ACIJ y CELS presentamos el informe “Manicomios porteños: la transformación que no llega”

A 15 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) elaboramos el informe “Manicomios porteños: la transformación que no llega”. El documento evidencia que la Ciudad de Buenos Aires mantiene un sistema de atención que viola los derechos humanos y contraviene la normativa vigente. 

La Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en el año 2010, previó la obligación de cerrar los manicomios, neuropsiquiátricos y toda institución de internación monovalente y de crear un sistema de atención en salud mental de base comunitaria que respete la dignidad humana. Su decreto reglamentario estableció el año 2020 como fecha límite para sustituir estos establecimientos por dispositivos en el primer nivel de atención, salas en hospitales generales y servicios de apoyo a la vida en comunidad. Sin embargo, el modelo prevalente en la Ciudad de Buenos Aires constituye un ejemplo paradigmático del incumplimiento de la ley en nuestro país. 

El informe “Manicomios porteños: la transformación que no llega”, elaborado por ACIJ y CELS, identifica diversos elementos que dan cuenta de un status quo que viola derechos. 

En primer lugar, en la Ciudad todavía funcionan los históricos cuatro hospitales psiquiátricos públicos, y ninguno de ellos cuenta con un plan de adecuación. En 2024, estos centros reunían el 94,4% del total de camas de internación, y los hospitales generales solo el 5,6%.

En segundo lugar, no se observa una tendencia a la baja en las internaciones que refleje un vaciamiento progresivo de estos espacios. De hecho, según datos oficiales, el año pasado las internaciones aumentaron en todos los hospitales psiquiátricos con respecto a 2023. 

Por otro lado, las condiciones de estos centros impiden vivir dignamente. Allí, las personas se ven expuestas a pasar sus días en infraestructuras precarias, a situaciones de aislamiento y encierro, a múltiples formas de violencia física y psicológica, y a prácticas de sobremedicación, lo que daña su salud y conduce a la la pérdida de todas sus habilidades para la vida autónoma. Además, las muertes que ocurren en esos espacios no suelen investigarse debidamente.

A su vez, la subsistencia de la internación como la respuesta principal a esta problemática tiene su correlato en la ausencia de dispositivos que permitan a las personas salir del hospital psiquiátrico y vivir en la comunidad: la Ciudad solo cuenta con 7 residencias asistidas con capacidad total para 77 personas y 4 grupos familiares. Ninguna de ellas tiene vacantes disponibles. 

Finalmente, la distribución de los recursos públicos fortalece el sistema manicomial. En efecto, el 75,6% del presupuesto ejecutado en 2024 se destinó a los 4 hospitales psiquiátricos, mientras que el Programa de Externación Asistida para la Integración Social (PREASIS) fue desfinanciado. 

Recurriendo a datos y testimonios de personas que vivieron el encierro, esta publicación evidencia que dejar atrás los manicomios no es solo una obligación legal, sino una deuda ética y social. La discapacidad psicosocial no puede seguir justificando el control sobre las formas diversas de habitar el mundo. En ningún caso, nunca.