Garantizar el cumplimiento efectivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad requiere la implementación de políticas diseñadas con enfoque de derechos que transformen el modo en que las sociedades conciben y actúan frente a la discapacidad. La asignación de recursos económicos suficientes y adecuados es fundamental para el diseño de dichas políticas. En tal sentido, el presupuesto es una herramienta clave para garantizar que todas las personas, y en particular las personas con discapacidad, ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad.
El presente informe estudia la asignación y ejecución presupuestaria en organismos y políticas claves en materia de discapacidad, analizando su evolución en los últimos años y el presupuesto sancionado para el año 2018. En él, analizamos:
- Los recursos destinados a asegurar los derechos de las personas con discapacidad psicosocial y usuarias de servicios de salud mental y el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental
- Los recursos destinados a la ex Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y actual Agencia Nacional de Discapacidad (AND), organismo encargado de articular políticas para hacer efectivos los derechos de este colectivo
- Los recursos destinados a pensiones no contributivas
- La dificultad de identificar políticas para garantizar la educación inclusiva en el presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación
Asimismo, se aborda el impacto que tiene la falta de información adecuadamente desagregada en los documentos presupuestarios, lo que impide comprender qué se realiza en el marco de cada programa y si las actividades efectivamente se orientan a garantizar los derechos de las personas con discapacidad.