El drama de la villa Rodrigo Bueno, un caso de debate en Washington

Por Laura Rocha.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará hoy la problemática del asentamiento porteño; expondrá Diego Armando González, uno de sus habitantes.

La problemática de la villa Rodrigo Bueno, cercana a Puerto Madero, llegará a Washington DC. El Ministerio Público de la Defensa porteño, un habitante de la villa y representantes de organizaciones no gubernamentales expondrán hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la vulnerabilidad de las 3600 personas que habitan ese asentamiento.

La audiencia es la primera que el organismo internacional convoca para que se trate la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de asentamientos precarios de la región.

Uno de los oradores será Diego Armando González, habitante de la villa. Otro será Horacio Corti, defensor general de la Ciudad: “Para la defensa pública de la Ciudad resulta fundamental presentar este caso ante la CIDH. Hemos hecho un gran esfuerzo para que un vecino del barrio pueda viajar y su voz sea escuchada ante un foro internacional, acompañado por los defensores oficiales. Es una experiencia inédita y sumamente importante que los más postergados puedan hacer oír sus reclamos en esta clase de instancias”.

La villa Rodrigo Bueno comenzó a formarse en un espacio que hoy pertenece a la Reserva Ecológica. El predio está dividido en cuatro sectores o manzanas donde residían al 2010 alrededor de 1800 personas, según datos del censo. Según la misma fuente vivían en 2001 356 personas. Sin embargo, según otras estimaciones, en 2010 el barrio estaba habitado por 3600 personas.

El gobierno porteño se niega a urbanizar el lugar y sólo asiste a los habitantes en caso de emergencias. Argumentan que son terrenos pertenecientes a la reserva y que allí no puede haber residentes. Aunque los intentos de relocalizaciones comenzaron en 2005, no prosperaron. En 2011 la justicia en primera instancia ordenó urbanizar el asentamiento; sin embargo, en segunda instancia, con voto dividido, le dio la razón al gobierno. El caso es analizado hoy en el Tribunal Superior de Justicia.

Mientras tanto, los vecinos siguen esperando soluciones para su precaria situación. Por caso, la semana pasada un chico cayó a un pozo ciego cuando fue tras su gato y murió (ver recuadro).

“La muerte de Gastón [el niño ahogado] no fue un accidente, sino que se vincula directamente con la falta de obras públicas, la prohibición para el ingreso de materiales y el reciente rechazo por parte de la Sala II de la Cámara del derecho a la urbanización y a la integración social y urbana de los vecinos del barrio, desconociendo el contenido que la Constitución local brinda al derecho al hábitat adecuado y a una vivienda digna”, indicaron en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una de las organizaciones que solicitaron la audiencia con la CIDH.

Facundo del Gaiso, auditor porteño por la Coalición Cívica, realizó un detallado informe del estado del asentamiento. “La infraestructura hídrica se encuentra en condiciones inadecuadas (aguas no seguras). Si bien los caños de agua fueron tendidos en 2009, en muchos casos no se realizaron las conexiones domiciliarias. Mucha gente junta agua en tanques, bidones, etc.; otros reciben agua de un camión del gobierno. Casi todos los entrevistados aseguraron contar con tanque y realizar limpieza. La ausencia de cloacas es otro problema importante con consecuencias para la salud. Muchos vecinos juntan agua y tiran el producto de sus necesidades en un pozo ciego”, indica el trabajo.

Como sucede con la villa 20, de Villa Soldati, los habitantes también viven al lado de un cementerio de autos, con la contaminación que eso supone.

“La gran mayoría de los vehículos del cementerio de automóviles de las manzanas 3 y 4 (que llegó a tener 587 vehículos) han sido retirados y en el lugar que quedó vacante los vecinos han limpiado superficialmente el terreno y lo destinaron a una plaza de juegos. El terreno no ha tenido remediación, por lo que el plomo sigue allí, a pesar del retiro de los autos, con el altísimo riesgo que ello conlleva”, indicó el auditor.

El estudio sobre la salud de los vecinos incluyó 100 niños de entre 2 y 10 años de edad con un mínimo de dos años de residencia en el barrio. De ese análisis surgió que todos los niños comprendidos en el estudio tenían niveles de plomo en sangre.

“El tema con la remediación del suelo es complejo. Hay que definir claramente cuál es el destino de lo que se remueve”, indicó Del Gaiso.

“Para la Defensoría resulta lamentable la negativa del gobierno de la ciudad a urbanizar Rodrigo Bueno. Estamos ante un barrio que tiene ya cerca de 30 años y sus pobladores tienen derecho a la ciudad: Agua potable, cloacas, calles transitables, una red eléctrica segura”, agregó Corti.

Los problemas de vivienda y pobreza no son exclusivos de las villas de Buenos Aires. Según un informe de ACIJ, en América latina una de cada cinco personas en vive en un asentamiento urbano precario.

El mismo informe consigna que en los últimos años los países latinoamericanos invirtieron entre 2% y 8% de su producto bruto interno (PBI) en programas de vivienda para los sectores más pobres. Sin embargo, sigue aumentando el déficit habitacional cuantitativo. “Es decir, la demanda supera ampliamente la construcción de nuevas viviendas”, concluye ACIJ.

La audiencia de hoy ante la CIDH fue solicitada por 27 organizaciones de América latina.

La Nación