PROGRAMAS26.05.25
ACIJ / PROGRAMASPensiones: elaboramos nuevos modelos de amparo para defender los derechos de las personas con discapacidad
26/05/25
Frente a la reforma de las condiciones para acceder a las pensiones no contributivas por “invalidez laborativa” operada por el Decreto 843/24, desde ACIJ nos propusimos producir y difundir herramientas legales que apoyen la labor de quienes asisten jurídicamente a personas con discapacidad.
Hace casi tres décadas, el Decreto 432/97 reguló los requisitos e incompatibilidades para acceder a las pensiones no contributivas por “invalidez laborativa”. Sin embargo, la mayoría de ellos devinieron inconstitucionales cuando en 2008 Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Teniendo en cuenta que se trataba de un sistema pensado desde el modelo médico, que desconocía las múltiples barreras que enfrentan las personas con discapacidad para ejercer sus derechos, en 2023 se impulsaron una serie de reformas normativas que procuraron aproximarse a los mandatos de la CDPD.
Sin embargo, el 20 de septiembre de 2024, mediante el Decreto 843/24, el Poder Ejecutivo restableció muchos de los requisitos presentes en la redacción original del Decreto 432/97, pese a que habían sido declarados inconstitucionales por la Justicia argentina y cuestionados por organismos internacionales de derechos humanos. Entre ellos, los de acreditar un porcentaje de “disminución de la capacidad laborativa”, no tener vínculo laboral, no contar con familiares legalmente obligados a prestar alimentos y carecer de bienes o ingresos suficientes que permitan la subsistencia.
Frente a esta situación, desde ACIJ actualizamos nuestra web discapacidadyderechos.org.ar con nuevos modelos de amparo para que las personas impactadas por la nueva norma puedan impugnarla judicialmente. Estos modelos pretenden asistir a abogados y abogadas que se propongan defender los derechos de las personas con discapacidad, pero deben ser adaptados a la situación particular de cada persona, evaluando si los argumentos y los ejemplos proporcionados en ellos son pertinentes y analizando qué más corresponde desarrollar para fortalecer las demandas judiciales.
Invitamos a organizaciones sociales, defensorías, colegios profesionales, sindicatos, estudios jurídicos y organismos públicos a utilizar y difundir estos materiales entre quienes puedan necesitarlos.