Cuestionan al candidato del Gobierno para la agencia de transparencia

Organizaciones de la sociedad civil y dirigentes de la oposición afirman que no acredita formación y experiencia en materia de acceso a la información. El próximo martes es la audiencia pública.

Por Mariano Beldyk.

Invisibilizado, quizás, por lo más caliente de los debates coyunturales, subyace una puja por quien va a encabezar la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) que pone al Gobierno frente a frente con un número de organizaciones de la sociedad civil vinculadas al control de transparencia. Advierten que el candidato que empuja el Ejecutivo, desde la Jefatura de Gabinete, no cumple con los requisitos indispensables para dirigir un órgano clave para el control de una parte del Estado y al que todavía le falta un liderazgo experimentado para consolidarse en sus funciones.

El próximo martes 23 está convocada la audiencia pública para evaluar las observaciones e impugnaciones presentadas contra Gustavo Fuertes, el abogado elegido por el Gobierno nacional para el cargo. Poder Ciudadano, Directorio Legislativo, FUNDEPS, Democracia en Red, ACIJ, entre otras organizaciones de la sociedad civil, cuestionan su falta de trayectoria en el área y elaboraron una serie de interrogantes que le formularan la semana que viene. El lunes último cerró el plazo para inscribirse para participar con voz en la audiencia.

“La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) tiene un papel insustituible a la hora de proteger el derecho de acceso a la información pública de toda la ciudadanía. Por eso, es necesario que su autoridad cuente con antecedentes y una probada trayectoria en la materia a fin de garantizar su imparcialidad en el cumplimiento de su función. No podemos arriesgarnos a que ejerza su rol de manera inadecuada, ya que está en juego la transparencia en el Poder Ejecutivo Nacional”, sostiene Clara Lucarella, abogada del Programa Fortalecimiento de la Democracia de la Asociación Civil por la igualdad y la Justicia (ACIJ).

La AAIP nació en 2016, de la mano de la sanción de la Ley N° 27.275, de Acceso a la Información Pública, y entró en operaciones al año siguiente. Se trata de un órgano indispensable a la hora de velar por la transparencia del Poder Ejecutivo –el único ámbito sobre el que opera– y las instituciones bajo su órbita.

Por caso, una de sus tareas esenciales es resolver los reclamos por información pública cuando las autoridades de los diversos organismos de la administración nacional no la brindan de forma completa y actualizada en sus respectivos sitios web. También se encarga de la protección de los datos personales y resguardar el derecho a la privacidad en la Argentina.

Como un órgano relativamente nuevo en el Estado, aún exhibe aspectos a pulir en su funcionamiento. En particular, en materia de monitoreo de la transparencia activa y la necesidad de reducir los tiempos de respuesta por parte del Ejecutivo cuando hay pedidos de información. También resta capacitar a numerosas áreas del Estado sobre acceso a la información. Con todo, en una evaluación reciente que Cippec hizo sobre los avances en materia de transparencia pública en la Argentina de los últimos años, el balance fue positivo y la agencia figuraba entre sus puntos fuertes.

Bajo la gestión de su primer director, Eduardo Bertoni, la AAIP adoptó algunas decisiones que hasta fueron a contramano del gobierno de Cambiemos, bajo cuya administración empezó a funcionar. Por un lado, exigió al Ministerio de Producción, a cargo de Dante Sica, que reporte qué empresas se habían beneficiado de la Ley de promoción de las pequeñas y medianas empresas, y los montos percibidos, entre 2012 y 2018. Antes, desde la cartera en cuestión, habían alegado las excepciones legales de secreto industrial, comercial y financiero y de protección de datos personales para no responder a la solicitud de información por parte de ACIJ.

Asimismo, en octubre de 2018, Poder Ciudadano presentó un pedido de información pública a la Casa Militar de Presidencia de la Nación para acceder a los registros de visitas en Olivos desde 2016 en adelante. Desde la Secretaría General de Presidencia de la Nación se negaron a brindar la información requerida por su “carácter sensible” que “podría poner en peligro la seguridad de la familia presidencial”. Dos meses después, la AAIP evaluó aquella negativa como injustificada y demandó revertirla

El 2 de marzo pasado, estas mismas organizaciones le dirigieron una carta a Santiago Cafiero a propósito de la nominación de Fuertes con el objetivo de solicitarle una reunión para expresarle sus preocupaciones respecto al proceso de selección de la futura cabeza de la Agencia. Entre otras razones, porque aseguran que la postulación no se acompañó por las correspondientes valoraciones y fundamentos sobre la idoneidad del nominado para el cargo.

“Consideramos que la persona propuesta no cuenta con la trayectoria y los antecedentes suficientes en la materia para satisfacer los estándares que la normativa exige y que resultan necesarios para encabezar un organismo de control de tamaña relevancia. Su designación podría representar un fuerte retroceso en los parámetros de idoneidad y autonomía previstos para este órgano por parte del Congreso de la Nación”, expresaron en la misiva.

Fuertes es un abogado y escribano que en la actualidad se desempeña como asesor legal experto en Políticas Públicas de la Secretaría de Coordinación Administrativa, dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Acorde a su currículum, tiene una vasta experiencia en la administración pública —sobre todo en la Provincia de Buenos Aires— con una fuerte impronta en el área de la producción y el comercio, al punto de ser autor de diversos proyectos de ley, decretos reglamentarios y resoluciones ministeriales relacionadas a esta temática.

“El proceso que ha desarrollado el Ejecutivo es correcto, transparente, tenemos la audiencia y todos conocemos la publicidad de los actos pero, cuando vamos al CV, vemos que Fuertes no tiene idoneidad para ocupar ese cargo, según lo que especifica la ley. Y eso significa tener un alto nivel de conocimiento especializado en estos temas y experiencia en la materia”, sostiene la diputada radical Dolores Martínez, una de las que presentó observaciones.

Para la legisladora, el perfil de Bertoni fue clave, en su momento, para empujar a la AAIP en sus primeros pasos, aún con todas las falencias que restan por pulir. Aunque su mandato vencía en 2022, Bertoni renunció alegando motivos personales. Martínez piensa que la elección de una autoridad que no cumpla con los requisitos de la experiencia y la formación profesional hasta podría dar un mensaje en la dirección incorrecta cuando resta conformarse otro órgano similar en el ámbito del Congreso. “Si avanzamos con este mal precedente, puede ocurrir lo mismo”, arriesgó.

Si bien la audiencia del martes 23 no es vinculante, la expectativa de quienes presentaron sus objeciones reposan es que el Gobierno atienda los reclamos que se formulen con vista a preservar el carácter cristalino del órgano que, paradójicamente, debe velar por la transparencia de todo el Ejecutivo nacional.

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