Pese a los cuestionamientos, avanza la designación del candidato de Santiago Cafiero al frente de la Agencia de Acceso a la Información Pública

Hoy se realizó la audiencia pública virtual en la que el abogado Gustavo Fuertes defendió su candidatura. Lo hizo durante cuatro horas en medio de críticas de legisladores opositores y organizaciones de la sociedad civil por no cumplir los requisitos previstos en la ley, vinculados a la idoneidad necesaria y autonomía política. Como su resultado no es vinculante, el Ejecutivo puede ya oficializar su nombramiento.

Por Mariel Fitz Patrick

Pese a los cuestionamientos de diputados opositores, referentes en materia de transparencia de datos en el Estado y una veintena de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs), el Gobierno cumplió con la última instancia antes de designar a Gustavo Fuertes al frente de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), al realizar la audiencia pública en que se discutieron las impugnaciones y adhesiones que recibió el candidato.

Se trata de un abogado de confianza del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que se desempeña actualmente como asesor legal “experto en Políticas Públicas” de la Secretaría de Coordinación Administrativa de esa cartera. Si bien cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito de función pública, no tiene antecedentes laborales ni académicos en temas de Acceso a la Información, según surge del currículum difundido por la Jefatura de Gabinete. Sus cargos anteriores como funcionario en la administración pública bonaerense están vinculados, en gran parte, al área de Comercio del Ministerio de la Producción de la Provincia, y a temas de defensa del consumidor.

Esta “falta de idoneidad”, de experiencia y de formación específica en materia de Acceso fueron el eje de los cuestionamientos a su candidatura por “no reunir los requisitos” establecidos en la propia ley de Acceso, así como la posible “falta de independencia política” por su cercanía con Cafiero. Tal como reveló Infobae, Fuertes fue aportante en la campaña electoral del Frente para la Victoria en la campaña del 2015.

También cuestionaron que fuera “un desconocido” entre los actores y organizaciones que trabajan en temas de Acceso a la Información Pública y de defensa de Datos Personales, y que la propuesta de su candidatura por parte de la Jefatura de Gabinete no estuvo “fundamentada”. Por estos argumentos, se reiteraron los pedidos para que el Ejecutivo dé marcha atrás con su candidatura. Sin embargo, la audiencia no es vinculante y el Ejecutivo puede avanzar igual con la designación.

Fuertes, quien además de abogado es escribano recibido en la Universidad Nacional de La Plata, fue impugnado por las diputadas de Juntos por el Cambio Karina Banfi, Marcela Campagnoli, María Dolores Martínez, la senadora radical Silvia Elías de Pérez, y el ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido. También por una veintena de ONGs, entre las que se encuentran ACIJ, Poder Ciudadano, Fundación Directorio Legislativo, la Asociación por los derechos Civiles (ADC), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Fundación Vía Libre, y Democracia en Red. Varias de ellas promovieron durante más de una década la ley de Acceso a la Información Pública, sancionada finalmente en 2016 a comienzos de la gestión de Cambiemos.

Como contrapartida, tuvo 50 adhesiones, en su mayoría de organizaciones de defensa del consumidor, universidades, académicos, y ex funcionarios que compartieron gestión con él.

Sin transmisión al público en directo

En la audiencia, que comenzó hoy a las 9.30 de la mañana de forma virtual y se extendió por cuatro horas, se inscribieron 65 oradores. Para participar y seguirla fue necesaria la inscripción previa, y no fue transmitida en forma directa y abierta a la ciudadanía, un aspecto que fue cuestionado por muchos de los oradores que impugnaron a Fuertes, y generó un contrapuntos entre los participantes y el presidente de la audiencia, Abelardo Vitale, que defendió su legalidad y reiteró que la modalidad se debió al contexto de la pandemia.

“Esto es inadmisible porque afecta principalmente el acceso a la información de la selección del director que se hace a espaldas de la sociedad. La sociedad va a tener que esperar a que la difundan cuando les parezca, incumpliendo con toda la normativa vigente acerca de audiencias públicas. Asimismo, el sistema elegido de participación tenía cupo limitado, si alguien quería ingresar hoy durante la audiencia, no podía.” advirtió la diputada Banfi. Resaltó que “no se llevó a cabo bajo los requerimientos que determina el artículo 20 de la Ley de Acceso a la información, que establece la selección pública, abierta y transparente que garantice la idoneidad del candidato, toda vez que no fue transmitida en simultáneo por los distintos dispositivos online o por televisión”.

