la comprensión y ofrecen información detallada.

Así, pueden visualizarse en esta aplicación los inmuebles (que incluyen casas, departamentos, campos y hasta tiempos compartidos), los vehículos (entre los que se hallan autos de alta gama, motocicletas y embarcaciones), y otros tipos de bienes, como joyas, armas, caballos y obras de arte.

En distintos recuadros, fueron desglosados también los sueldos, ahorros, la participación en empresas, los títulos y las deudas de los funcionarios.

Con la información que la ACIJ obtuvo del Poder Judicial, se pueden conocer, en orden alfabético, los patrimonios de los jueces, secretarios y vocales de los tribunales más relevantes del país.

A partir de los formularios que el Directorio Legislativo obtuvo del Congreso, se pusieron a disposición del público los formularios de diputados, senadores y otros asesores legislativos.

Poder Ciudadano, en tanto, brindó los datos del Poder Ejecutivo, con las declaraciones patrimoniales de ministros, viceministros y otros funcionarios de menor rango.

La herramienta interactiva permite descargar los formularios originales, tal cual fueron presentados (muchas veces de manera manuscrita) por el funcionario. La aplicación, además, estará abierta a comentarios, observaciones y aportes de los usuarios.

INFORMACIÓN YA NO DISPONIBLE

La herramienta de LA NACION transparenta un cúmulo de información hasta ahora dispersa, que, en general, requería procesos complejos para el acceso público.

Esta aplicación adquiere mayor relevancia porque, con la nueva ley de declaraciones juradas reglamentada por la presidenta Cristina Kirchner el pasado julio, hay datos que ya no estarán disponibles.

Desde este año, los nuevos formularios permitirán a los funcionarios brindar menos datos, dado que sólo están obligados a entregar una declaración ante la AFIP similar a la de Ganancias y Bienes Personales, sin información detallada.

Por ejemplo, no se informará sobre empleos anteriores, tenencias accionarias, ni se hará público el patrimonio que corresponde a los cónyuges de los funcionarios.

La semana próxima, tras una prórroga, vence el plazo para que los funcionarios entreguen los datos de 2012 a la Oficina Anticorrupción, dependencia que deberá subir los nuevos formularios online.

La Nación