Cuáles son los ministerios menos transparentes en la cantidad de información que publican

La Agencia de Acceso a la Información Pública difundió el primer Índice de Transparencia Activa de los organismos estatales. Cuáles obtuvieron mejor puntaje y cuáles el peor.

Por Mariel Fitz Patrick

Los Ministerios de Transporte, el de Salud y de Justicia son los tres más transparentes en la cantidad de información que publican en su sitio web oficial. Las carteras a cargo de los ministros Mario Meoni, Ginés González García y Marcela Losardo son las que obtuvieron el mejor puntaje en enero en la primera edición del Índice de Transparencia Activa que elaboró la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Obtuvieron entre 0,81 y 0,91 puntos, cuando 1 es el máximo puntaje posible adjudicado al organismo con mayor cantidad de información disponible online para la consulta ciudadana.

El top five lo completan el Ministerio de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni, con 0,79 puntos, y el de Cultura, conducido por Tristán Bauer, con 0,77.

En el otro extremo, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad -en manos de Elizabeth Gómez Alcorta- y la Secretaría de Asuntos Estratégicos – a cargo de Gustavo Béliz- obtuvieron un aplazo. No publican directamente datos de ninguno de los 8 ítems medidos para la elaboración de este Índice. Ninguno de los dos organismos tienen siquiera pestaña de Transparencia Activa en su sitio oficial.

Tras la publicación de esta nota hoy a primera hora, desde el Ministerio de las Mujeres se comunicaron con Infobae para aclarar que “hubo un error técnico por el cuál la información de Transparencia no estaba online”, y que ya lo habían resuelto en el transcurso de la mañana. En efecto, con posterioridad a la salida de esta nota, esa cartera tenía visible en su web la pestaña de Transparencia Activa con información de los ítems relevados. “Para la ministra, los temas de transparencia y acceso a la información son prioridad”, afirmaron desde el Ministerio de Gómez Alcorta.

Con muy poca información disponible en sus sitios, debajo de la mitad de la tabla, se ubican la cartera de Interior en manos de Eduardo “Wado” De Pedro con 0,44 puntos, y la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de Jorge Ferraresi, con 0,48. Apenas por encima de la mitad del puntaje, está el Ministerio de Relaciones Exteriores, en manos de Felipe Solá, con 0,51 puntos.

La Agencia – un organismo autónomo que funciona bajo la órbita de Jefatura de Gabinete- es la que debe velar por el cumplimiento de la ley de Acceso de Información Pública sancionada en 2016, cuyo artículo 32 se refiere a la transparencia activa. Se llama así a la obligación de publicar “activamente” una cantidad de datos vinculados al uso de los recursos públicos y el patrimonio de los funcionarios en formato abierto por parte de todos los organismos comprendidos por la norma. La información debe estar en la pestaña de Transparencia Activa de la web cada ministerio y entidad estatal, para poder acceder a ella sin que los ciudadanos tengan que hacer un pedido formal.

La información relevada por la AAIP para esta primera edición del Índice en enero último incluye ocho ítems: autoridades y personal, declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios de mayor rango, escalas salariales, compras y contrataciones, subsidios y otras transferencias, presupuesto del área, auditorías, y el procedimiento para solicitudes de acceso a la información pública.

Ninguno de los ministerios y las tres secretarías de Estado con rango ministerial cumplen con la publicación de la totalidad de los ítems relevados, aunque el grado de cumplimiento es dispar.

Los datos que sí están y los que no

La información menos disponible es la referida a las declaraciones juradas de los funcionarios de alto rango de cada cartera. Excepto Transporte; Obras Públicas – a cargo de Gabriel Katopodis-; Agricultura -en manos de Luis Basterra- ; Defensa – conducida por Agustín Rossi- ; Salud – a cargo de Ginés González García-; y parcialmente Justicia, los demás ministerios no las publican en su sitio, sino que derivan la consulta hacia la web de la Oficina Anticorrupción.

Los subsidios y otras transferencias, así como las escalas salariales y las auditorías – en ese orden- son otros de los ítems donde falta información en los sitios oficiales. Considerando el puntaje en cada apartado de los distintos ministerios y organismos centralizados, obtuvieron una medición por debajo de 50, siendo el máximo 100.