Otra situación que se dio en la audiencia fue que todos los que hablaron – una treintena – lo hicieron para observar la candidatura de Fuertes, en tanto que las adhesiones fueron en su totalidad leídas por los organizadores, ya que ninguno de sus autores se hizo “presente” en la convocatoria virtual. Los avales eran de carácter genérico, sin incluir mayores argumentos en apoyo en su candidatura.

La Agencia es un organismo clave ya que es el que debe asegurar la transparencia en el Poder Ejecutivo y las instituciones que se encuentran bajo su órbita, desde organismos de la administración pública centralizada y descentralizada, hasta empresas del Estado, concesionarias de servicios públicos, universidades nacionales y partidos políticos. Si bien es autónoma, autárquica y debe ser independiente del Poder Ejecutivo de turno, funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de ministros, tal como se estableció en el decreto reglamentario de la ley de Acceso que la creó, dictado en 2017, un aspecto que fue cuestionado por los impulsores de la norma.

Tiene como misión garantizar que los ciudadanos puedan acceder a información de interés público y, a su vez, intimar a los organismos y funcionarios que no responden los pedidos de acceso a la información, o lo hacen de forma insatisfactoria. También debe controlar que los distintos organismos publiquen información completa y actualizada en sus sitios web. A esto se suma que es el órgano encargado de proteger los datos personales y asegurar que en Argentina se respete el derecho a la privacidad.

Los principales cuestionamientos

Fuertes leyó inicialmente la presentación de su candidatura durante 20 minutos en la que destacó “más de 30 años en el Estado” y su “capacidad de gestión” en la administración pública. Y aseguró estar “vinculado al derecho a la información” y la privacidad en los datos personales a partir de su trabajo en la defensa de los derechos de los consumidores. También leyó su “plan de trabajo” y puso el énfasis en la importancia de acceso a la información como derecho humano, y de la “transparencia activa” por parte de la Administración Pública, o sea la obligación de los organismos en publicar información de interés para los ciudadanos.

Que Fuertes haya leído su presentación previamente escrita fue cuestionado por la senadora Elías de Pérez al mencionar su falta de formación y trayectoria en temas de Acceso a la Información: “No sé si la escribió el propio candidato, porque de las preguntas que le haya hecho, la mayoría no ha respondido sabiendo de la materia que le preguntaron”, objetó.

“Si lo hubieran propuesto para ser el director de Defensa del Consumidor, nadie hubiera dicho nada. Pero la Agencia requiere un expertise claro que el candidato no tiene. Todos los avales que se leyeron tienen escrito lo mismo. Y son de determinados académicos, no de las universidades. Y la Universidad que lo apoyó es la de que es egresado”, en referencia a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Nacional de La Plata, cuyo decano, Miguel Oscar Berri, envió su aval.

Garrido también alertó que los apoyos eran “leídos y genéricos”, y que no hubiera “ningún tipo de abordaje concreto y personal sobre los argumentos que cuestionan idoneidad del candidato”. Y advirtió: “Seguramente es un diestro abogado, seguramente es un buen padre de familia y cultiva la amistad transnacional porque veo que ha sido apoyado por académicos de otros países, sin que muestre tener antecedentes en esos países. Pero no hay dudas que no tiene el conocimiento y los antecedentes específicos en la materia”.

Banfi, una de las impulsora de la ley de Acceso a la Información – una norma cuya sanción se demoró 12 años y recién se convirtió en ley con la llegada de Cambiemos al Gobierno- destacó que la Agencia es “un organismo de control” y como tal, debe “monitorear a los funcionarios” a la hora de brindar información a los ciudadanos. Para la legisladora radical, “los antecedentes de idoneidad e imparcialidad del candidato a dirigirla deben ser objetivos” y “con una reputación intachable como la de (el anterior director de la Agencia, Eduardo) Bertoni para poder hacer bien su tarea”.

A su turno, la diputada Campagnoli, tras recordar que “el acceso a la Información Pública es herramienta fundamental para monitorear el impacto de la gestión pública”, destacó que “no hay en su CV ningún antecedente que lo vinculen con el tema de Acceso a la Información, ni curso que lo hayan especializado en el tema”. Y en ese sentido, señaló: “Bajo su órbita, en distintas direcciones de la Agencia, están Eugenia Braguinsky, Ana Pichón Riviere y Eduardo Cimato, que tienen mucha más idoneidad que usted”. Al frente de las áreas de Acceso y la de Protección de datos personales, todos ellos vienen de la gestión de Bertoni, nombrado durante la gestión de Mauricio Macri y quien renunció el 1ro de enero pasado por motivos personales, cuando aún le quedaba un año y medio de mandato.

