En 2019, tras la asunción de la nueva gestión a cargo del gobierno nacional, la tragedia de las familias originarias con las muertes de sus niños y niñas, en particular del Pueblo Wichí, rebasó los límites de Salta. 

A los recursos de amparo que tiene la Corte de Justicia provincial en sus manos para contener a estas infancias vulneradas en sus derechos, se sumó un proyecto presentado el lunes por el ex ministro de Desarrollo Social de la Nación y actual diputado nacional Daniel Arroyo, que plantea una reparación histórica.

Según se indicó, el objetivo es garantizar las políticas públicas que permitan disponer una reparación histórica “de las niñas y de los niños habitantes de las Comunidades Indígenas de la República Argentina, protegiendo sus derechos, promoviendo su pleno desarrollo integral y regional, propiciando las condiciones socioculturales, económicas, institucionales, técnicas y materiales para erradicar las situaciones de pobreza extrema y estructural” de estos niños y niñas. 

“Esto surge a iniciativa del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que trabajó en conjunto con el espacio del diputado Daniel Arroyo desde el área de Niñez del Instituto”, contó a Salta/12 el abogado Martín Plaza, quien desde el lunes es el director de Tierras del organismo nacional. A entender de quien fuera el abogado en Salta de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en uno de los recursos de amparo que la Corte salteña debe responder, la realidad de Salta “vino a visualizar la realidad que se vive en otras provincias, como el Chaco”. 

Añadió que de hecho uno de los puntos que terminó por acentuar esta realidad fue la Declaración de Emergencia Sanitaria que fue sancionada por ley en 2020 para los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia. Ayer en el Boletín Oficial de la provincia se prorrogó por tercera vez esta ley, por 180 días. Ello porque “pese a los enormes esfuerzos desplegados por el Gobierno Provincial, aún persiste la crítica situación que motivó el estado de emergencia declarado, por lo cual, resulta impostergable disponer la prórroga de la declaración del estado de emergencia en la zona afectada”, indica el decreto de prórroga.

En caso de que la iniciativa de Arroyo sea acompañada por sus pares en el Congreso de la Nación y se apruebe, la provincia debería adherir a esta norma nacional.

“El derecho a la vida no está garantizado”

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del INAI, Matías Maldonado, entendió que la vulneración de los derechos de las comunidades se puede ver en las distintas ecorregiones del NOA y el NEA “y es algo que reconocemos que no es de los últimos años, pero sí que tiene que ser una realidad a transformar”, dijo en diálogo con este medio.

“Cuando se comparan múltiples derechos de los que son sujetos niños y niñas de este sector, advertimos que estamos incumpliendo porque vemos que en comunidades con serias dificultades para acceder al agua o a la alimentación, el derecho a la vida no está garantizado”, manifestó el funcionario.

Indicó que si bien desde el INAI contaban con un borrador de la iniciativa, tras el diálogo con Arroyo se logró una considerable mejora de la iniciativa finalmente presentada.

Una iniciativa participativa

Maldonado afirmó que si bien la iniciativa ya fue presentada, está abierta a los aportes que puedan surgir.

El proyecto prevé, que para contar con el presupuesto que permita la posterior aplicación de la norma, se creará un fideicomiso cuyos fondos deberán apuntar a resolver tres temas centrales: el acceso al agua, condiciones básicas de infraestructura y de vivienda. Mejoramiento de las condiciones nutricionales sobre todo de las niñas y niños indígenas hasta los 6 años. Y mejoramiento de las infraestructuras y las condiciones de la vida comunitaria.

Del proyecto surge que en el diseño, la implementación y el monitoreo de las políticas públicas de la presente ley, las instancias de participación indígena se harán efectivas en todas las etapas, principalmente mediante la Mesa Nacional del cuerpo de Representantes del Consejo de Participación Indígena (CPI), creado por Resolución INAI N° 152/04 y otras representaciones de distintos grados como organizaciones sociales compuestas por representantes de diversos Pueblos Originarios.

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