El Gobierno propuso como director de la Agencia de Acceso a la Información Pública a un abogado sin antecedentes que fue aportante electoral del kirchnerismo en 2015

Se trata de Gustavo Fuertes, que trabaja como asesor en la Jefatura de Gabinete. ONGs y la oposición manifestaron su preocupación por su “falta de idoneidad” para ese cargo. Antes de ser designado, deberá pasar por una audiencia pública.

Por Mariel Fitz Patrick.

El Gobierno propuso como candidato para ser director de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) a Gustavo Fuertes, un abogado de confianza del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que es actualmente asesor legal “experto en Políticas Públicas” de la Secretaría de Coordinación Administrativa de esa cartera, quien no cuenta con antecedentes en materia de Acceso a la Información, según surge del currículum publicado en el Boletín Oficial. No obstante ello, “a criterio de esta autoridad cuenta con la idoneidad suficiente para el desempeño del cargo referido”, según se lee en la Resolución 100/2021 firmada por Cafiero. En el texto se destaca que Fuertes “no se encuentra incurso en las incompatibilidades” previstas en la ley de Acceso a la Información Pública (Nº 27.275 ), “ni se ha desempeñado en el transcurso de los cinco años anteriores en cargos electivos ni partidarios”.

La falta de antecedentes curriculares de Fuertes en temas de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales despertó preocupación en las organizaciones de la sociedad civil y referentes de la oposición que promovieron durante más de una década la ley de Acceso a la Información Pública, sancionada finalmente en 2016 a comienzos de la gestión de Cambiemos.

Desde la Jefatura de Gabinete relativizaron estas críticas ante la consulta de Infobae: “Las dudas y cuestionamientos que puedan surgir sobre su candidatura van a ser respondidos institucionalmente en el proceso de designación y ante los requerimientos que se hagan”, sostuvieron.

La oficialización del nombramiento de Fuertes debe pasar antes por un proceso que implica, tras la publicación hoy de sus antecedentes, la apertura de una instancia en la que el candidato puede recibir observaciones que se pueden enviar a partir del 23 de este mes. Luego, Fuertes deberá pasar por una audiencia pública fijada para el 23 de marzo a las 9 de la mañana y que se realizará en forma virtual, en la que dispondrá de 20 minutos para exponer sobre “la pertinencia de su designación, sus antecedentes curriculares, su propuesta de plan de trabajo y una breve respuesta a las observaciones recibidas”. La inscripción para participar de la audiencia se abrirá también el martes próximo. Sin embargo, esta instancia no es vinculante, y el Ejecutivo puede avanzar en su nombramiento en los siete días posteriores, más allá de los cuestionamientos que tenga el candidato, u optar por retirar su propuesta e iniciar nuevamente el proceso con otro nombre.

Ex funcionario bonaerense

De 59 años y oriundo de la ciudad de La Plata, este abogado y escribano se convirtió en el candidato del Ejecutivo para ocupar el lugar que dejó Eduardo Bertoni el primero de enero último, cuando se hizo efectiva su renuncia después de más de tres años al frente de la Agencia. Según informó a fin de año públicamente el propio Bertoni, lo hizo para asumir como representante alterno de la Oficina Regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) para América del Sur, con sede en Montevideo. El ex funcionario tenía mandato hasta agosto de 2022, ya que el cargo es por cinco años y había sido designado en 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri. Anteriormente había sido relator rspecial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) en la Universidad de Palermo.

Según el currículum de Fuertes difundido hoy por el Gobierno, antes de ocupar el cargo de asesor legal en la Jefatura de Gabinete, entre 2018 y 2019, fue asesor jurídico administrativo de la Subsecretaría de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible en la Provincia de Buenos Aires, cargo desde el cual “asistió en la coordinación de la Agenda 2030 para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Provincia de Buenos Aires”, según el CV publicado en el Boletín Oficial.

Sus otros antecedentes en la administración pública bonaerense tampoco están vinculado al Acceso a la Información Pública, sino principalmente al área de Comercio.

Entre enero 2012 y diciembre de 2017, Fuertes se desempeñó como director provincial de Comercio del Ministerio de Producción de la Provincia. Desde ese cargo, “coordinó la implementación de programas nacionales en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires” como “Precios Cuidados, Ahora 12, ProCreAuto y HOG.AR, entre otros”, según detalló la Resolución con sus antecedentes .Previamente, desde 2004, había sido Director de Política Comercial y luego asesor en la Dirección Provincial de Comercio de esa cartera bonaerense.

Entre 1997 y 2002 fue abogado del Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense (IDEB), un ente autárquico del Ministerio de Producción, con un paso en 1994 como asesor jurídico administrativo en el Ministerio de Salud provincial y, previamente, por el Municipio de Berazategui, como jefe del Departamento Jurídico Social, dependiente de la Secretaria de Bienestar Social.

Según el informe final de ingresos y egresos de la campaña electoral para presidente del 2015, Fuertes fue aportante de la fórmula del Frente para la Victoria integrada por Daniel Scioli y Carlos Zannini. Donó $25.000 de ese momento, en efectivo.

