Por la pandemia, se ejecutó sólo el 5% del presupuesto para prevenir y controlar el Chagas

Desde el Gobierno aseguran que hay cuestiones administrativas y retrasos que se compensarán en lo que queda del año. Pero entidades civiles reclaman voluntad política.

Por Rocío Magnani.

El Chagas es la endemia más extendida en la Argentina, además de una de las enfermedades más “desatendidas” a lo largo del planeta, según la Organización Panamericana de la Salud. Se la suele asociar con la ruralidad y las condiciones de vida precarias, aunque cada día tiene más incidencia en las ciudades por la trasmisión de madre a hijo.

Alrededor de un millón y medio de argentinos tiene Chagas y, por año, nacen 1.500 bebés con la enfermedad. Uno cada 6 horas.

Como no existen vacunas, como contra el Covid-19, la estrategia desde el Estado se enfoca principalmente en el control de las vinchucas, el diagnóstico temprano y el tratamiento de la enfermedad. Así, se delineó hace 14 años, con la sanción de la Ley Nacional de Chagas 26.281.

Sin embargo, este año, organizaciones civiles señalan que los objetivos de gestión del Chagas están lejos de cumplirse no por falta de presupuestos, sino por su baja ejecución.

“Aunque en 2021 el presupuesto asignado fue el más alto de los últimos 10 años, la ejecución al mes de agosto apenas llega al 5% del crédito vigente en las dos partidas específicas del programa de Prevención y Control de Enfermedades Endémicas”, comunicó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Los datos responden a un monitoreo presupuestario que hizo la organización a partir del sistema de datos abiertos del Ministerio de Economía y señalan que, en concreto, de la actividad “Prevención y Atención Integral de la Enfermedad de Chagas” sólo fueron utilizados $ 3.409.967 de $ 69.556.222, es decir, un 4,9%, mientras que de la partida “Fortalecimiento de la Interrupción de la Transmisión Vectorial del Chagas”, sólo se utilizaron $ 48.608.325 de $ 944.174.352, un 5,15%.

El informe detalla, además, que hay otra actividad dentro del mismo programa, denominada de “Control de Enfermedades Transmisibles por Vectores y Zoonosis en General”, cuya ejecución “también es muy baja” -específicamente, del 25,8% al primer semestre-. Pero con el inconveniente de que “si bien podría beneficiar a las políticas de Chagas”, como incluye otras enfermedades como el dengue “no es posible conocer su impacto en el abordaje de la problemática”.

Si se contempla esta última partida, la ejecución promedio de las tres actividades para la prevención y el control del Chagas –incluida esta última que contempla otras enfermedades- no llega al 14%.

“Es una situación muy grave”, asegura a Clarín Francisco Rodríguez Abinal, coordinador del programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “Cuando se aumentan las partidas presupuestarias, también aumentan los objetivos para esos años. Concretamente en Chagas, las metas físicas tienen que ver con estudios serológicos, que se hacen a personas embarazadas, niñas y niños para una detección y prevención temprana”, ejemplificó.

En ese sentido, “el presupuesto nacional planteaba que se iban a hacer 450 mil este año. Luego, el Poder Ejecutivo lo disminuyó a 360 mil y, a marzo de este año, que es la última información disponible, solamente se habían realizado 24 mil de esos estudios”.

El informe detalla además que, en el caso del rociado de viviendas, las metas originales pasaron de 45.000 a 40.000. Visto en la práctica, podría ser incluso menor: “En los primeros tres meses, se informó el rociado de 2.261 viviendas, un 56,5% de las 4.000 proyectadas para el primer trimestre”, agrega el texto.

“Si tenemos en cuenta que aproximadamente por año nacen 1.500 niñas y niños con Chagas en la Argentina –siguió el abogado de ACIJ-, el hecho de que las personas no puedan acceder a estos estudios serológicos aumenta muchísimo el riesgo de que el número crezca y de que nuevas personas tengan que vivir con Chagas toda su vida”, señaló.

La réplica del Gobierno nacional

El Ministerio de Salud aseguró a Clarín que la proyección anual de la ejecución, en base a los procesos iniciados en 2021, alcanzará a utilizar entre un 85% y un 90% del presupuesto de $ 1,624,848,714 asignado a la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores.

En esa línea, aclaró la dependencia, “la estrategia es del abordaje integrado de las enfermedades transmitidas por vectores, como dengue, Chagas y zika”, por lo que “hay acciones y estrategias que son comunes y por eso la información no está discriminada por enfermedad vectoriales”.

El director de Control de Enfermedades Transmisibles, Hugo Feraud, explicó a este diario que hay dos factores por los que los datos del Ministerio de Economía reflejan una subejecución presupuestaria.

