Distintas organizaciones cuestionaron la “solución” propuesta por una funcionaria de Salud de la provincia para evitar que niños y niñas de las comunidades originarias mueran por causas evitables.
Por Laura Urbano
Las dos muertes de niños wichí con bajo peso que ocurrieron antes de completar la semana anterior llevaron a la subsecretaria de Medicina Social de la provincia, Gabriela Dorigato, a plantear como una de las soluciones que se interne a los niños con graves cuadros de salud aun sin el consentimiento de los padres.
La funcionaria hizo esta afirmación, en declaraciones al diario El Tribuno, cuando intentó explicar el fallecimiento de estos dos niños (a los que se suma un deceso más en marzo de este año). “Vamos a trabajar con los caciques, para que conozcan los derechos del niño, que son superiores a cualquier derecho de los padres, y vamos a trabajar para sacar oportunamente a los pacientes, aunque los papás no quieran”, había manifestado la funcionaria.
“Hay un paradigma de discriminación vigente en las distintas gestiones para entender la diversidad cultural”, opinó el abogado Martín Plaza, integrante de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que desde el inicio de la gestión de Gustavo Sáenz viene solicitando la reglamentación de la Ley N° 7856, sancionada en 2014 y por la cual se incentiva la creación de una red de apoyo sanitario, intercultural e interinstitucional para pueblos originarios. El miércoles último, la entidad reiteró el pedido de manera formal al Ministerio de Salud de Salta.
La judicialización de estos casos no es nueva. Desde la provincia siempre se buscó esta alternativa para tratar a chicos de las comunidades. El traslado de la culpa por las muertes de sus hijos a los padres y madres que viven en estas zonas en donde la necesidad básica insatisfecha (NBI) es una de las más altas del país fue un recurso siempre a mano de las distintas gestiones gubernamentales para justificar su histórica ausencia. “Esto de trasladar la culpa a las familias surge de esa misma postura de racismo”, manifestó Plaza.
“La posición del Estado ante esta problemática nunca puede ser la de responsabilizar a las familias indígenas por los fallecimientos de niños y niñas, y en ese sentido, nos preocupan las manifestaciones públicas realizadas en los últimos días por funcionarios y funcionarias provinciales. Por el contrario, el Estado debe asumir su compromiso urgente de adoptar medidas para garantizar un abordaje intercultural que permitan procesos de intervención médica respetuosos y consentidos”, indica el comunicado de la ACIJ, que también pidió informes al Ministerio de Salud por las últimas tres muertes de niños wichí.
Una ley sin reglamentar
La ley aun sin reglamentar se intuye como uno de los pilares del abordaje intercultural que el servicio sanitario precisa para atender la salud de las comunidades originarias. Involucra una red intercultural con facilitadores bilingües en los hospitales, el acondicionamiento de albergues de tránsito para hospedarlos, y buscar la contención de la familia en el marco de una red interinstitucional mientras los niños y niñas están con tratamiento.
Pero con la ley sin reglamentar, Plaza indicó que actualmente los facilitadores estarían solo en dos de las 15 áreas operativas de la provincia. Afirmó que tampoco hay claridad de cuántos de ellos hay. Sumó que los albergues transitorios están en situaciones deficitarias.
Además, en estos días este medio dio a conocer la falta de acuerdos con el programa de abordaje de Salud Colectiva e Intercultural que se venía desarrollando desde septiembre. El desencuentro entre el paradigma de la hospitalización y el abordaje territorial dejó inactivo el trabajo que realizaban médicos en la zona de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, una de las zonas donde se encuentran los niños en mayor estado de vulnerabilidad.
Este programa, que funciona desde septiembre de 2020, es uno de los factores que incidieron para que durante enero y febrero no fallecieran más niños. Pero a partir de febrero el programa empezó a quedar sin profesionales al no contratarlos la provincia y por ende no podrá seguir en mayo. Aunque su continuidad aún está en debate en la cartera sanitaria, recién se podría reiniciar en junio.
La mirada del gobierno de Gustavo Sáenz quedó expuesta desde el momento en que borró el Programa de Salud Intercultural de la estructura del Ministerio de Salud. Incluso entre los objetivos de la cartera sanitaria, nunca se encuentra la palabra intercultural. Por el contrario, sí surge el concepto de bienestar animal, que en 2020 incluso tuvo su cabida en el organigrama del Ministerio.
“Roza la criminalización”
Desde la comisión directiva de la Asociación Miguel Ragone se manifestó la preocupación por las expresiones de Dorigato al entender que “roza la criminalización de la pobreza y desplaza la responsabilidad estatal en la muerte de niños cuando el Estado llega tarde en materia de prevención”.
La organización recordó que en la normativa internacional y en la tradición de protección de los derechos de niños, niñas y jóvenes, la separación del ámbito familiar es el último recurso y nunca el primero.
También afirmó que la funcionaria desconoce que son los padres y madres los primeros tutores, no el Estado. “La posición abre la pregunta a cerca de las estrategias de prevención desarrolladas con esos padres. Y la consideración en las mismas de las diferencias culturales y la vulneración por situaciones crónicas de pobreza estructural”.
Por último, solicitó que quienes constituyen el mencionado “Comité Provincial de Mortalidad” informen las acciones que se vienen desarrollando y de qué manera se incorporó la representación de los pueblos originarios y las comunidades destinatarias de la mencionada ayuda social. “¿O es que se trata de la expresión de técnicos expertos únicamente? Porque la política pública debe construirse, sobre todo para ser eficiente en la prevención, fundamentalmente con la mirada de los propios interesados”, concluye el comunicado.