Lo relacionado a compras y contrataciones suele estar en las web de los ministerios, aunque derivan la consulta hacia los otros dos sitios públicos oficiales, Compr.ar y Contrat.ar, donde no es sencillo localizar información puntual y el sistema requiere entrar a cada compra, contratación o licitación.

Presupuesto es otro ítem que aparece en la pestaña de Transparencia Activa, aunque en muchos casos deriva la consulta hacia el link del Boletín Oficial, o el portal de Datos.gob.ar que reúne los datasets del Gobierno, pero que no permite una rápida visualización de la información buscada.

La mayoría de los ministerios publica también las autoridades de cada organismo, con su decreto de designación, y la nómina de personal.

El ítem con mayor cumplimiento es el referido a cómo realizar pedidos formales de Acceso a la Información Pública, con un puntaje de 92 sobre 100.

La Agenda de los ministros y secretarios de Estados no está incluida en la medición del Índice y no está incluida en las pestaña de Transparencia Activa de los sitios webs. La información sobre sus actividades es la que difunde diariamente el área de Prensa de Casa de Gobierno en forma centralizada. Pero se da el caso de áreas claves como el Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán, cuya agenda no se informa en forma regular, y sólo se conoce cuando otros ministerios comparten su actividad, o cuando el ministro tiene interés en difundirla.

Estas ocho variables en materia de transparencia activa – de las 30 previstas en la ley de Acceso a la Información Pública – fueron consensuadas entre la Agencia y las organizaciones no gubernamentales Poder Ciudadano, Directorio Legislativo y ACIJ. “Fue una demanda de sociedad civil, y desde 2018 se comenzó a trabajar con ellas, con Jefatura de Gabinete y distintos ministerios comprometidos con los principios de transparencia y participación ciudadana, en el marco del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2019 – 2022”, explicó Ana Pichón Riviere, directora de Políticas de Acceso a la Información Pública de la AAIP, a Infobae. “En esa mesa de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil se acordaron las variables a medir, dentro de todas las obligaciones de transparencia activa previstas en la ley, y se eligieron estos 8 indicadores. También se definieron qué organismos se iban a evaluar, y cómo”, agregó.

“Fue un proceso participativo desde el inicio y logró una herramienta sólida y útil para las organizaciones que venimos trabajando y luchando por mejorar los niveles de acceso a la información en el país”, reconoció por su parte Noel Alonso Murray, directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo.

Por su parte, Germán Emanuele, director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Poder Ciudadano, señaló que “si bien es cierto que la Agencia no tiene la capacidad para controlar el cumplimiento por parte de todos los sujetos obligados, el Índice sirve para tener, al menos, una foto del cumplimiento de los organismos más relevantes”, y destacó que “favorece a la transparencia y facilita el acceso a esta información por parte de la ciudadanía”.

Clara Lucarella, abogada del Programa Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ, opinó en tanto que “es un primer paso para avanzar en una mayor publicación y que la ciudadanía sepa el grado de transparencia de los organismos. Tener una medición objetiva puede ayudar para mejorar”.

Cumplimiento dispar

Sin embargo, el nivel de cumplimiento del capítulo de transparencia activa es dispar según los organismos. Así lo advirtió Alonso Murray, de Directorio Legislativo: “Muchos publican en su sitio web oficial varios de los ítems que la ley obliga, pero ninguno cumple en su totalidad con esta obligación. Esta situación se da particularmente por el grado de sensibilidad del dato. Por ejemplo, la mayoría, difunde información sobre autoridades y personal pero casi nada en escalas salariales y subsidios. Es decir, todo lo referido al uso de recursos públicos”.

“Además, el cumplimiento varía según qué organismo esté en el ojo de la escena. Existen momentos, como ahora en pandemia, donde todos estamos mirando qué se publica y qué no en el Ministerio de Salud, y quizás no estamos observando lo que pasa en el área de Desarrollo Territorial y Hábitat. Eso hace que quizás los organismos que no se auditan en un determinado momento, no sientan la presión de tener que publicar información”, señaló. Este ministerio a cargo de Ferraresi desde noviembre pasado, por ejemplo, no tiene publicadas ni las declaraciones juradas, así como tampoco las autoridades ni el personal. Y respecto de las compras y contrataciones deriva a los portales oficiales del Gobierno, no tiene subida la información desglosada.

