La CIDH trató el caso de la villa Rodrigo Bueno como testigo de la problemática habitacional en América Latina

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó por primera vez la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de asentamientos precarios de la región, y contó como caso testigo la situación de los pobladores de la villa Rodrigo Bueno, ubicada en la Costanera Sur.

Sentado entre los peticionarios de diferentes organizaciones sociales de la región y frente a la mesa de las autoridades de la CIDH, Diego Armando González, representante del asentamiento, compartió con los presentes el recorrido por el que transitó la villa porteña.

“En 1986, la Ciudad de Buenos Aires emitió un decreto dictaminando al lugar como una reserva ecológica, “obviando totalmente que nosotros vivíamos ahí desde hacía siete años”, dijo González. Precisó además que entrados los años 90 vimos como se desarrollaba “el mega emprendimiento y el proyecto de lujo que tenemos en la vereda de enfrente, Puerto Madero”.

“Barrio de lujo que los propios vecinos, construimos”, aclaró en referencia a las personas del asentamiento que trabajaron como plomeros o albañiles en esas obras.

El habitante de la villa Rodrigo Bueno, nombre dado en honor al cantante de cuarteto cordobés, recordó entonces que en 2005 el gobierno de la ciudad emitió otro decreto en el que ordenó el desalojo de los pobladores “y ahí, a través de un recurso de amparo presentado por la justicia, empieza nuestra lucha judicial para que se reconozca todo nuestro derecho a la urbanización”, contó.

Pelea que siguió en 2011 con un fallo favorable de la justicia para la urbanización de la villa que fue luego apelado por el gobierno de la ciudad aduciendo que el espacio era inhabitable. En 2014, llegaría otro fallo, esta vez en contra de los pobladores.

Las 1200 familias que hoy habitan el barrio, viven de forma “muy precaria, no contamos con sistemas de cloacas, de agua, el de luz es muy precario”, describió González.

“Nosotros no podemos estar viviendo hoy día frente al barrio más lujoso y no tener agua potable”, insistió ante las autoridades de la CIDH que lo escuchaban atentamente.

Por ello, “queremos que el gobierno actual reconozca nuestros derechos y que nos de todos los servicios y que podamos vivir en paz y en tranquilidad, con luz, cloaca, gas, todos los servicios básicos”.

Junto con los reclamos que llevan adelante por lograr el reconocimiento de estos derechos básicos, González comentó que además presentaron un proyecto de ley en el que piden que la villa Rodrigo Bueno, “sea modelo de urbanización para las demás villas, no sólo en Argentina si no en toda América Latina”.

Según la Coalición Internacional para el Hábitat, presente hoy como uno de los peticionantes en la histórica audiencia, de los 180 millones de pobres en la región, 125 millones viven en ciudades y 113.4 millones de personas en asentamientos precarios.

Indicaron que esta situación “impacta de manera particular a mujeres, ancianos, niños, población indígena, migrantes, etc”, aclaró la coordinadora para América Latina, María Silvia Emanuelli.

“Construir más casas no implica realizar el derecho universal a una vivienda adecuada y la urbanización no es sinónimo de bienestar”, agregó la defensora.

Por su parte, Gabriela Kletzel, de la organización Cels, una de las cerca de treinta que denunciaron la violación a los derechos básicos que ocurren en los asentamientos, demandó a la CIDH un “involucramiento activo” para reconocer la forma “en la que vive un cuarto de la población de la región”.

El representante de la Asociación Civil por la Igualdad ante la Justicia (Acij) aseguró que las villas y asentamientos “son espacios de desigualdades sociales, de exclusión en forma creciente y vulneración de derechos humanos ante la ausencia de los servicios públicos básicos”.

Indicó que muchas veces “los propios habitantes deben buscar la forma de construirse su propia vivienda y que son criminalizados y penalizados por reclamar mejores condiciones de vida”.

El Cels elaboró un documento y tras la audiencia se procurará que la CIDH tome el caso como “ambito donde se violan los derechos humanos” lo que “sería algo histórico ya que la CIDH siempre sus pronunciamientos fueron en torno a la tortura, los presos políticos o la violencia institucional”, destacó Eduardo Reese, vocero de la organización.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires deberá resolver si autoriza la urbanización de la villa tal como lo ordenó el fallo de la jueza Elena Liberatori en el 2011 o si acepta la resolución de la Cámara que en diciembre pasado revocó el fallo de primera instancia ante la apelación del gobierno porteño.

Telam