Su defensa

A medida que se sucedían los cuestionamientos sobre su falta de formación en la materia y de idoneidad para el cargo, Fuertes buscó defenderse citando su experiencia en la administración pública. “El concepto de idoneidad se basa en mi trayectoria administrativa, en mi capacidad de aplicar las normas de hacer hechos proyectos de ley y decretos reglamentarios. El Dr. Bertoni tuvo una tarea valiosa, que fue generar dos áreas sustantivas muy idóneas que me siento con capacidad de conducirlas”.

E insistió en que su experiencia era pertinente al cargo para el que fue propuesto: “Llegué por mis propias capacidades, y con la obligación de respetar y hacer cumplir la ley. No veo que pueda alterar el principio de imparcialidad que yo integre la Jefatura de Gabinete actualmente. Fui autoridad de aplicación de muchas leyes y siempre me maneje con total autonomía, imparcialidad y total autonomía del poder político del turno. Tengo una gran capacidad de análisis de las leyes por mi experiencia, lo que veo como una fortaleza”.

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, en línea con el resto de los oradores que se explayaron con sus observaciones sobre la falta de antecedentes en el área para la cual fue propuesto, resaltó que “el propio candidato lo está diciendo en su CV. El candidato está diciendo la verdad, ‘no tengo experiencia en la materia’, por eso la Jefatura de Gabinete no puede justificar la candidatura”.

Y agregó: “No ponemos en duda la profesionalidad del candidato, porque no lo conocemos, pero esas cartas de adhesión que se leyeron no argumentan sobre su idoneidad. Ninguna de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el Acceso le dio al una adhesión al candidato, porque carece de prestigio o reconocimiento pública en el tema”.

Fuertes intentó contra-argumentar las críticas, al ver que sus antecedentes administrativos no conformaban a los presentes, en sus capacidades a la hora de “conducir un equipo de trabajo y generar recursos”. Y en ese sentido, señaló que “la Agencia no tiene recursos propios y eso implica que pierda parte de su autonomía”. Y aseguró que pensaba trabajar para que la Agencia genere recursos, por ejemplo, a través del cobro de multas a quienes violen la ley de protección de datos personales”. Este argumento fue cuestionado por la senadora Elías de Pérez, quien destacó que confundía “autonomía” con la autarquía financiera de la Agencia.

Fuertes, también defendió su independencia política en caso de asumir el cargo. “Desde el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2019 fui funcionario de María Eugenia Vidal en la Provincia. Recién me sumé a este Gobierno el 10 de diciembre de ese año. Siempre me manejé con total autonomía, total independencia e imparcialidad de los ministros que me designaron. En mi trayectoria trabajé con 13 ministros, y como prueba de mi desempeño, Vidal me confirmó cuando asumió”, señaló.

“No me siento ni condicionado por haber sido postulado para ejercer el cargo por el propio jefe de Gabinete, la verdad en mi vida administrativa siempre fue así. Las designaciones vienen de quien está a la cabeza de un ministerio”, argumentó ante los cuestionamientos por ser un asesor de confianza de Cafiero, un funcionario que podría ser objeto de futuras intimaciones por parte de la Agencia en caso de que no cumplir con la ley de Acceso. Y en este sentido, Fuertes agregó: “No la puso esta gestión dentro de la órbita de la jefatura de Gabinete. No me importa quién me pone, estoy para cumplir con la ley. Y mi historia administrativa me respalda”.

A su turno y luego de algunos desperfectos en el audio, Sebastián Pilo, co-director ejecutivo de ACIJ, señaló que “el principio de idoneidad, no es abstracto, sino que es específico y esa idoneidad debe ser argumentad con conocimientos técnicos, compromiso con el tema y una trayectoria que Fuertes no tiene. Y es una condición para que el director de la Agencia tenga la legitimidad necesaria para un ejercicio autónomo del cargo, que incluye tener que actuar contra otros funcionarios, incluso el que lo propuso”.

A las prevenciones expresadas por Pilo y otros oradores en función de las dudas sobre la autonomía funcional de la Agencia, en caso de asumir como director, Fuertes respondió: “Me voy a desempeñar con total independencia. Me pueden creer o no, no me importa quién fue el que me haya elegido, y si el jefe de Gabinete me puso en esta responsabilidad, es porque sabe como soy. Yo voy para adelante, nunca para atrás”.

Y en relación a lo revelado por Infobae, de que fue donante de la campaña del kirchnerismo en 2015, afirmó: “Lo que uno aportara voluntariamente no es ningún invalidante ni moral ni ético. Uno aporta a un partido aun sin estar afiliado”.

A partir de la audiencia de hoy, el Ejecutivo tiene siete días para avanzar en la designación de Fuertes.

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