Sin que el Ejecutivo publique los datos, el Congreso comenzó a debatir el Proyecto de Presupuesto para 2022

El Congreso comenzó a discutir el Proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo hace tres meses. Sin embargo, lo hace en un contexto de apuro y falta de información que imposibilita la participación de la ciudadanía. En el mes de septiembre, ACIJ pidió que se informen y hagan públicos esos datos en formatos accesibles y desagregados. En lugar de cumplir con la solicitud, el Ejecutivo respondió negando el acceso a los datos solicitados sin justificación alguna. Sin previsibilidad sobre los recursos con que va a contar el Estado el año próximo no es posible monitorear el cumplimiento de los derechos ni reclamar en caso de que las partidas no los garanticen.

El presupuesto del Estado es la mejor manera de conocer las prioridades y compromisos reales de los gobiernos. Cómo, cuándo y cuántos recursos se gastan en cada una de las actividades determina que se alcancen (o no) los objetivos y metas de las distintas políticas públicas, incluídas aquellas determinantes para la garantía de los derechos humanos. 

Es usual que se identifiquen tres funciones clave de los presupuestos públicos: 1. Distribuir recursos para la provisión de bienes y servicios; 2. Redistribuir el ingreso y la riqueza; y 3. Estabilizar la economía. Un financiamiento adecuado para proveer bienes y servicios es fundamental para la garantía de todos los derechos. Sin presupuesto no es posible sostener tribunales y dispositivos que aseguren el acceso a la justicia, mejorar la infraestructura de servicios públicos, atender la crisis ambiental, garantizar pensiones y jubilaciones adecuadas, o combatir la violencia machista, entre otras necesidades para vivir dignamente. 

Además, la redistribución que puede lograrse mediante el presupuesto es fundamental para reducir la desigualdad económica, que genera un acceso dispar a los derechos más básicos y perpetúa la pobreza y la exclusión social. Incluso la función de estabilización de la economía es clave para la garantía de derechos, en tanto los grupos más desaventajados (como las mujeres, las personas LGTBIQ+, las niñas, los niños y adolescentes, las personas con discapacidad, migrantes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes y campesinas,) son quienes sufren de manera desproporcionada los impactos del desempleo, la pobreza y la inflación, entre otras variables económicas.

El presupuesto pasa por distintas etapas, antes, durante y después de lo que se suele denominar “ejercicio fiscal”. Este término alude al período de 12 meses en los que se ejecuta un determinado presupuesto. Así, el presupuesto del año 2021 se elaboró, discutió y sancionó en 2020, está siendo ejecutado en 2021 y será evaluado en 2022. Las distintas fases de un ciclo presupuestario completo pueden resumirse del siguiente modo: 1.formulación, 2.discusión y aprobación, 3. ejecución y 4. control y rendición de cuentas. 

El 15 de septiembre el Poder Ejecutivo envió al Congreso el Proyecto de Presupuesto. Al día siguiente, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia pidió que se informen y hagan públicos esos datos en formatos accesibles y desagregados. A casi tres meses de su presentación, sigue sin publicarse en la página del Ministerio de Economía. En lugar de cumplir con la solicitud, el Ejecutivo respondió negando el acceso a los datos solicitados sin justificación alguna y sin acreditar ninguna de las excepciones legales permitidas para denegarla. Frente a esta respuesta, se solicitó la intervención de la Agencia de Acceso a la Información Pública Nacional para que ordene al Ministerio publicar el Proyecto de Presupuesto para 2022 y los próximos años.

En este contexto, considerando que el Presupuesto debe aprobarse antes del 31 de diciembre, no queda espacio para discutir en profundidad la asignación propuesta por el Poder Ejecutivo y asegurar el financiamiento de políticas indispensables para la garantía de derechos que sufren recortes para 2022, tales como:

• la Moratoria Previsional, destinada a financiar pensiones y jubilaciones de la Ley N° 25.994 de Jubilación Anticipada y al Régimen de Regularización Voluntaria de la Deuda, sufre una caída del 6%;
• las Acciones vinculadas con el Programa Acompañar, que busca fortalecer la independencia económica de mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género, se reducen un 74%;
• las Acciones de Fortalecimiento de la Línea 144, que brindan asesoramiento en situaciones de violencia de género, caen un 54%;
• las Políticas Alimentarias como el Complemento Alimentario y el apoyo a Comedores Comunitarios y Merenderos se reducen un 56%, mientras que la Tarjeta Alimentar cae un 13,3%;
• la partida de Promoción y Gestión del Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible cae un 18,9%;
• la política de Integración Socio Urbana de Barrios Populares sufre una reducción del 28,6%,
• las Acciones de Integración de las Personas con Discapacidad a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad se reducen un 15,3%,

En la séptima edición de la “Semana Presupuesto y Derechos” analizamos las proyecciones de estas y otras políticas públicas e identificamos reducciones importantes con relación a la asignación del año en curso. En muchos casos esas reducciones se profundizaron porque hubo aumentos en los presupuestos vigentes entre septiembre y diciembre de este año. Accedé a los análisis acá y consultá el Monitor Presupuestario para revisar las variaciones.

Una planificación adecuada de las políticas públicas y de su costo no sólo permite al Estado ser más eficiente en el uso de los recursos, sino que es indispensable para revertir vulneraciones de derechos. Sin previsibilidad sobre los recursos con que va a contar el Estado el año próximo no es posible monitorear el cumplimiento de los derechos ni reclamar en caso de que las partidas no los garanticen. Esta situación también dificulta las posibilidades del gobierno para mejorar la gestión de las políticas públicas, evaluar sus impactos y decidir en base a evidencias sobre la suficiencia y la pertinencia de éstas. 

Concibiendo al presupuesto como la principal herramienta de gestión estatal y de garantía de derechos en condiciones de igualdad, es fundamental que su debate se dé en un marco de mayor profundidad, transparencia y participación.