Se publicaron los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto para 2021: Argentina ocupa el lugar 52 del ranking de 120 países de todo el mundo. Entre los 18 países de Latinoamérica evaluados ocupa los puestos 9, 10 y 11 (según diferentes ejes de la evaluación). Sólo alcanza un puntaje adecuado (superior a 61/100) en el caso de la vigilancia a cargo de la Auditoría General de la Nación, ocupando el quinto lugar en la región.  

Las decisiones fiscales que se reflejan en el presupuesto público abarcan desde qué impuestos recaudar y cuánta deuda contraer, hasta qué bienes y servicios públicos prestar y con cuántos recursos. Todas ellas pueden dificultar o garantizar el acceso a derechos de manera igualitaria. Por eso la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) evalúa el cumplimiento de la Encuesta de Presupuesto Abierto e impulsa a los diferentes poderes del Estado a mejorar sus índices de transparencia, participación y rendición de cuentas a lo largo de todo el proceso presupuestario. 

La Encuesta de Presupuesto Abierto es una iniciativa impulsada por el International Budget Partnership (Alianza Internacional por el Presupuesto) que se implementa desde el año 2006 de forma simultánea en 120 países y busca promover la adopción de sistemas presupuestarios transparentes, participativos e inclusivos. Se trata de la única evaluación comparativa, independiente y periódica del mundo sobre transparencia, vigilancia y participación pública en los presupuestos. Para la evaluación se utilizan más de 200 indicadores que se dividen en tres ejes: 

a) Transparencia y acceso a la información presupuestaria (1)

El puntaje de Argentina en este eje fue oscilante en los años que lleva evaluándose. Nunca llegó a los 61 puntos considerados como el umbral mínimo para fomentar un debate público informado. En esta ocasión redujo los resultados, pasando de 58/100 a 50/100, debido a que en dos de los documentos evaluados se incorporó menos información que en años anteriores.

En el Informe de Avance del presupuesto del Ejecutivo al Congreso no se incluyeron estimaciones plurianuales de inflación, crecimiento en el PBI y tasas de interés, y en el Proyecto de Presupuesto no se identificaron indicadores de las políticas vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ni se mencionó el sitio de datos abiertos para acceder a información más detallada sobre las clasificaciones del gasto. A su vez, el Informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la Cuenta de Inversión no se había publicado al momento de responder la encuesta y sigue sin producirse la Revisión de Mitad de Año. 

La Encuesta valora positivamente la existencia de la web presupuestoabierto.gob.ar, donde se publican datos abiertos sumamente relevantes para facilitar el monitoreo del gasto público y el control ciudadano. Sin embargo, no se realiza una difusión accesible y amplia de estos datos, razón por la cual siguen existiendo grandes desafíos para que la ciudadanía conozca y utilice la información presupuestaria. 

b) Participación en el proceso presupuestario (2)

El resultado de Argentina en este eje sigue siendo muy deficitario: se mantiene en 15/100. Esta situación refleja los grandes desafíos que tiene nuestro país para lograr que la toma de decisiones presupuestarias y el uso de los recursos públicos sean realmente abiertos y democráticos.

Tanto en Argentina como en la mayoría de los países evaluados, los presupuestos son discutidos por una élite, con pocas vías para que la ciudadanía se involucre y su voz sea escuchada. Sólo 8 países en todo el mundo tienen canales formales para involucrar a las comunidades en los procesos presupuestarios. 

En el caso de nuestro país, el Ministerio de Economía no realiza ninguna consulta ni audiencia tendiente a promover la participación ciudadana en el diseño y la ejecución del gasto. Si bien algunas comisiones del Congreso han habilitado instancias de diálogo con la sociedad civil e instituciones sindicales en el marco de la discusión de las leyes de presupuesto, no se institucionalizaron audiencias públicas ni otros mecanismos que garanticen una participación plural en ese debate. A su vez, la AGN implementa mecanismos formales de planificación participativa de sus informes, pero no se trata de auditorías relativas a documentos presupuestarios evaluados por la Encuesta. 

c) Rol de las instituciones de control o vigilancia (3)

En este eje el Congreso obtuvo una puntuación de 42 porque sigue sin evaluar sistemáticamente la ejecución presupuestaria durante el año, a pesar de contar con informes actualizados de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre modificaciones presupuestarias, que podrían utilizarse para exigir una mejor rendición de cuentas. 

Por su parte, la AGN obtuvo 78 puntos, lo cual indica que la supervisión a su cargo es adecuada. Sin embargo, para los años posteriores a 2016 (último informe de auditoría evaluado en la Encuesta y disponible públicamente al momento de responder la edición de 2021), no se había publicado el Informe de la AGN sobre la Cuenta de Inversión que debe revisar la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas .

¿Por qué es importante el monitoreo presupuestario para la garantía de los derechos?

En el actual contexto, especialmente signado por la pandemia de Covid-19, el presupuesto público fue una herramienta clave para aminorar sus impactos. Según datos publicados por la CEPAL, la tasa de pobreza extrema en la región habría aumentado del 13,1% de la población en 2020 al 13,8% en 2021, un retroceso de 27 años. Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema pasaría de 81 a 86 millones. A pesar de esto, la CEPAL estima que la pobreza habría sido mayor en 2020 si los países de la región no hubieran adoptado medidas como las transferencias de ingresos de emergencia.

La transparencia presupuestaria y la fortaleza de los mecanismos de vigilancia y de participación en el ciclo presupuestario son herramientas fundamentales para que el presupuesto logre el impacto necesario en la garantía de los derechos. Sin ellas es muy difícil exigir estrategias efectivas para garantizar políticas eficientes e igualitarias.