17 al 21 de abril de 2017 En la Semana por el Acceso a la Justicia se generaron espacios de diálogo y reflexión -con el formato de mesas redondas de discusión horizontal-, sobre las principales problemáticas vinculadas al acceso a la justicia en el país, y cómo ellas impactan en la posibilidad de vehiculizar otro derechos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales). Nos propusimos, a su vez, dar inicio a un proceso más amplio de generación de sinergias y de conocimiento para la formulación de propuestas de mejoras en las políticas públicas, así como en las acciones que se desarrollan desde la sociedad civil.
La situación del acceso a la justicia en Argentina resulta aún sumamente deficitaria. Para comenzar a revertir esta problemática, se torna necesario generar instancias de discusión colectiva en relación a los múltiples obstáculos y barreras que presenta el ejercicio de este derecho, y cómo ello impacta en la posibilidad de vehiculizar otro derechos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) vulnerados.
El acceso a la justicia se configura como un derecho fundamental que cuenta tanto con reconocimiento nacional como internacional. El acceso a la justicia se encuentra estrechamente vinculado con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la garantía constitucional del debido proceso legal y la inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 18 CN). Sin embargo, gran parte de la población no obtiene una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas, por la presencia de múltiples barreras u obstáculos que dificultan, impiden o restringen el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Estas barreras suelen afectar especialmente a grupos vulnerabilizados en términos de género, etnia, edad, discapacidad, identidad sexual, situación migratoria o socioeconómica. A su vez, afectan a personas que se encuentran privadas de libertad o que son víctimas de violencia.
En este sentido, se ha puesto énfasis en la necesidad de que se inicien procesos de reformas que tiendan a revertir las principales barreras en el acceso. Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Estados se han comprometido expresamente a “Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos” (ODS 16). Para ello, un abordaje integral y sistémico resultaría tan novedoso como imprescindible. Mientras tanto, hasta que las actuales barreras para un igualitario acceso a la justicia no logren ser removidas, nuestras democracias seguirán en deuda con los derechos.
Por ello, la Semana por el Acceso a la Justicia se propuso generar un espacio de diálogo y reflexión sobre los problemas del acceso a la justicia en el país, convocando para ello a actores fundamentales para esta discusión. Ello, con miras a dar inicio a un proceso más amplio de generación de sinergias y de conocimiento para la formulación de propuestas de mejoras en las políticas públicas y en las acciones que se desarrollan desde la sociedad civil.
Durante la semana se convocaron a cinco encuentros, con el formato de mesas redondas de discusión horizontal, en torno a los siguientes temas: “Acceso a la Justicia y Villas”; “Acceso a la Justicia y Género”; “Acceso a la Justicia y Discapacidad”; “Acceso a la Justicia y Defensa Pública”; y “Hacia una Agenda Común Participativa para el Acceso a la Justicia”.
MESA 1. Acceso a la Justicia y Villas
Pobreza estructural y barreras económicas, sociales, culturales y geográficas que afectan especialmente a quienes habitan en contextos de segregación socio-urbana.
MESA 2. Acceso a la Justicia y Género
Discriminación por razones de género, violencia, e impactos diferenciales sobre las mujeres de los déficits en el acceso a la justicia.
JORNADA INTERNACIONAL UNLA. Resolución de Conflictos y Acceso a la Justicia
Reflexiones sobre los distintos tipos de conflictos que se observan en los territorios y los diseños de estrategias y políticas públicas necesarios para el abordaje del acceso a la justicia.
MESA 3. Acceso a la Justicia y Discapacidad
Las barreras que obstaculizan especialmente a las personas con discapacidad para acceder a la Justicia.
MESA 4. Acceso a la Justicia y Ministerios Públicos
El rol de los Ministerios Públicos para asegurar asistencia legal de calidad a quien la requiera. Situación actual y nuevos desafíos en materia de acceso a la justicia.
MESA 5 – CIERRE. Hacia una Agenda Común Participativa para el Acceso a la Justicia
Las reformas judiciales necesarias. Diagnósticos y propuestas de políticas públicas.
