El año pasado, los acusados en la causa acordaron, sin cuestionamientos, la abreviación del juicio oral y público declarándose culpables y conviniendo la puesta a disposición de $17.172.682,70 para ser destinada a fines sociales. El acuerdo contó con el monitoreo y seguimiento de las organizaciones de la sociedad civil CIPCE y ACIJ, quienes prestaron conformidad y dieron garantía sobre la transparencia con que fueron alcanzados los acuerdos entre los diferentes acusados y la fiscal de la causa. El día 11 de noviembre de 2009 cada uno de los acusados avaló con su firma el contenido total del acuerdo que pasó a su homologación judicial respectiva.
Ahora, tres de los acusados se oponen a la devolución del dinero y piden la absolución por considerar la causa prescripta en un acto que debe ser calificado de mala fe, puesto que los hechos del acta ahora impugnada fueron consensuados entre ellos y la fiscal de la causa, y luego avalados con su firma expresa y el asesoramiento de sus abogados defensores.
Esta conducta maliciosa de los acusados y sus representantes tiene por propósito dilatar los tiempos procesales de la causa para lograr su prescripción y, en consecuencia, la impunidad de los responsables de un escándalo de corrupción que le costó sumas millonarias al Estado Argentino y el conjunto de la sociedad.
Ante esto, en el día de ayer, ambas ONGs hicieron una presentación solicitando al Tribunal que no conceda el recurso presentado por los acusados, que se vuelvan a ordenar las medidas cautelares sobre los bienes de los imputados y la prohibición para salir del país y que se evalúe y, eventualmente, sancione la conducta maliciosa demostrada en el proceso.
Ver el acta firmada el 11 de noviembre de 2009
Para más información:
Cecilia F. Vazquez (Coordinadora del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica – CIPCE): 153-234-3865
Luis Villanueva (Coordinador del Programa Acción Ciudadana y Lucha contra la Corrupción – ACIJ): 154-495-4195