Las principales críticas

La diputada nacional Karina Banfi (UCR), una de las impulsoras de la Ley de Acceso, cuestionó el nombre elegido para ser titular de la AAIP y sembró dudas sobre su futura independencia. “Fuertes es un desconocido en el tema, no registra capacitación ni antecedentes en la materia. No tiene más credenciales que ser abogado en la Jefatura de Gabinete, con una relación directa con un área de la que debería ser independiente. No hay que olvidar que por más que la Agencia esté bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, tiene autonomía y autarquía. Tal es así que ninguna resolución de la Agencia bajo la gestión de Bertoni, llevó la firma del jefe de Gabinete, ni de Cafiero, ni antes de Marcos Peña. Esto debería mantenerse así”.

Creada a partir de la sanción de la ley 27.275 en septiembre de 2016 como un organismo autónomo y autárquico que funciona en la órbita de la Jefatura de Gabinete, la AAIP tiene como función garantizar el derecho de acceso a la información pública, promover medidas de transparencia activa y la protección de los datos personales. Como órgano garante del Acceso a la Información, debe velar por el cumplimiento de la norma en la órbita del Poder Ejecutivo, por lo que es clave su independencia del gobierno de turno, ya que debe identificar a los organismos que no cumplen con la ley, y en caso de que no lo hagan, debe intimarlos a acatarla.

“Por la metodología de elección del director de la Agencia prevista en la ley, el valor está puesto en la idoneidad, y en su conocimiento en los temas de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. La falta de conocimiento en esta área puede afectar, sin duda, el control ciudadano sobre estos derechos. Una persona en ese cargo que no tiene esta experiencia en términos de la construcción de un derecho autónomo como es el acceso a la información pública en el marco de los derechos humanos, va a creer que es solo un tema administrativo”, advirtió Banfi en diálogo con Infobae.

“Hay un cúmulo de candidatos con mayores antecedentes y el renombre de Eduardo Bertoni que podrían reemplazarlo”, se lamentó la diputada.

Desde Poder Ciudadano, también hicieron público su cuestionamiento a la posible designación de Fuertes desde la Jefatura de Gabinete. “En principio, el candidato no muestra ninguna experiencia en la materia. La ley de Acceso a la Información estipula que sobre el candidato deberán presentarse antecedentes que acrediten idoneidad para el ejercicio de la función”, alertó el capítulo argentino de Transparencia Internacional, la organización líder en la lucha contra la corrupción a nivel mundial, poco después de conocerse el nombre propuesto.

“La ley de Acceso a la Información fue un logro de la sociedad civil luego de más de 15 años de trabajo. Los derechos adquiridos con ella son fundamentales para garantizar la transparencia de los actos de gobierno y el control de los recursos públicos. Como sociedad tenemos que insistir en que no se designe en un cargo tan crítico, a una persona sin conocimiento en los temas que involucra el Acceso a la Información Pública. De ello depende la transparencia en los asuntos públicos”, sostuvo Poder Ciudadano. Ante la consulta de Infobae, su director ejecutivo, Pablo Secchi, adelantó que presentarán observaciones a la candidatura de Fuertes.

El 3 de febrero pasado, Poder Ciudadano, junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Directorio Legislativo, Infociudana y CIPPEC reclamaron por la acefalía que tenía la Agencia desde la renuncia de Bertoni a principios de año. “Es necesario que las autoridades de este poder del Estado inicien a la mayor brevedad el proceso de designación de su titular, de manera transparente y participativa, proponiendo a una persona idónea que demuestre una sólida trayectoria en la materia, otorgue garantías de imparcialidad y pueda dar cuenta de un claro compromiso en la protección del derecho de acceso a la información pública. A su vez, el uso cada vez más extendido de la herramienta del pedido de acceso a la información y la necesaria actualización de la información que las instituciones públicas deben publicar de forma permanente demandan que su autoridad muestre proactividad para asegurar el principio de máxima divulgación y apertura de la información en manos del Estado”, advirtieron las ONGs en el comunicado que difundieron a principios de mes.

ACIJ se sumó hoy a la preocupación por la propuesta de Fuertes por “la falta de antecedentes relevantes del candidato, necesarios para demostrar su vinculación y compromiso con el derecho de acceso a la información pública”. En ese sentido, Clara Lucarella, abogada del Programa Fortalecimiento de la Democracia de esta organización, le dijo a Infobae que “si bien cuenta con diversos antecedentes en la administración pública, no tiene una trayectoria especializada en el Acceso a la Información lo que puede llegar a tener repercusión negativa en su idoneidad”.

Banfi, no obstante, destacó que “por el recurso humano y la capacidad instalada que ya tiene la Agencia, va a ser más difícil que venga una persona muy identificada al kirchnerismo o al Gobierno”.

En el mismo sentido, otro experto en temas de Acceso – que pidió reserva de su nombre- le había dicho a Infobae antes de que se conociera el nombre de Fuertes que, “en la medida que el Gobierno nombre a alguien que tenga algo de compromiso con los temas de transparencia y protección de datos personales, la Agencia debería seguir funcionando bien por el equipo que tiene”. Al enterarse del nombre del candidato, dijo no conocerlo y prefirió no opinar.

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