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CONVOCARON
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia -ACIJ
Namati
Defensoría General de la Nación, Ministerio Público de la Defensa
Dirección General de Acceso a la Justicia, Ministerio Público Fiscal de la Nación- ATAJO
Subsecretaría de Acceso a la Justicia. Ministerio de Justicia y DDHH
Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales – INECIP
Asociación por los Derechos Civiles – ADC
Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS
Poder Ciudadano
Instituto de Justicia y Derechos Humanos, UNLA
[tab: Villas]
MESA 1. Acceso a la Justicia y Villas
Pobreza estructural y barreras económicas, sociales, culturales y geográficas que afectan especialmente a quienes habitan en contextos de segregación socio-urbana.
Quienes habitan en las villas lo hacen en contextos segregados urbana y socialmente, en los que se concentran una variedad de violaciones de derechos básicos. A su vez, la mayor parte debe enfrentar barreras adicionales significativas para acudir a la justicia para la tutela de sus derechos. Sin embargo, así como la falta de recursos económicos no debería ser obstáculo para el acceso a la justicia, tampoco deberían serlo las barreras geográficas, lingüísticas, culturales, etc.
En los últimos años se ha incrementado en forma notoria la oferta de oficinas descentralizadas en las villas de los grandes centros urbanos. Sin embargo, a pesar de dicho avance, aún queda mucho por hacer para incrementar los impactos de esas políticas en la vida diaria de quienes habitan esos territorios. Entre los pendientes, aún falta un plan integral que coordine, integre y unifique las acciones, programas, planes y estrategias que en materia de acceso a la justicia se vienen llevando a cabo desde distintas instituciones. La coordinación de políticas interinstitucionales evitaría la existencia de zonas vulnerables que, por exceso (superposiciones o fragmentación o segmentación) o defecto (zonas silenciadas o sin ningún tipo de respuesta institucional), no obtienen una respuesta jurisdiccional acorde a las necesidades jurídicas.
En esta mesa se abordaron los principales desafíos que debe afrontar el Estado y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en propuestas para suprimir estas barreras de accesibilidad. Se recogieron lecciones aprendidas a partir de la implementación de programas que intentan suprimir las barreras geográficas para hacer accesible y cercana la justicia mediante una cobertura territorial más amplia y equilibrada, como así también algunos de sus posibles desafíos actuales (sostenibilidad en el tiempo; calidad y uniformidad en la asistencia; protocolos de atención; gestión de la información; focalización; selectividad, etc.), y sobre la posibilidad de generar instancias de coordinación interinstitucional por parte de las instituciones de la administración de justicia y otros actores estratégicos.
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CONVOCARON
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia -ACIJ
Namati
Dirección General de Acceso a la Justicia,Ministerio Público Fiscal de la Nación- ATAJO
Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS
Techo Argentina
Habitar Argentina
[tab: Género]
MESA 2. Acceso a la Justicia y Género
Discriminación por razones de género, violencia, e impactos diferenciales sobre las mujeres de los déficits en el acceso a la justicia.
Los factores económicos, geográficos, administrativos, simbólicos y culturales tienen un impacto importante en el acceso a la justicia. Estos factores interactúan y agravan la situación de las mujeres.
La violencia de género interpela al estado a brindar de manera prioritaria una respuesta integral para la prevención, investigación, sanción y reparación de actos de violencias ejercidos contra las mujeres. Las mujeres víctima de violencias vivencian las fallas en los mecanismos preventivos por defecto o inacción de los órganos responsables. El marco normativo constriñe al Estado a tomar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todo los ámbitos donde desarrolle sus actividades interpersonales.
A la vez, las situaciones de discriminación hacia las mujeres suelen ser múltiples y se basan en razones de género, pobreza, etnia, edad, discapacidad, identidad sexual, calidad migratoria. De ahí la necesidad de contar con políticas públicas que permitan dar cuenta de la interseccionalidad de género en el acceso a la justicia y lograr mecanismos especializados de respuesta.