El primero es una cuestión de proceso administrativo: “Hay procesos abiertos, que están iniciados pero que al mes de agosto todavía no impactan. Esto empieza a impactar en el último trimestre del año, por las demoras que tienen los procesos de apertura, controles, adjudicaciones, todo lo que tiene una adquisición”.

El ministerio describió que “la presentación de las facturas para cobro por parte de las empresas adjudicatarias de los procesos de licitación lleva en ocasiones varios meses y esto depende de factores externos al MSAL. Este ejemplo va para reforzar el hecho de que un porcentaje de ejecución en el primer semestre del período presupuestario no implica que no se hallan desarrollado acciones y actividades de la planificación anual, porque impacta en la ejecución a posterior”.

La segunda razón, señaló Feraud, se relaciona con las dificultades que generaron “las restricciones a la circulación en algunas provincias durante el primer semestre con la segunda ola de coronavirus”, sobre todo en la ejecución de uno de los programas específicos destinados a Chagas, el de “Fortalecimiento de la Interrupción de la Transmisión Vectorial del Chagas”.

“Hoy, hay más de 200 operarios trabajando, pero en ese presupuesto de ‘Fortalecimiento’ había una línea de financiamiento para ingresar unos 200 a 250 operarios más que no se tomaron por esta cuestión. Por eso, una de las líneas figura sin ejecutar”, detalló.

Esos trabajadores tendrían distintos roles, como operarios de terreno, expertos epidemiólogos y cargadores de datos, explicó el funcionario. “Sus remuneraciones hubieran impactado fuertemente en la ejecución del presupuesto, pero como no se podían desplegar todas las acciones posibles en terreno, eso se frenó, porque tampoco era prudente ni era un uso racional de los fondos tener a gente pagándole un sueldo que no pudiera desempeñar su trabajo”, argumentó Feraud. Además, puntualizó, “se priorizó que los equipos estuvieran vacunados para poder hacer su trabajo”.

Otro caso fue la demora de obras edilicias. “Hay dos obras dentro del proyecto de ‘Fortalecimiento’ que tenían que ver con la construcción y reparación de las bases que tenemos del programa de vectores en casi 14 provincias, y los técnicos que tenían que encargarse del diseño de obra, la supervisión, los trámites concernientes al título de terreno, se fueron demorando”, siguió Feraud.

“Son 14 gestiones próximas a iniciar, de las cuales hay dos que van a impactar fuertemente en la ejecución, porque son la construcción y refuncionalización de las bases de Corrientes y de Chaco, que ahí había una inversión incluida en el presupuesto de ‘Fortalecimiento’”, puntualizó.

“Voluntad política no es solo asignar un presupuesto”

Para Cecilia Centurión, referente de Todos Frente al Chagas, no hay que perder de vista que “detrás de los números, hay personas de clases sociales muy vulnerables que no están accediendo a sus derechos”. La población a la que más afecta la enfermedad “tiene miedo de perder el trabajo si lo dice en voz alta, es un perfil que no va a salir a cortar la 9 de julio como con otras enfermedades”.

“En todos los países bajó el control vectorial producto de la pandemia, pero eso no exculpa responsabilidades, porque la población bajo riesgo de trasmisión de Chagas no tiene menos derechos que la que está expuesta al Covid y se la está condenando al riesgo de enfrentar una discapacidad prematura o una muerte prematura”, acusó.

En esa línea, Centurión recordó que “el 30% de los infectados por Chagas llega a fase crónica sintomática, con la posibilidad de que aparezcan cardiopatías, que requieren de trasplantes, ACV hemorrágico o megacolon”.

“Reconocemos los condicionamientos de la pandemia, pero es momento de hacer el esfuerzo. Porque voluntad política es todo. No solo asignar presupuesto y que después se subejecute. El sistema está haciendo lo posible para que haya el menor riesgo de infección, mayor detección y acceso al tratamiento, pero sin presupuesto es difícil”, aseguró.

Además, puntualizó que la ejecución de 4,9% del presupuesto de Chagas “pone en riesgo que el país vuelva a lograr la certificación de Incosur para Chagas, que organiza la Organización Panamericana de la Salud y que se había logrado en 10 provincias”.

Desde el periodo estudiado –enero a agosto de 2021- quedan cuatro meses del año fiscal para ejecutar el 95% de las partidas específicas de Chagas. “No ignoramos que vivimos en una situación de pandemia, y que muchas medidas tienen que ver con que las personas accedan al acceso primario de salud, pero 5% de ejecución es un número muy bajo”, afirmó Rodríguez Abinal de ACIJ.

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