17.10.18 // Derechos Económicos Sociales y Culturales (novedades)

El Comité de Derechos Sociales de Naciones Unidas instó a la Argentina a revisar las medidas de austeridad fiscal y evitar impactos regresivos en grupos desfavorecidos

El Estado debe revisar el recorte del gasto social y cumplir con su obligación de garantizar los derechos sociales

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC),   resaltó en sus observaciones finales para Argentina que, en el marco del acuerdo con el FMI, el gobierno prevé un objetivo de déficit cero para 2019, agudizando el recorte del gasto social y, con ello, el alto grado de desigualdad social, que obstaculiza el goce de los derechos. Manifestó preocupación por la reducción de los niveles de protección efectiva de los DESC para las personas y grupos desfavorecidos, y el impacto negativo de la inflación y las medidas de austeridad en la pobreza y la desigualdad.

El Comité criticó la existencia de ciertas medidas tributarias como la reducción de la carga impositiva para grupos sociales de altos ingresos o el mantenimiento de exenciones tributarias injustificadas, porque reducen la capacidad redistributiva del sistema fiscal y limitan la obtención de los recursos necesarios para garantizar los DESC. En este sentido, instó a la Argentina a tomar medidas para fortalecer la capacidad redistributiva del sistema fiscal incluyendo la posibilidad de revisar la reducción de cargas impositivas a sectores de altos ingresos, así como una evaluación transparente de las distintas exenciones tributarias, que permita conocer sus beneficiarios e impactos, y posibilite un escrutinio público para determinar cuáles no son justificadas y deberían ser eliminadas.

Destacó que la pobreza y desigualdad estructural que enfrenta casi el 30% de la población es inaceptable para un país con un nivel de desarrollo como el de Argentina y resaltó que le preocupa altamente que más de 5 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentren en situación de pobreza. Asimismo, manifestó preocupación por el impacto negativo de los aumentos masivos en las tarifas de los servicios básicos y la falta de adecuación del salario mínimo y de la Asignación Universal por Hijo a la inflación. Al respecto, el Comité exhortó a la Argentina a implementar una estrategia integral de reducción de la pobreza, con metas específicas y medibles y con enfoque de derechos humanos, a asegurar la cobertura universal de los programas sociales y proteger las prestaciones frente a los efectos de la inflación. También instó al Estado a tomar medidas para regular los aumentos de precios de los servicios básicos y subsidiar sus costos a fin que sean asequibles para el conjunto de la sociedad, y en particular los grupos más desfavorecidos.  

El Comité también manifestó preocupación por la masiva suspensión de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad sin adecuada garantía del debido proceso, e instó a condicionar toda futura medida sobre pensiones al respeto del principio de no-regresión en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los beneficiarios.

El Comité también cuestionó que el encierro en instituciones psiquiátricas sigue siendo la principal respuesta del Estado en materia de salud mental, así como la muy fuerte reducción del presupuesto asignado a la Dirección Nacional de Salud Mental incumpliendo con la pauta fijada por la Ley Nacional de Salud Mental (10% del gasto en salud), y recordó que el Estado parte se comprometió a transformar el sistema de salud mental y cerrar los manicomios antes del 2020.

Sobre la degradación de los Ministerios en Secretarías, el Comité instó al Estado a garantizar la autonomía decisional y las funciones de estas secretarías, así como que se mantengan e incrementen los presupuestos, en particular en materia de salud, trabajo y medio ambiente. Manifestó especial preocupación por los posibles recortes en el gasto social para la educación e instó al Estado a aumentarlo de acuerdo a los compromisos acordados en la declaración de Purmamarca (6% del PBI), de manera a garantizar el acceso universal e igualitario a la educación temprana, primaria y secundaria.

Por último, el Comité se pronunció sobre la vacancia de la Defensoría del Pueblo de la Nación. En primer lugar, le recuerda al Estado argentino el rol que esta figura cumple en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Sobre el proceso para su nominación y selección, el informe resalta que debe ser claro, transparente y participativo, de acuerdo a las recomendaciones emitidas en 2017 por el Comité subsidiario de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. En el año 2011 el Comité ya se había expresado sobre este mismo punto, recomendando que el puesto fuera cubierto a la brevedad.

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