En esta mesa se abordaron los principales desafíos que enfrenta el Estado en materia de acceso a la justicia y género, planteando los factores que favorecen y dificultan la protección integral de las mujeres en este sentido. Asimismo, se buscó generar el debate en torno al abordaje que requieren situaciones de múltiple discriminación que impiden y agravan la situación de las mujeres de cara al efectivo derecho a la justicia, planteando desafíos futuros para el sistema de justicia.
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CONVOCARON
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia -ACIJ
Namati
Cerrando Brechas
El proyecto Cerrando Brechas cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea
Amnistía Internacional
Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero – ELA
Fundación SIGLO XXI
Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes – CAREF
Fundación Mujeres en Igualdad – MEI
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM
[tab: Res. de Conflictos]
JORNADA INTERNACIONAL, UNLA. Resolución de Conflictos y Acceso a la Justicia
Reflexiones sobre los distintos tipos de conflictos que se observan en los territorios y los diseños de estrategias y políticas públicas necesarios para el abordaje del acceso a la justicia.
A partir de la “Mesa de trabajo sobre nuevas perspectivas de acceso a la justicia en la Provincia de Buenos Aires. Y los desafíos actuales”, realizada en 2016, el objetivo de este encuentro fue continuar el debate y la reflexión sobre los distintos tipos de conflictos que se observan en los territorios y sobre los diseños de políticas públicas y estrategias de intervención para el acceso a la justicia.
Se expusieron los resultados de relevamientos realizados en la zona sur del Conurbano Bonaerense, los trabajos realizados por investigadores de otros países de la región y la experiencia de algunos de los responsables nacionales de la implementación de acciones para el acceso a la justicia.
En la primera mesa, llamada “Diálogos sobre conflictos y acceso a la justicia, la experiencia de Argentina, Brasil y Colombia”, estuvieron presentes la investigadora del Núcleo de Estudios e Investigaciones Fluminenses (UFF) Universidad Federal Fluminense (Brasil) y del Equipo de Antropología Política y Jurídica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Lucia Eilbaum, la ex directora nacional del Programa de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y titular de la cátedra de Acceso a la Justicia de la Universidad de José C. Paz, Débora Oliva, la directora de investigaciones del área de Sistema Judicial en Dejusticia (Colombia), Carolina Villadiego, el profesor de Antropología y Métodos Cualitativos, Departamento de Seguridad Pública Facultad de Derecho de la Universidad Federal Fluminense, Brasil, Lenin Pires y el director de Litigio del Centro de Estudios Lugares y Sociales y docente de la UNLa, (Argentina) Diego Morales.
La segunda mesa, titulada “Propuestas de acción y formas de acceder a la justicia en el territorio”,l contó con la presencia de director del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJO), Julián Axat, el Director de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Gustavo Maurino, el Defensor del Pueblo Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, el procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Víctor Abramovich y director del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, Gustavo Federico Palmieri.
Esta Jornada Internacional fue organizada por la Universidad Nacional de Lanús a través del Instituto de Justicia y Derechos Humanos y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Se desarrolla en el marco del proyecto “La inclusión social como dimensión de la política judicial” financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deporte y en ocasión de la Semana por el Acceso a la Justicia. Hacia una agenda común participativa para el Acceso a la Justicia”.
CONVOCARON
Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS
Instituto de Justicia y Derechos Humanos, UNLA
[tab: Discapacidad]
MESA 3. Acceso a la Justicia y Discapacidad
Las barreras que obstaculizan especialmente a las personas con discapacidad para acceder a la Justicia.
Si bien las personas con discapacidad representan más del 15% de la población mundial, los servicios de justicia parecerían no dar cuenta de ello, operando una serie de barreras que dificultan el acceso a la justicia. La discapacidad es un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación, no es una característica de la persona en sí, sino que surge de la interacción entre factores personales y ambientales. Por ello, el apoyo institucional es un elemento clave para el ejercicio efectivo de derechos en procesos judiciales o administrativos.
