ACIJ manifiesta la necesidad de realizar el juicio oral en el caso "Ticket Canasta" por tratarse de un delito de corrupción de gran trascendencia para la sociedad que iba destinado a vulnerar los derechos humanos de los trabajadores del país.

La resolución del Tribunal se concretó a pesar de la oposición del Fiscal, Fernando Arrigo, quien presentó un recuso de casación que en este momento está siendo analizado por el máxima instancia penal dholae la Nación.

La causa involucra a dos empresarios relacionados con la firma de tickets Accor, que en noviembre de 2007 ofrecieron una suma millonaria de dinero al hijo del diputado Héctor Recalde, quien presidía la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados, con el objetivo de frenar una ley laboral redactada por el propio Recalde, para que los vales alimentarios pasaran a formar parte del salario de los trabajadores.

El interés público y los bienes jurídicos vulnerados en esta causa, requieren la realización del juicio oral como un modo de conocer la Verdad y fortalecer la confianza de la sociedad en el funcionamiento de las instituciones democráticas. Por tanto la suspensión del juicio, impide la posibilidad de procesar a supuestos ejecutores de un acto de corrupción que iba destinado a vulnerar los derechos humanos de millones de ciudadanos trabajadores del país.

El dictado de la "probation" de 390 horas de trabajo comunitario adoptada por el Tribunal, evidencia una clara desproporción existente entre los bienes jurídicos afectados y la resolución tomada, pues la gravedad del delito se acentúa en cuanto va en directo desmedro de la confianza pública de la sociedad en sus instituciones democráticas, al referirse al supuesto ofrecimiento de dinero a un representante de la Nación con el fin de manipular un proyecto de ley en claro perjuicio de los intereses de los trabajadores.

Es necesario recordar que la confianza pública es una de las bases de nuestro sistema democrático, y otorga legitimidad a la actividad de sus instituciones.

Mientras se insista en negar que la corrupción -y la impunidad que beneficia a sus autores- ha causado y sigue causando la violación grave de derechos económicos, sociales y culturales de los sectores más pobres de la sociedad, nunca se va a reconocer que las víctimas de estos hechos tienen el derecho inalienable de conocer la Verdad acerca de los acontecimientos investigados.