La directora de Directorio Legislativo concluyó: “Sin lugar a dudas la Ley de Acceso a la Información Pública fue una gran conquista para las organizaciones que venimos luchando por mejorar los niveles de transparencia del país. Sin embargo, no es suficiente si se implementa de manera incompleta. Lamentablemente en nuestro país tenemos innumerables casos de leyes que se aprueban pero en la práctica terminan no cumpliéndose. El capítulo de transparencia activa, que enumera varios ítems de información que los organismos deben publicar para rendir cuentas, se incumple de igual manera por todos. Y eso es una deficiencia. El Índice es una base necesaria para visibilizar a aquellas áreas del Estado que deberían publicar información, pero que sin embargo no lo hacen”.

Organismos descentralizados

En esta primera edición del Índice se relevaron 37 organismos de la administración pública, empresas con participación estatal mayoritaria, y dos universidades públicas, y se evaluarán bimestralmente. Los organismos fueron seleccionados por consenso con las organizaciones de la sociedad civil que participaron, en base en la relevancia en la agenda pública, el presupuesto y la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública recibidas.

En total, a lo largo del año, está previsto que se evalúe a un universo de 26 organismos centralizados y 92 organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, 55 empresas públicas y 66 universidades, además de incluir otros sujetos obligados a demanda. Según informó la Agencia, se comenzará con los organismos descentralizados, empresas y universidades con mayor presupuesto y se continuará de manera descendente.

A partir de la propuesta de las ONGs, se sumaron a la medición a los organismos descentralizados: la obra social de los jubilados PAMI, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

“Desde las organizaciones de la sociedad civil participamos, además de aportar en el diseño de la metodología y las categorías de medición más relevantes, contribuimos a definir qué sujetos obligados debían alcanzarse. El avance de este nuevo Índice es que, además de medir organismo de administración central, incluye a organismos descentralizados que también están en la órbita de lo que deben controlar la Agencia”, explicó Lucarella, de ACIJ.

El que quedó peor en materia de transparencia de la información en el Índice fue la ANSES. En segundo lugar el PAMI, que está en manos de Luna Volnovich.

Mejor posicionados quedaron la AFIP, a cargo de Mercedes Marcó del Pont, y la CNRT, cuyo director ejecutivo es José Ramón Arteaga.

Antes y ahora

¿Mejoraron o empeoraron los ministerios en esta materia con el cambio de gestión?, le preguntó Infobae a la directora de Políticas de Acceso a la Información Pública de la AAIP. “En general, se mantuvo bastante el nivel de información. Subsidios y transferencia estaban mal antes, y están mal ahora. Y con la pandemia, lo que es compras, está todo publicado”, aseguró Pichón Riviere.

“Desde mayo de 2018, cuando se hizo el primer relevamiento, se estandarizó la calidad y cantidad de información. Hay cosas que ya están totalmente estandarizadas en cómo se publican. Ahora, con el Índice estamos detectando posibilidades de mejoras al recibir el feedback, sobre las dificultades que están teniendo en la carga de la información. Desde la Agencia se le hacen reportes a los distintos organismos, y el objetivo es que se vaya viendo la evolución en el cumplimiento de transparencia activa. ”, concluyó.

En ese sentido, Emanuele, de Poder Ciudadano -capítulo argentino de Transparencia Internacional-, advirtió: “La medición lanzada recientemente es la primera que se realiza con esta nueva metodología, por lo cual resultará vital evaluar cómo funciona y proponer cambios en caso que sea necesario”.

La Agencia había hecho un primer relevamiento de las pestañas de Transparencia Activa en las web de los ministerios en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, bajo la gestión de Eduardo Bertoni al frente del organismo. Bertoni – ex relator especial para la Libertad de Expresión en la OEA y actual representante de la Oficina Regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para América del Sur- dejó el cargo el 1ro. de enero pasado después de tres años, y la Agencia está acéfala desde entonces.

Infografías: Marcelo Regalado

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