El Estado tiene la obligación constitucional de promover y legislar medidas de acción positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución, por la Ley 26.378 y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos de lxs niñxs, las mujeres, lxs ancianxs y las personas con discapacidad (art. 75, inc. 23 CN)
En esta mesa se buscó identificar las barreras (arquitectónicas, comunicacionales, lingüísticas, de interacción con el medio sociocultural, sesgos y prejuicios) que dificultan el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, así como los avances y principales desafíos actuales hacia el cumplimiento íntegro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.
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CONVOCARON
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia -ACIJ
Namati
Asociación por los Derechos Civiles – ADC
Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS
Grupo Aartículo 24
Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad – REDI
[tab: Min. Públicos]MESA 4. Acceso a la Justicia y Ministerios Públicos
El rol de los Ministerios Públicos para asegurar asistencia legal de calidad a quien la requiera. Situación actual y nuevos desafíos en materia de acceso a la justicia.
¿Cuál es el rol que están llamados a cumplir los Ministerios Públicos?
La justicia se configura como una garantía del derecho de igualdad en la medida que el Estado se muestra con capacidad de asegurar a la ciudadanía la igualdad de oportunidades y pueda hacer efectivo los Derechos Humanos, en los cuales se inscribe el acceso a la justicia. Sin embargo, no siempre los servicios jurídicos se han organizado en función de la necesidades jurídicas de lxs usuarixs, o para atender sectores vulnerables que registran mayores necesidades jurídicas.
Esta mesa abrió la discusión sobre los avances y desafíos en materia de defensa pública y otros actores de los Ministerios Públicos, identificando necesidades y líneas de acción posibles para promover políticas públicas de acceso a la justicia (universalización del acceso a servicios jurídicos; articulaciones interinstitucionales, intersectoriales; legitimación de las Defensorías para la defensa de derechos colectivos); la Defensa en materia civil, y administrativa; la cobertura de demanda insatisfecha; etc. Asimismo, se abordaron aspectos vinculados al establecimiento de mecanismos de asistencia letrada al alcance de quien lo precise, y la forma de garantizar la asistencia técnica-jurídica de calidad y especializada.
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Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia -ACIJ
Namati
Defensoría General de la Nación, Ministerio Público de la Defensa
Dirección General de Acceso a la Justicia, Ministerio Público Fiscal de la Nación- ATAJO
Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires
INECIP – Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
[tab: Hacia una Agenda Común ]
MESA 5 – CIERRE. Hacia una Agenda Común Participativa para el Acceso a la Justicia
Las reformas judiciales necesarias. Diagnósticos y propuestas de políticas públicas.
En Argentina el nivel de confianza en las instituciones estatales y en particular en el Poder Judicial es bajo. Las personas cuyos derechos están siendo vulnerados no suelen ver a la Justicia como un ámbito idóneo para revertir dichas violaciones, ya sea porque no saben cómo hacerlo o porque no creen que en dicho ámbito encuentren la solución.
La satisfacción de las necesidades jurídicas de la población requiere de organizaciones modernas y eficaces capaces de brindar respuestas de manera oportuna, eficiente y equitativa. El Estado se encuentra obligado a mantener una institucionalidad que permita desarrollar mecanismos, tanto administrativos como judiciales, de protección de los derechos. Para ello, es necesario que los Estados inicien procesos de reformas en los sistemas de justicias, a fin de que se actúe sobre las principales barreras en el acceso y en pos de coordinar estrategias sostenidas en el tiempo de articulación interinstitucional e intersectorial.
Esta mesa se propone abordar la situación actual, identificando los puntos prioritarios para el armado de una agenda común participativa entre todos los actores estratégicos que deben intervenir en las discusiones sobre las políticas de acceso a la justicia. En este sentido, se espera avanzar en la reflexión en relación a ¿Qué reformas podrían asegurar mayor grado de igualdad?; ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades que presenta la agenda de reforma judicial en Argentina?; ¿Cómo debería ser ese proceso de reforma?; ¿Cuáles son los estándares que deberían guiar las reformas?; ¿Qué iniciativas valiosas ya se están implementando?; etc.
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