Fuerte retroceso en infraestructura y seguridad vial: la inversión alcanzó mínimos históricos en la última década

Analizamos la trayectoria presupuestaria de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) durante el período 2016-2026. El estudio evalúa el gasto devengado de ambos organismos entre 2016 y 2025, así como el crédito vigente a agosto de 2026, expresando todas las series en valores constantes ajustados por inflación a precios de 2026.

Hallazgos principales del análisis presupuestario

• Contracción del gasto consolidado: Entre 2023 y 2025, el gasto devengado conjunto de la DNV y la ANSV registró una reducción real del 70%, alcanzando en 2025 el nivel más bajo de la serie analizada ($809 mil millones). El crédito vigente para 2026 ($582 mil millones) proyecta un nuevo mínimo en términos reales de mantenerse la pauta actual.
• Mantenimiento de infraestructura vial: Las partidas del Programa 16 (Mantenimiento en Rutas Nacionales) cayeron un 60% en términos reales entre 2023 ($828 mil millones) y 2025 ($333 mil millones), con un crédito asignado de $248 mil millones para 2026.
• Construcciones viales y reestructuración de programas: Las partidas destinadas a obras de construcción vial (programas 22, 42 y 62) pasaron de $1.054 mil millones en 2023 a $134 mil millones en 2024 y $265 mil millones en 2025. En 2026, la incorporación del Programa 62 concentró la asignación de obra pública; este programa, junto con el de mantenimiento y la administración central, absorbe el 93% del crédito vigente de la DNV.
• Agencia Nacional de Seguridad Vial: El organismo evidenció una trayectoria descendente sostenida, pasando de un gasto devengado de $43 mil millones en 2023 a $26 mil millones en 2025, y un crédito vigente de $19 mil millones para el ejercicio 2026.
• Impacto territorial: La reducción de erogaciones se constata de forma generalizada en las jurisdicciones subnacionales. En la Provincia de Buenos Aires, el gasto devengado pasó de $468,5 mil millones en 2023 a $70,2 mil millones en 2025, registrándose caídas de magnitud similar en distritos como Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

El seguimiento sistemático de la inversión pública en infraestructura del transporte y seguridad vial constituye un insumo fundamental para evaluar la sostenibilidad del patrimonio vial, la conectividad interjurisdiccional y las condiciones de seguridad en la red de rutas del país.

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