Informe | Las estadísticas, otra deuda del Poder Judicial de la Nación

Opacidad, falta de producción de información y de accesibilidad de los datos sobre la gestión de causas en la Justicia nacional y federal. Desde ACIJ lanzamos el informe “La deuda de la estadística”, que se propone evaluar el estado de la producción y publicación de información estadística en el Poder Judicial. Podés leerlo en este link.

Las estadísticas son una herramienta clave para entender cómo funciona el sistema de justicia. Contar con datos de calidad es esencial para analizar el desempeño y los niveles de eficiencia en los tribunales, identificar problemas en el acceso a la justicia y detectar patrones de violaciones a los derechos humanos. En definitiva, las estadísticas son imprescindibles para construir un sistema de justicia más transparente, eficiente y equitativo. Sin embargo, el mecanismo actualmente implementado por el Poder Judicial de la Nación para recolectarlas exhibe importantes falencias que impiden contar con diagnósticos adecuados, y en consecuencia, obstruyen el diseño de políticas para resolver las problemáticas que podrían identificarse en ellos. 

En ese contexto, bajo la coordinación de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y con financiamiento de UNESCO, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) lanzamos el informe “La deuda de la estadística” que se propone evaluar el estado de la producción y publicación de información estadística en el Poder Judicial. Para ello, analizamos la información disponible en el sitio web de la Oficina de Estadística del Consejo de la Magistratura y, por medio de solicitudes de acceso a la información, accedimos a otros datos producidos por las distintas jurisdicciones del país. 

En este estudio, se identificó que: 

• A partir del año 2013, la Oficina de Estadística del Consejo de la Magistratura dejó de publicar paulatinamente la información de algunas jurisdicciones. Para el año 2023, no se dispone de ningún dato.
• La información que actualmente produce el Poder Judicial no refleja las realidades sociales ni las necesidades de los usuarios y usuarias del servicio de justicia, y tampoco permite extraer conclusiones sobre el desempeño de los tribunales. Es imposible conocer cuestiones cruciales como la duración de los procesos, los modos en los que estos se resuelven y los sujetos intervinientes en ellos.
• Los indicadores utilizados para el relevamiento de las estadísticas no son siempre uniformes entre las distintas jurisdicciones, lo que impide realizar análisis comparativos.
• El sistema informático de gestión de causas utilizado por el Poder Judicial no permite la centralización de la información ni la automatización de los procesos de producción y publicación de datos, generando una carga innecesaria de trabajo en las dependencias judiciales.

A partir de allí, el informe desarrolla una serie de acciones y reformas prioritarias que deberían impulsarse para robustecer la producción y publicación de información, las que se sintetizan a continuación:

1. Realizar un diagnóstico integral del sistema de información estadística judicial que permita detectar las principales barreras para la construcción de estadísticas de calidad.
2. Elaborar una política que defina y estandarice la información que se debe producir y publicar respecto de todos los juzgados y tribunales.
3. Fortalecer el rol de la Oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura como autoridad rectora en esta materia.
4. Capacitar al personal encargado de la producción y publicación de estadísticas judiciales.
5. Implementar herramientas tecnológicas que permitan automatizar y optimizar los procesos de recolección y publicación de datos.
6. Publicar de forma proactiva toda la información disponible y asegurar que sea accesible para todos los sectores de la sociedad.

Los problemas que se presentan en este ámbito impiden obtener información relevante, y que los datos que efectivamente se producen puedan aprovecharse al máximo. Las falencias identificadas indican principalmente tres problemas: el sistema de justicia no puede conocer sus propias debilidades y oportunidades de mejora en la gestión de causas; los otros poderes no pueden diseñar políticas públicas sobre la base de diagnósticos completos y fiables; y la sociedad no puede monitorear el funcionamiento del Poder Judicial. Es por eso que fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en este poder del Estado es una necesidad prioritaria y urgente, a la vez que constituye un imperativo de todo sistema democrático y republicano.