En defensa de las infancias: observaciones sobre el proceso de selección de la Defensoría de la Niñez

La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una institución clave para garantizar la protección efectiva de las infancias en nuestro país. Sin embargo, el organismo lleva más de un año acéfalo, una situación que genera preocupación ante el desarrollo de un proceso legislativo que presenta diversas observaciones.

Como integrantes de la red Infancia en Deuda, desde ACIJ y junto a distintas organizaciones de la sociedad civil, venimos impulsando un seguimiento de este escenario con el objetivo de resguardar la transparencia, la seguridad jurídica y los canales democráticos de selección.

Los tres ejes bajo monitoreo institucional

Para comprender la situación actual, es importante analizar los distintos elementos que venimos observando en el ámbito parlamentario:

• Vicios de proporcionalidad en la Comisión Bicameral: Advertimos que la Comisión encargada del proceso se constituyó sin reflejar estrictamente el criterio de proporcionalidad política de los bloques que exige el artículo 49 de la Ley 26.061. Esto afecta la representación de las minorías en el Senado y dificulta la construcción de los acuerdos transversales indispensables para las políticas de infancia.

• Conclusión del concurso público anterior: Bajo esa conformación, las autoridades de la Comisión dispusieron dar por terminado el concurso iniciado el año pasado. Aquel proceso ya había completado etapas sustantivas —incluyendo exámenes escritos, presentación de planes de trabajo y audiencias públicas— y contaba con una terna aprobada por la Cámara de Diputados. Para proceder a su cierre, se modificó el criterio de cómputo de los plazos vigentes de días hábiles legislativos a días corridos, alterando las condiciones inicialmente establecidas y afectando la certidumbre de las y los postulantes.

• Un proyecto de reglamento regresivo: A este panorama se añade el análisis de un proyecto de reforma del Reglamento para la nueva convocatoria. Señalamos que, de aprobarse en sus términos actuales, la iniciativa debilitaría los estándares alcanzados por tres razones principales:

  • Eliminación del examen escrito: Se prevé suprimir la evaluación escrita de oposición y el orden de mérito, debilitando la instancia de revisión formal objetiva exigida por ley para acreditar la idoneidad técnica.

  • Barreras al monitoreo ciudadano: El proyecto introduce requisitos administrativos y económicos complejos que podrían funcionar como filtros disuasorios para el control por parte de colectivos territoriales y organizaciones comunitarias de base.

  • Omisión del derecho a ser oído: Restringe la previsión de mecanismos directos de escucha y participación para las propias niñas, niños y adolescentes en la selección de su representante.

Nuestra acción judicial: Amicus Curiae por la conformación de la Comisión

Frente a las acciones de amparo iniciadas por la composición de la Comisión Bicameral, desde Infancia en Deuda realizamos una presentación ante la Justicia bajo la figura de amicus curiae, enfocada de manera exclusiva en señalar el apartamiento de las reglas de proporcionalidad en dicha conformación.

En el escrito argumentamos que el respeto a la representatividad en las comisiones legislativas es fundamental para el normal funcionamiento institucional, ya que asegura la participación equitativa de las fuerzas políticas y promueve consensos estables. Consideramos que apartarse de estos procedimientos dificulta la regularización de una Defensoría funcional e independiente, indispensable en el actual contexto social.

Por ello, instamos a las autoridades a encauzar el proceso en el marco de las normas procedimentales y el diálogo interpartidario, entendiendo que la atención a los derechos de la niñez requiere de la máxima solidez institucional.