La precariedad de vivienda y salud en la villa porteña Rodrigo Bueno, expuesta por primera vez ante la CIDH

La necesidades de los pobladores de la villa, situada en la Costanera sur, y el reclamo al Gobierno porteño por su urbanización para que sus habitantes puedan acceder a los servicios básicos, serán expuestos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) al considerar que es una situación violatoria a los derechos de las personas.

La Defensoría General de la Ciudad, el CELS y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) expondrán este caso ante la CIDH, lo que constituirá la primera vez que este organismo internacional trate una situación colectiva que afecta a unas 4000 personas.

“La situación de los habitantes del barrio es muy precaria, no tienen acceso a una red de agua, hay riesgo eléctrico, sin cloacas apelan a pozos ciegos, no ingresan ambulancias y existe un depósito colectivo para residuos, lo que configura un riesgo de vida enorme”, dijo a Télam Horacio Corti, defensor General de la Ciudad.

El funcionario destacó que junto al CELS y la ACIJ se decidió presentar este caso ante la CIDH “porque aquí es evidente que ese están violando varios derechos humanos como la salud, la alimentación y a la vivienda”.

En la presentación, que podría concretarse la semana próxima, también se hablará sobre el déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires ya que el ejemplo de la villa Rodrigo Bueno se replica, con diversos matices, en zonas como La Boca, el bario Lamadrid, la villa 21-24 y los pobladores asentados a la vera del Riachuelo.

“Pese a que se están violando derechos, el Gobierno porteño insiste en que en esa zona no se puede urbanizar porque se trata de un asentamiento lindante con la Reserva Ecológica pero más allá de esta discusión, las personas hoy tienen derecho a poder acceder al agua, a que cuiden sus seguridad, a no tener riesgos de infectarse porque no hay recolección de residuos”, dijo Corti.

La Rodrigo Bueno es un asentamiento que se formó a principios de la década pasada y poco a poco se fue ampliando con más pobladores, totalizando hasta hoy unas 1000 familias.

A partir del 2005 los vecinos piden a los sucesivos gobiernos de la Ciudad la urbanización y su integración al ejido urbano para salir de la situación de precariedad y la falta de acceso a los servicios básicos con los que viven en forma cotidiana.

En el año 2012 la jueza Elena Liberatori ordenó al gobierno de Mauricio Macri que dé inicio en forma inmediata el proceso de urbanización, pero esa resolución fue apelada y la Cámara, en diciembre del año pasado y en fallo dividido revocó el dictamen de la magistrada, pero ordenó a la Ciudad tomar los recaudos necesarios para que los vecinos no pasen necesidades.

Patrocinados por la Defensoría, los vecinos apelaron al Tribunal Superior de Justicia quien deberá dictaminar sobre el fondo de la cuestión, por lo que los vecinos y el organismo instaron a los jueces a que, antes de emitir su fallo, se acerquen al barrio para que conozcan las condiciones de vida de los habitantes.

La situación de la villa Rodrigo Bueno volvió a tomar vigencia luego de la muerte de un niño de 13 años quien, por querer correr a su mascota, cayó dentro de los innumerables pozos ciegos que hay en el asentamiento.

Sacado por los vecinos, el niño esperó mas de 40 minutos la llegada de una ambulancia y finalmente falleció en un hospital.

La Defensoría organiza mesas y talleres con los vecinos cada quince días con el propósito de consensuar un proyecto de ley sobre urbanización e instalar el debate en la Legislatura ya que “es necesario que se abra una discusión sobre la situación de estas personas”, dijo Corti.

“Resulta paradójico que un niño muera por esta causa en una de las jurisdicciones más ricas del país. La gestión de gobierno no puede seguir asignando tan pocos recursos a las políticas de vivienda”, resaltó el bloque Nuevo Encuentro de la Legislatura porteña.

Indicaron además que en el 2008, “el área de vivienda tenía asignado el 3,98% del presupuesto total y en 2015, esa proporción se redujo al 2,35%”.

Por otra parte, “del total del presupuesto que el Poder Ejecutivo tuvo asignado entre 2008 y 2013 para solucionar la problemática habitacional, casi 1.500 millones de pesos no fueron utilizados”, fondos con los que “se podrían haber construido más de 18.500 viviendas”.

Corti remarcó que pese a la precariedad en la que viven los vecinos de la Rodrigo Bueno ellos “apelan a todos los mecanismos institucionales para poder revertir la situación. Ellos viven en una situación de riesgo constante y no son escuchados”.

“Vivimos en una ciudad rica con enormes situaciones de desigualdad, no existe una visión sistemática para abordar y asegurar los derechos de las personas”, reflexionó el defensor.

Telam