Otra niña wichi murió de desnutrición en Salta: aseguran que su mamá casi no habla español y no podía hacerse entender por los médicos

Teniendo en cuenta que el hospital de Mosconi no cuenta con un traductor bilingüe (algo que fue confirmado a este medio por el Ministerio de Salud de esa provincia), todo se volvió muy confuso para la madre. “Norma habla muy poco castellano, ya que pertenece a una comunidad wichi fuerte en su idioma. Nosotros cuando vamos nos hacemos entender porque ya nos conocen y los niños que van a la escuela hablan castellano, ayudándonos en la traducción, al igual que las mamás más jovencitas”, detalla Garay.

Y agrega: “Lo que nos contó la familia fue que la nenita estuvo internada en el hospital, la atendieron y no saben nada más. Están muy mal, muy tristes por la pérdida. El padre nos dijo que nadie les cuenta nada y que la única forma que tienen los otros (en relación a los criollos) de relacionarse con ellos, es mandándoles a la policía, que están cansados de que lleguen para presionarlos, que no los entienden, que nadie se sienta a hablar con ellos”.

Respecto a la situación en la que viven, Garay explica que tienen “dos habitaciones de madera y plástico y, en el medio, arman el fuego”. No cuentan con acceso a agua de red, como muchos otros hogares de la zona. Sobreviven de las changas que hace el padre y Garay no sabe si cobran la AUH por los chicos. “Recién estamos conociendo a la familia, pero les estamos juntando ropa, ya que tienen muchas necesidades. En la mayoría de las comunidades se precisan alimentos y elementos como camas, ya que en general duermen sobre tablas y muchas no cuentan con colchones”, dice Garay.

Para los niños y las niñas de La Quebradita, el desayuno y el almuerzo que reciben en la escuela cercana a la comunidad suelen ser los únicos alimentos fuertes del día. “Nosotros vamos a darles semillas para que hagan una huerta”, cuenta Garay. Y subraya: “Hay mucha desarticulación entre las instituciones que trabajan en la zona. En el caso de Clarisa, claramente algo falló. El Estado no hizo el seguimiento como corresponde y, si bien la mamá se escapó del hospital, nosotros estamos en terreno y podrían habernos preguntando o pedido que la busquemos como hicieron otras veces”, se lamenta Garay.

“Son muertes evitables”

Consultados por LA NACION sobre las medidas que se están implementado para abordar realidades como la de la familia Clarisa, Patricia Leal, directora de Materno e Infancia de la provincia de Salta, respondió: “Desde el Ministerio de Salud se ha planteado una estrategia de trabajo que va a consistir en la asistencia focalizada de niños con factores de riesgo, con supervisión y capacitación en terreno. Con esto pretendemos ir y abordar la población que ya tenemos identificada como de alto riesgo, hacerle seguimiento y de ser necesario ser trasladados al hospital o a centros de mayor complejidad”.

Diego Bustamante, fundador de Pata Pila, subraya que muertes como las de Clarisa “son evitables”. En esa línea, destacaba que si bien en la provincia se declaró la emergencia sociosanitaria hace más de dos años, “a los meses se desencadeno la pandemia y la mayoría de las acciones prometidas quedaron inconclusas”. Además, destaca que “no se reglamentó la Ley de Salud Intercultural y hay muchas comunidades sin agua potable”.

Respecto a la reticencia de las familias de recibir atención médica, destaca: “Los wichi se manejan mucho con la tradición oral y esas comunidades tienen gran desconfianza en acercarse a los hospitales, porque viven situaciones de maltrato y destrato constantes: el ser trasladados sin su consentimiento, sin que se avise a sus familias; el que no se les expliquen los tratamientos que necesitan y no haya un respeto por sus cuerpos, son algunos ejemplos”.

Eso, señala Bustamante, provoca que les da tanto miedo que “huyen despavoridos” de una ambulancia. “Son años y años de discriminación en el modo y la forma en que el hospital y otras instituciones del Estado se acercan a las comunidades. Revertir eso y generar confianza va a llevar tiempo”, subraya.

Un sistema de salud poco intercultural y “expulsivo”

La Ley de Salud Intercultural de la que habla Bustamante jugaría, para los especialistas en el tema, un rol central en evitar las muertes por desnutrición. Francisco Rodríguez Abinal, abogado y coordinador del programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), explica que la norma fue sancionada en 2014 y entró en vigencia a principios de 2015 pero que “no se aplica”. Su objetivo, detalla, es “facilitar el acceso a la salud de las comunidades que viven una vulneración de derechos estructural, con una ausencia fuerte por parte del Estado provincia y nacional y con muchísimas problemáticas de salud asociadas a la deshidratación y desnutrición”.

En ese contexto crítico, subraya que, cuando las comunidades tratan de acceder al sistema de salud, este es “expulsivo”. “Tiene muchos prejuicios y es muy discriminatorio. Desde una perspectiva occidental o poco intercultural, se omiten por completo el consentimiento informado: son muchísimos casos, como el de la familia de Clarisa, donde no les explicaron qué tratamiento reciben y no les da opciones, esto genera tensión. Además, hay muchos problemas asociados al lenguaje y la falta de traductores”.

¿Qué plantea la ley? Rodríguez Abinal detalla que, entre otras cuestiones, incorpora la figura de un “facilitador intercultural” que sea bilingüe y tienda un puente entre el sistema sanitario y las comunidades. Además, reconoce la obligación del Estado de proveer albergues institucionales de tránsito para que los pacientes o sus familias pueden alojarse mientras reciben tratamiento en localidades lejanas a sus comunidades. Por otro lado, articula “un sistema de referencia y contrarerefencia entre hospitales”, para agilizar los traslados entre instituciones.

En diciembre de 2021 ACIJ presentó un amparo que hoy se encuentra en la Corte Suprema de la provincia de Salta y que todavía espera ser resuelto, para que se exija la implementación de la norma. “El Estado, lejos de tener un abordaje de reflexión o de hacerse un cuestionamiento de por qué las comunidades no quieren acercarse al sistema de salud, suele poner la culpabilidad en las familias. Es un ejercicio irreflexivo del poder público”, concluye el abogado.

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